LocationsEntrevista con Doris Huando y Daniel Sánchez
Escuchar para transformar
16 de Abril de 2026
Entrevista por Rossella Díaz
En el Perú, la diversidad de voces, territorios y realidades representa una riqueza, pero también plantea el desafío de construir espacios donde estas diferencias puedan encontrarse desde la escucha y el respeto. En ese camino, el diálogo se posiciona como una herramienta clave para prevenir tensiones, canalizar demandas y fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Al cierre de enero de 2026, la Defensoría del Pueblo reportó 193 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales 98 se encuentran en fase de diálogo y 20 en escalamiento, lo que evidencia la importancia de seguir fortaleciendo espacios legítimos de escucha y participación. Frente a esta necesidad, surge Rimanakuy: nos estamos escuchando, una iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Oficina de la Coordinadora Residente de la ONU en Perú, con el financiamiento del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés), en alianza con autoridades regionales de los territorios donde se implementó.
En este contexto, conversamos con Daniel Sánchez, coordinador del proyecto, y Doris Huando, especialista del proyecto, quienes comparten su mirada y recorrido sobre una experiencia que ha buscado posicionar el diálogo como una herramienta fundamental para fortalecer la gobernabilidad democrática desde los territorios, promoviendo la escucha, la participación y la construcción de acuerdos.
¿Por qué era necesario apostar por el fortalecimiento y espacios de diálogo como herramienta para mejorar la gestión de conflictos?
Doris Huando (D.H.):
En contextos de alta conflictividad, el problema no es solo la existencia de los conflictos, sino también la ausencia de canales legítimos y efectivos para procesarlos y gestionarlos. En ese sentido, para Rimanakuy el diálogo fue el elemento clave, porque permitió pasar de una lógica de confrontación a una lógica de prevención y transformación de las tensiones en los territorios.
Sabemos que los niveles de desconfianza en el país son muy altos. Por eso, el diálogo no solo facilita acuerdos, sino que ayuda a reconstruir las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Más que una herramienta, es una condición fundamental para la gobernabilidad democrática. Sin diálogo, los conflictos escalan; con diálogo, se transforman.
Daniel Sánchez (D.S.):
Las respuestas centradas únicamente en el control o el uso de la fuerza tienden a agravar las tensiones en lugar de resolverlas. Frente a ello, el fortalecimiento del diálogo se vuelve una herramienta clave para anticipar conflictos, reducir la escalada de violencia y reconstruir la confianza entre los distintos actores involucrados.
El diálogo permite recoger de manera directa las demandas, propuestas y realidades de la ciudadanía, lo que facilita la construcción de soluciones más sostenibles y legítimas. No se trata solo de gestionar conflictos en el corto plazo, sino de transformarlos abordando sus causas de fondo y generando condiciones para una convivencia más estable.
¿¿Qué factores influyeron en la elección de los territorios priorizados para la implementación del proyecto?
D.S.: La selección de los territorios respondió a una combinación de factores estructurales. Se priorizaron regiones con altos niveles históricos de conflictividad, muchas veces vinculados a actividades extractivas o disputas territoriales, así como contextos donde existía una débil capacidad institucional para gestionar estos conflictos de manera adecuada.
Además, se consideró la presencia de múltiples actores, como comunidades, sociedad civil y autoridades, y la complejidad de sus interacciones.
Un elemento decisivo fue la disposición de autoridades y organizaciones locales para involucrarse en procesos de mejora, ya que sin voluntad política y social es difícil lograr cambios sostenibles en el tiempo.
D.H.: Identificamos una conflictividad marcada por la presencia de economías ilegales como la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas, especialmente en la Amazonía. Estas dinámicas no solo incrementan los conflictos, sino que debilitan aún más la relación entre el Estado y la ciudadanía. Otro factor clave fue la necesidad de fortalecer la presencia del Estado, tanto en diálogo como en articulación con la sociedad civil. Asimismo, encontramos actores locales dispuestos a participar y construir soluciones, lo cual es fundamental para lograr resultados sostenibles. En ese sentido, Rimanakuy fue donde el diálogo era más necesario, pero también donde era posible.
¿Por qué es clave la participación de mujeres en estos espacios de toma de decisiones y conversación?
D.H.: La participación de las mujeres es clave porque viven la conflictividad de manera diferenciada, especialmente en regiones como Loreto, Ayacucho, Apurímac y Puno. Muchas veces enfrentan impactos que no son visibilizados ni tomados en cuenta.
Incorporarlas en los espacios de diálogo no solo responde a un derecho, sino también a un principio de equidad que mejora la calidad de las decisiones. En muchos territorios, las mujeres cumplen un rol fundamental como articuladoras comunitarias y constructoras de paz.
Sin embargo, enfrentan múltiples barreras. Primero, deben convencerse a sí mismas de que tienen derecho a participar. Luego, convencer a su entorno, pareja, familia, comunidad, y finalmente demostrar su capacidad en espacios mayoritariamente masculinos.
A esto se suman limitaciones estructurales, como la falta de intérpretes para expresarse en su lengua, las brechas educativas y la falta de adaptación de los espacios de diálogo. Todo esto termina excluyéndolas. Por ello, desde Rimanakuy consideramos que no hay diálogo sostenible sin la voz de las mujeres.
D.S.: Las mujeres, históricamente, han sido excluidas de los espacios de diálogo y toma de decisiones, lo que refleja desigualdades estructurales profundas. Promover su inclusión no solo corrige estas brechas, sino que amplía la representatividad de los procesos.
Además, las mujeres aportan perspectivas, experiencias y formas de liderazgo que enriquecen el diálogo. Su participación contribuye a construir soluciones más inclusivas, legítimas y sostenibles, mejorando de manera significativa la calidad de las decisiones que se toman en contextos de conflicto.
¿Por qué es clave construir alianzas entre diferentes niveles del Estado, como gobiernos regionales, la PCM y la Defensoría del Pueblo, para abordar los conflictos sociales de manera efectiva?
D.S.: Los conflictos sociales son fenómenos complejos y multidimensionales que no pueden ser abordados por una sola institución.
Esta articulación no solo mejora la coherencia de las respuestas, sino que también envía una señal clara de presencia y compromiso del Estado frente a la ciudadanía. Asimismo, incorporar una mirada territorial permite adaptar las soluciones a las particularidades de cada contexto, aumentando su efectividad y legitimidad.
D.H.: Los conflictos sociales tienen una expresión territorial, pero sus causas y soluciones involucran distintos niveles del Estado: nacional, regional y local. Por eso, la articulación entre entidades como la PCM, los gobiernos regionales y la Defensoría del Pueblo es fundamental.
Sin esta coordinación, las respuestas tienden a ser fragmentadas, dispersas y reactivas, enfocadas sólo en atender el momento y no las causas estructurales. En cambio, cuando el Estado actúa de manera articulada, puede anticipar riesgos, responder de forma más coherente y generar mayor confianza en la ciudadanía.
La conflictividad no se gestiona desde una sola institución, sino desde un Estado que actúa como uno solo.
¿Qué ha sido lo más valioso de Rimanakuy en la forma de apoyar la institucionalidad y el diálogo en estos territorios?
D.S.: Uno de los principales aportes de Rimanakuy ha sido instalar prácticas concretas de diálogo en territorios donde predomina la desconfianza y la fragmentación. Esto ha contribuido a cambiar la manera en que se abordan los conflictos, posicionando el diálogo como una herramienta real y no sólo conceptual.
Además, el proyecto ha dejado capacidades instaladas en el Estado, como la creación o fortalecimiento de oficinas de prevención y gestión de conflictos en varias regiones y la capacitación de más de 10,000 funcionarios públicos. A esto se suma el trabajo con periodistas y el impulso a la participación de mujeres, lo que fortalece el ecosistema de gestión de conflictos de manera integral.
D.H.: Se fortalecieron capacidades en el Estado y en la sociedad civil para gestionar la conflictividad.
Se amplió lo que llamamos el “ecosistema de diálogo”, incorporando actores poco visibilizados, especialmente mujeres. Esto permitió diversificar las voces en la toma de decisiones y dar mayor legitimidad y sostenibilidad a los acuerdos. Además, se dejaron capacidades y mecanismos instalados, como el impulso de políticas públicas, el fortalecimiento de plataformas digitales, la incorporación de un curso sobre gestión de conflictos en la Escuela Nacional de Administración Pública y la formación de más de 300 lideresas en mediación y prevención de conflictos.
También se fortaleció el rol de periodistas, promoviendo una cobertura con enfoque de diálogo y derechos humanos.
¿Qué nos deja Rimanakuy como país sobre la importancia de escucharnos?
D.H.: Rimanakuy deja una gran lección: escuchar y escucharnos no es una señal de debilidad, sino una condición para gobernar mejor. En un país diverso, el diálogo permite transformar la desconfianza en oportunidades de acuerdo.
También nos recuerda que la construcción de paz no ocurre solo desde el nivel central, sino desde los territorios. Y deja un desafío claro: institucionalizar el diálogo como parte de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Un país que se escucha es un país que puede construir su presente y su futuro.
D.S.: Escuchar no es un acto pasivo, sino una acción política fundamental para el funcionamiento de la democracia. Implica voluntad, confianza y una práctica constante que debe incorporarse en la vida cotidiana y en la gestión pública.
En un país diverso como el Perú, escucharnos es una condición indispensable para convivir en paz. Más que un gesto excepcional, debe convertirse en una práctica sostenida que permita reconocer nuestras diferencias y construir soluciones colectivas frente a los conflictos.
D.H.: Este proyecto ha demostrado que sí es posible impactar en la vida de las personas. Recuerdo a muchas mujeres de distintas regiones, con una fuerza y una capacidad impresionantes. A pesar de las brechas que enfrentan, sus saberes territoriales y ancestrales son su mayor fortaleza.
Para nosotros, ese es uno de los mayores logros: haber contribuido a fortalecer sus capacidades y ver cómo continúan participando, liderando y construyendo paz en sus territorios.
D.S.: Iniciativas como Rimanakuy, aunque no siempre tienen gran visibilidad, son fundamentales para fortalecer capacidades y transformar la manera en que el Estado y la sociedad enfrentan los conflictos.
Darle valor a estos procesos permite que más actores reconozcan su importancia y se sumen a la construcción de una cultura de diálogo en el país.
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Rimanakuy demuestra que el diálogo no es solo un principio, sino una herramienta concreta para transformar la gestión de conflictos en el país. En un contexto donde más de 200 conflictos sociales se registran en promedio, fortalecer espacios de escucha se vuelve una necesidad urgente para reconstruir confianza entre el Estado y la ciudadanía. A través del fortalecimiento de capacidades, la articulación entre distintos niveles del Estado y la inclusión de actores históricamente excluidos como las mujeres, el proyecto ha contribuido a generar respuestas más legítimas, sostenibles y cercanas a los territorios.
En un país diverso y marcado por la desconfianza institucional, la principal lección es clara: escucharnos, coordinar y apostar por el diálogo no es opcional, sino indispensable para fortalecer la democracia y construir una convivencia más justa, pacífica y sostenible.
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