En respuesta al contexto de conflictividad social, vinculada principalmente al uso de los recursos naturales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y con el soporte financiero del Gobierno de Canadá–, implementó desde 2012 el proyecto “Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”.

El objetivo que ha guiado al proyecto es contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática mediante la institucionalización del diálogo y la construcción de consensos entre las instituciones y actores involucrados en situaciones de conflicto. Hoy, seis años después, dicho proyecto ha cumplido su misión con avances, logros y reflexiones que contribuyen a continuar impulsando el diálogo como la principal herramienta para la prevención de conflictos socioambientales.

“El proyecto inició en un escenario clave para el país, en el que fue necesario sumar esfuerzos para construir una arquitectura institucional para el diálogo y la prevención de conflictos”, señaló María del Carmen Sacasa, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en el Perú, durante el evento de cierre del proyecto que reunió a contrapartes del Gobierno Nacional gobiernos regionales y organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Gwyneth Kutz, Embajadora de Canadá en Perú y Bolivia, destacó que “el proyecto ha contribuido a una mayor institucionalización del diálogo, ha entregado herramientas de monitoreo ambiental, ha facilitado procesos de diálogo, y ha formado a más de 3500 servidores públicos, integrantes de la sociedad civil y líderes indígenas en los diplomados de prevención y gestión de conflictos”.

En el panel de comentarios estuvieron la Viceministra de Interculturalidad, Elena Burga; el Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; y, el Viceministro de Minas, Miguel Incháustegui; quienes destacaron el rol articulador del PNUD para los distintos procesos emprendidos en el marco del proyecto, tanto en el nivel nacional como regional y con la sociedad civil.

Retos al futuro

Durante el evento se señalaron como principales retos: la creación de un sistema nacional de prevención y gestión de conflictos que articule el trabajo del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y que defina lineamientos que permitan una actuación orquestada de las instituciones. Esto también está vinculado con la importancia de adquirir capacidad para cumplir los acuerdos asumidos en los distintos procesos de diálogos.

Además, la importancia de visibilizar el rol de la mujer en los distintos de proceso de diálogo y prevención de conflictos, lo que permitiría poner en valor su perspectiva respecto a la necesidad de mantener sociedades pacíficas y canalizar las demandas y propuestas, considerando los distintos roles que desempeñan en sus comunidades.

ANEXO

Principales avances y logros del proyecto

Entre los más destacados, está el fortalecimiento de las mesas de diálogo y desarrollo como mecanismos institucionales de prevención y gestión de conflictos. Uno de los casos más relevantes fue el apoyo a la “Mesa de Desarrollo de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón en el departamento de Loreto” que finalizó con la firma del “Acta de Lima” con 19 acuerdos consensuados por las partes.

En este proceso, además, se le solicitó al PNUD ser el encargado de la elaboración del Estudio Técnico Independiente (ETI) que recomiende estrategias para remediar las áreas afectadas por la actividad petrolera en el ex Lote 1AB, el cual fue culminado y entregado exitosamente en julio de 2018. Este hecho sienta un precedente sobre la importancia del cumplimiento de los acuerdos para continuar legitimando el diálogo y construyendo confianza.

Otro de los logros destacados, es la creación del Grupo de Trabajo sobre Políticas Indígenas (GTPI), a través de la Resolución Ministerial N° 403-2014-MC, en la medida que es un espacio de encuentro entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, donde se prioriza el diálogo antes que el conflicto y se coordina, propone y da seguimiento a las políticas públicas que involucran a los pueblos indígenas o requieren un enfoque intercultural. El GTPI continúa sesionando hasta la actualidad.

En relación a la descentralización del diálogo, el proyecto impulsó el trabajo de una plataforma conformada por al  ONDS – ANGR – PNUD[1], cuya labor fue fortalecer capacidades de diálogo y prevención de conflictos de los gobiernos regionales y locales, a través de talleres metodológicos, intercambios de experiencias, asistencia técnica para la creación de oficinas especializadas, entre otros.

Asimismo, a lo largo de los seis años, se han generado una serie de herramientas metodológicas en coordinación con instituciones del Estado con el objetivo de capacitar a sus servidores. Las principales temáticas fueron: identificación de pueblos indígenas y facilitación de proceso de Consulta Previa; prevención y gestión de conflictos hídricos; fortalecimiento de la institucionalidad regional y local para el diálogo; la fiscalización ambiental y la prevención de conflictos; entre otros.

El trabajo con las distintas organizaciones de la sociedad civil se refleja, por ejemplo, en la creación y sostenibilidad de la “Red de universidades para la prevención de conflictos socioambientales” cuya principal contribución es una publicación conjunta sobre el rol de la academia en los procesos de diálogo; así también la “Red colaborativa de diálogo y construcción de paz” conformada por ONG que anualmente realizan encuentros internacionales para reflexionar en torno a la mediación y al diálogo; por último, el grupo de empresas extractivas que lograron construir conjuntamente la “Visión de la minería en el Perú 2030”.

[1] Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) – Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).