Desde sus orígenes los pueblos amazónicos han buscado preservar el territorio con estrategias de organización. Aunque inicialmente esto se realizaba con la finalidad de asegurar los recursos, los desafíos ambientales, el ingreso de la actividad petrolera y los conflictos socioambientales han generado que esta práctica ancestral se adapte en lo que hoy llaman la Vigilancia Territorial Indígena. En el marco de este programa de vigilancia territorial diversas federaciones indígenas se articulan y actúan para cuidar la salud ambiental y humana de los espacios que habitan.

El Congreso de la República, a través de su Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología llevó a cabo, el Foro Virtual “Hacia una Ley Marco de Monitoreo y Vigilancia Ambiental”, junto a organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil. Este espacio buscó visibilizar la importancia del monitoreo y vigilancia ambiental, así como  la necesidad de un marco normativo que -según la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez- “es importante porque trae ventajas ya que incorpora a la sociedad civil, constituida en organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental, como parte del sistema de gestión ambiental en nuestro país”.

La Plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio (PUINAMUDT)[1] y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) participaron del evento compartiendo  los resultados del estudio realizado de manera conjunta sobre la situación actual y el rol en la gobernanza ambiental del Programa de Vigilancia Territorial Indígena (PVTI). El estudio identifica los aportes que ha tenido el PVTI para el diálogo con el Estado sobre los impactos de la actividad petrolera: desde el 2007 el PVTI ha registrado más de 1209 denuncias de impactos producidos en los territorios. Asimismo, ha logrado que el Estado peruano implemente acciones para atender estas afectaciones como declaratorias de emergencia, estudios toxicológicos y la elaboración del Estudio Técnico Independiente del ex Lote 1AB y del Lote 8 a cargo del PNUD.

Doris Huando, especialista de Gobernabilidad Democrática del PNUD, señaló que el Informe de Desarrollo Humano 2020 identifica a las poblaciones indígenas como uno de los grupos más afectados por la crisis climática; y pese a tener un rol central en la protección de bosques y en la reducción de las emisiones de carbono, no son considerados en la toma de decisiones. Para aportar en ese sentido, el PNUD viene desarrollando una línea de trabajo sobre Monitoreo Ambiental Participativo, en el marco del Programa de Gobernanza Ambiental (EGP), una iniciativa conjunta con la Agencia Sueca de Protección Ambiental para integrar el medio ambiente y los derechos humanos en la gobernanza ambiental y territorial. En Perú esta iniciativa se enfoca desde el 2020 en el trabajo con los Programas de Vigilancia Territorial Indígena (PVTI) y el Comité de Monitoreo, Vigilancia y Fiscalización Ambiental de Huarmey en Ancash, a fin de fomentar un intercambio de buenas prácticas en estos dos contextos de actividad de hidrocarburos y minería.

Por su parte Nina Swen, antropóloga y acompañante técnica de los PVTI de PUINAMUDT presentó los resultados del estudio y las recomendaciones para el Estado, como la necesidad de la aprobación de una ley que defina los usos y prácticas del monitoreo para articularlos al interior de la institucionalidad ambiental. Asimismo, indicó que se debe poner en valor los conocimientos de las y los monitores y vigilantes ambientales, a fin de que sean considerados en la toma de decisiones que afectarán directamente a sus territorios. Swen indicó que los impactos de la contaminación en las comunidades deben ser abordados de forma integral a fin de entender las reales dimensiones de esta problemática en variables como la salud, la educación, la economía y el género.

Finalmente, Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos, comentó que a la fecha las labores de monitoreo se realizan sin un marco legal específico. “Esta iniciativa busca institucionalizar y formalizar esta figura de monitoreo ciudadano que ya existe en nuestro país, y que ayude al Estado y le exija que pueda hacer su trabajo”, subrayó.

Elmer Huaymacari, monitor ambiental de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), enfatizó la importancia del territorio para los pueblos indígenas y el Perú: “nuestro territorio es como nuestra madre porque de ahí sacamos nuestros alimentos, nuestra medicina nuestra agua. La Amazonía no solo es de nosotros, sino de todo el país, y por eso tenemos que darle una protección adecuada”.

Descarga la versión resumida del Estudio sobre la situación actual y rol en la gobernanza ambiental del Programa de Vigilancia Territorial Indígena (PVTI) aquí

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1-  Federación Indígena Quechua del Pastaza, FEDIQUEP; Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes, FECONACOR; Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú Ecuador, OPIKAFPE; Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca,  ACODECOSPAT.