En el Perú, los desafíos sociales que enfrentan las regiones también representan una oportunidad para fortalecer la seguridad y promover un desarrollo sostenible e inclusivo. Según la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM), actualmente se identifican en el país cerca de 120 casos de conflictos sociales, que ocurren principalmente fuera de la capital. Seis regiones requieren una atención prioritaria por su alto nivel de riesgo1. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad y el potencial de adoptar políticas públicas que fortalezcan el diálogo, promuevan la participación ciudadana y gestionen los conflictos de manera preventiva, oportuna y descentralizada, convirtiéndolos en motores de transformación democrática y cohesión social. 

Entrevistamos a David Montoya, subsecretario de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM), y a Giselle Huamaní, especialista en Prevención de Conflictos en el PNUD, sobre la implementación de Consulta Ciudadana, un espacio que tiene la misión de construir participativamente la primera Política Nacional Multisectorial de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en el Perú. 

¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades del Perú en la prevención y gestión de conflictos?   

Giselle Huamaní (G.H.): En las últimas décadas, la conflictividad en el Perú ha atravesado periodos particularmente intensos, marcados por dinámicas de alta complejidad, polarización y persistencia. Estos episodios han tenido elevados costos humanos, sociales, políticos y económicos. Como respuesta, el Estado ha ido fortaleciendo progresivamente sus capacidades institucionales para una gestión más constructiva, pacífica y orientada al diálogo. Ello responde a una premisa fundamental: la gestión pública implica también la gestión de conflictos, especialmente en contextos de alta diversidad social y demandas territoriales. 

Un primer desafío está en consolidar nuestra institucionalidad para la gestión de conflictos como un sistema público coherente, integrado entre sectores y niveles del Estado, y adecuado a las necesidades de los territorios, a las formas de participación política de la ciudadanía y a los nuevos usos de la tecnología de la comunicación. Para ello, los equipos y gestores de la conflictividad social en las esferas pública y privada requieren profesionalizar su labor en base a investigación de casos, evaluación de mejores prácticas, y priorización de la prevención -sobre la reacción-.  

Un segundo desafío está en hacer extensivo el enfoque de prevención de conflictos y promoción de una cultura de paz que impregnen respeto, empatía, y solidaridad a cada sector de nuestra sociedad. Es urgente incorporar los valores del diálogo democrático en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la familia, las escuelas, las instituciones de formación técnica y académica, los gremios, así como en los espacios públicos y privados responsables de la toma de decisiones. Solo así será posible construir una cultura de convivencia, respeto y participación que fortalezca la cohesión social  

Un tercer desafío está en que la gestión de los conflictos vaya más allá de encontrar las mejores soluciones solo a los problemas concretos, sino que - sobre todo- se debe poner el foco a las problemáticas de fondo, las cuales requieren soluciones a nivel de políticas públicas. Para ello, Estado y sociedad tienen el gran reto de aprender a construir nuevas relaciones democráticas de confianza y colaboración.  

¿Por qué es importante la Política Pública nacional de prevención y gestión de conflictos sociales? 

David Montoya (D.M.): Es la primera vez que en el Perú se formula una política de estas características. No tenemos en el Estado un instrumento que permita articular y mejorar las relaciones interinstitucionales a nivel ejecutivo e intergubernamentales con los gobiernos regionales. Esta política permitirá brindar respuestas rápidas para prevenir las situaciones críticas de los conflictos sociales y con ello una gestión pública más eficiente y eficaz. 

Buscaremos institucionalizar el diálogo, la prevención de conflictos y la gestión de la conflictividad, pero también innovar en la implementación de las políticas de diálogo que despliegan el poder ejecutivo y el Estado en su conjunto. 

¿En qué consiste la Consulta Ciudadana? ¿Qué logros se esperan de estos espacios? 

D.M.: Desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hemos iniciado un proceso participativo orientado a la construcción de la propuesta de la Política de Prevención de Conflictos. Este proceso busca recoger de manera amplia y representativa las opiniones, sugerencias y aportes de diversos actores, con el objetivo de asegurar que la política refleje las particularidades territoriales y las dinámicas específicas de la conflictividad social. Asimismo, se sentarán las bases para integrar y sistematizar la información relacionada con los conflictos sociales, facilitando así una toma de decisiones más oportuna, informada y eficaz por parte del Estado. 

Más allá de tratarse de un requisito formal, este proceso representa una oportunidad fundamental para recoger las percepciones y experiencias de los territorios frente a la conflictividad social. A la fecha, se han llevado a cabo ocho espacios de Consulta Ciudadana en las regiones de San Martín, Puno, Loreto, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima y La Libertad, muchas de ellas con presencia de conflictos catalogados con nivel de riesgo crítico. Estas consultas permiten identificar de manera directa los desafíos, necesidades y propuestas locales, aportando insumos esenciales para una política pública pertinente, territorializada y sostenible. 

¿Cómo vienen colaborando Estado y PNUD para mejorar la prevención y gestión de los conflictos en el Perú? 

G.H.: Desde el 2006 y con más énfasis en los últimos dos años, el PNUD Perú ha tenido un papel significativo en la construcción de la paz con iniciativas claves que promueven mejores condiciones de relacionamiento pacífico, así como para fortalecer la gobernanza democrática y la participación ciudadana. 

En el fortalecimiento de la gobernanza, con iniciativas como Tejiendo Ciudadanía y Rimanakuy se han promovido el diálogo y la participación ciudadana en diversas regiones del Perú, identificando problemáticas, contribuyendo en la resolución de los conflictos locales, transparentando y fortaleciendo los procesos de gobernanza democrática. En esa línea, además de Consulta Ciudadana se está apoyando en el fortalecimiento de la institucionalidad en la prevención de conflictos con el primer curso MOOC de SERVIR en prevención y gestión de conflictos sociales para funcionarios públicos; con el desarrollo de una guía para el fortalecimiento de la participación significativa de las mujeres en los procesos de diálogo; con el acompañamiento técnico a las oficinas de diálogo y prevención de conflictos en los gobiernos regionales, entre otros. 

En el trabajo con sociedad civil, destacamos el trabajo con organizaciones de mujeres constructoras de paz en Puno, Ayacucho, Apurímac y Loreto, más de 300 mujeres han desarrollado iniciativas a nivel local para promover su participación en la prevención y transformación de conflictos. Además, desde el enfoque de prevención, destacan los comités de monitoreo ambiental, como espacios de participación ciudadana que contribuyen a la vigilancia ambiental en áreas de actividad minera y petrolera. 

En la Prevención de Conflictos Electorales, y en colaboración con la Unión Europea, el PNUD ha fortalecido las capacidades de los organismos electorales, apoyado en la creación de Mesas de Fortalecimiento Electoral y Prevención de Conflictos en Arequipa y Cusco, y ha implementado sistemas de alerta temprana para detectar y gestionar posibles conflictos.