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Fortaleciendo la gobernabilidad y transformando la conflictividad
desde la gobernanza y la justicia ambiental
Bolivia avanza hacia un nuevo ciclo político marcado por el agotamiento del modelo económico basado en el gas y la necesidad de una transición hacia energías limpias. Este proceso requiere redefinir los mecanismos y fuentes de financiamiento del desarrollo, en un contexto donde el sistema actual, sustentado en el subsidio a los combustibles, muestra señales de agotamiento. A esto se suma una economía aún dependiente de la exportación de materias primas, con una capacidad industrial limitada y un espacio fiscal en reducción, lo que impacta directamente en el bienestar social.
La fragmentación social y política ha debilitado la institucionalidad democrática, dificultando la implementación de políticas de Estado, especialmente en sectores estratégicos como el litio y la minería aurífera, donde los conflictos socioambientales son recurrentes.
Innovación en gobernanza y justicia ambiental
Para enfrentar estos desafíos, el PNUD en Bolivia ha desarrollado plataformas de gobernanza con un enfoque preventivo y anticipatorio, basadas en big data, metodologías de transformación de conflictos y construcción de paz. Estas plataformas buscan generar acuerdos sustentados en evidencia y distribuir responsabilidades entre los distintos actores.
El proyecto "Gobernanza Efectiva para el Nuevo Ciclo Político en Bolivia", impulsado por el PNUD, se enfoca en fortalecer capacidades para la prevención y gestión de conflictos, promoviendo la justicia ambiental y la participación efectiva de comunidades indígenas.
💡 ¿Cómo funciona?
El enfoque de trabajo integra herramientas analíticas y procesos participativos que permiten:
- Identificar riesgos, vulnerabilidades y conflictos socioambientales mediante herramientas analíticas.
- Integrar estos datos en sistemas especializados, como:
- SIMAT (Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Transformación de Conflictos).
- Sistema Paisaje Litio, que identifica variables críticas para la intervención.
- Fomentar el diálogo participativo orientado a la gestión de la conflictividad (latente o manifiesta), con el propósito de definir acuerdos de gobernanza basados en evidencia y justicia ambiental.
Justicia ambiental: un enfoque clave
El enfoque de justicia ambiental busca garantizar la participación inclusiva, permitiendo que todas las comunidades, especialmente las más vulnerables, formen parte de la toma de decisiones ambientales y de la transformación de conflictos. Además, facilita:
- Prevención de conflictos ambientales, a través de medidas proactivas que eviten su escalamiento.
- Gestión constructiva de disputas socioambientales, promoviendo el diálogo y la negociación.
- Incorporación de derechos humanos y de la naturaleza en todas las políticas y acciones ambientales, económicas y sociales.
Este enfoque no solo protege el medio ambiente, sino que también asegura que las comunidades afectadas tengan voz y participación en la gestión de los recursos naturales.
Formación de monitores ambientales
En este marco, y en alianza con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, se implementó un proceso de formación de Monitores Ambientales. Esta iniciativa permite operacionalizar los enfoques de justicia ambiental y gobernanza anticipatoria y preventiva trabajados por ambas instituciones.
El objetivo de esta formación es fortalecer capacidades a nivel local para:
- Identificar amenazas al medio ambiente.
- Garantizar la participación efectiva en decisiones que puedan afectar el acceso a recursos estratégicos como el agua.
- Emitir alertas a las instancias institucionales responsables de velar por el ejercicio efectivo de derechos.
Para ello, se desarrollaron tres guías especializadas que facilitan la implementación de estos enfoques en el territorio:
Este modelo decisional, innovador y transformador, constituye la primera experiencia de este tipo en Bolivia y tiene el potencial de convertirse en una referencia regional para la gestión sostenible de los recursos naturales.
