LocationsLas personas en el centro de las políticas públicas
Servidores de la justicia
3 de Junio de 2025
En la sierra central peruana, en una modesta oficina de la Corte de Justicia de Junín, María Aquino, la coordinadora de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), recibe una llamada apremiante. Se trata de un juez de paz que ha dictado una medida de protección para una mujer que ha sufrido una violencia muy grave. Le cuenta que la Policía y las familias lo critican, pues creen que ha ido más allá de sus funciones. Duda, se siente solo, cuestionado. Ella le dice: “Has actuado bien, así lo dispone la ley. Tú eres autoridad y tu deber es proteger”. El juez la escucha y se reafirma, sostiene su decisión. Con sus casi 25 años de experiencia en justicia de paz, María no solo le ha recordado la norma: le ha devuelto el sentido de su función.
Esta escena no es excepcional; se repite una y otra vez en la labor de muchos de los coordinadores y coordinadoras de las 33 ODAJUP existentes a lo largo del país, que, como María, forman, asisten, supervisan y orientan las elecciones de los jueces y juezas de paz, bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) del Poder Judicial.
Sus historias invitan a reflexionar sobre qué implica ser servidor público en el Perú y a reconocer una fibra distinta, la del acompañamiento, escucha y orientación comprometida. Es en ella que surgen nuevas formas y posibilidades para colocar a las personas en el centro de las instituciones y las políticas de justicia.
La importancia de estar allí
Entre numerosas llamadas, visitas constantes y talleres, María Aquino sostiene con entusiasmo una tarea clave: formar a los 431 jueces y juezas de paz a su cargo para que puedan hacer justicia en Junín.
Enseñar; sin embargo, no es sencillo. María ha aprendido que no basta con conocer el derecho; también hay que saber mirar el mundo desde la perspectiva del otro. Se necesita respetar los criterios de cada juez o jueza y comprender sus formas de concebir la justicia, en lugar de limitarse a imponer normas. “He comprendido mi trabajo desde un enfoque completamente distinto —afirma—. No basta con conocer procedimientos y formalidades. Hay que entender la cultura, los saberes, las prácticas. Si no, uno se vuelve un obstáculo para resolver casos complejos, como los de violencia”.
Ese aprendizaje también la ha llevado por caminos estrechos y empinados, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, para “estar allí”, con las personas. Así, llegó Santo Domingo de Acobamba, uno de los distritos más lejanos en Junín, para capacitar a jueces y autoridades locales tras siete horas de viaje. Fue una experiencia que la marcó. María se quedó impactada cuando, al finalizar una jornada, un juez le dijo “yo no voy a llegar hoy (a mi casa). Camino un trecho, cruzo un cerro y ahí me quedo. Duermo allí, y al día siguiente cruzo otro cerro para llegar a mi casa”.
Entonces comprendió que su presencia no era solo la de una servidora pública. Con ella llegaba el Estado, el Poder Judicial, el reconocimiento. Era una forma concreta de acercar las políticas públicas a la vida de las personas. “Te esperan y se alegran. Ven que escuchas, que apuntas, que vuelves con respuestas. Y entonces, a la próxima, te abren la puerta”, explica. Ese día levantó un acta con las demandas de la comunidad para su juez de paz, y todos firmaron. Cuando cumplió lo prometido, supo que había generado algo más que conocimientos: había sembrado confianza.
El compromiso de restituir la justicia
Décadas atrás, el investigador Michael Lipsky sostuvo que la implementación de políticas depende, en última instancia, de quiénes las llevan a cabo. Él hablaba de los servidores y servidoras públicos que, en su trato directo con la ciudadanía en las calles, toman decisiones que afectan vidas[1]. Los coordinadores y coordinadoras de las ODAJUP, en su quehacer cotidiano, moldean la actuación de los jueces y juezas de paz que imparten justicia en el entorno rural, y, al hacerlo, comparten sus realidades, atravesadas por la violencia y la desigualdad.
Huancavelica, en la sierra sur peruana, es un territorio donde el 70% de la población es rural y el 65% quechua hablante. Allí trabaja Sanders Boza, el coordinador de la ODAJUP de Huancavelica, acompañando a 227 jueces y juezas de paz. “Yo los conozco a toditos, los llamo por su nombre y apellido, sé de dónde son”, dice con satisfacción. Pero no siempre fue así. Al inicio, le costaba comunicarse. Había olvidado parte del quechua porque emigró siendo niño, y no reconocía las formas de ser, ni de hablar. “Mi mayor desafío” —confiesa— es ser como ellos, como los jueces y juezas de paz. Aprender perfectamente el quechua”.
Poco a poco, Sanders ha entendido que la justicia de paz exige una relación distinta a la del servidor público tradicional. Donde antes solo había preguntas y respuestas, ahora había que sentarse a conversar. “En justicia de paz es más (como) relacionarse: ‘Toma asiento, siéntate ¿Qué ha sido de la justicia de paz? ¿Cuántos casos tienes?’ También les digo: ‘Cuando esté en la ciudad, dese un saltito por mi oficina”. Es su forma de generar encuentros, de forjar vínculos.
Al llegar, también encontró juzgados cerrados durante el periodo de violencia política (1980-2000). Se estima que alrededor de 255 jueces y juezas de paz fueron asesinados o desaparecidos en este periodo. Muchos ejercieron de manera oculta; otros se negaron a asumir el cargo. Uno de esos lugares fue el pueblo de Sacsamarca, en el distrito de Huancavelica. Cuando Sanders propuso reabrir el juzgado de paz, la comunidad se negó. Temían que la violencia volviera y alegaban tener ya otras autoridades. Durante meses, él persistió. Explicó, repartió folletos y convenció al presidente comunal de asistir a una capacitación. “Poco a poco comprendieron que el juez de paz también es importante, porque cumple funciones que otros no pueden”.
Además, en otro distrito, como el de Manta, que fue escenario de unos casos más emblemáticos por violencia sexual contra las mujeres en bases militares[2], hoy estas mismas mujeres son elegidas y reelegidas como juezas de paz. “En Huancavelica solo hay 29 juezas de paz y es justo en estas zonas, en las que hubo tanta violencia, que ahora la comunidad ha aprendido a confiar en las mujeres para hacer justicia”, dice Sanders. Así, no solo reactivó juzgados; contribuyó a sanar parte del miedo que dejó la violencia.
Construir relaciones desde abajo
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contribuir a transformar instituciones no es solo una cuestión de técnica o mecánica; es, sobre todo, una tarea con y desde las personas. Para que la justicia llegue de verdad, debe partir de sus voces, sus necesidades, sus maneras de resolver, sus aspiraciones. Hay que abrir espacio a las comunidades, reconocer sus prácticas, y permitir que la política judicial también brote desde abajo[3]. Esta visión coincide con la del Poder Judicial, que apuesta por fortalecer la justicia de paz y tender puentes con otras formas locales de justicia, ya sean comunales, ronderas o estatales[4].
En esa perspectiva, el trabajo de servidores y servidoras públicos como Yolinda Gallegos, la coordinadora de la ODAJUP de Cusco, resulta clave. Hasta hace unas décadas, la mayoría de los ahora 297 jueces y juezas de paz de Cusco hacía justicia en solitario. “Ellos mismos decían: ‘Tú ronda allá, tú en tu comunidad y yo soy el juez’”, recuerda. Pero esa imagen está cambiando. Las visitas constantes han permitido tejer relaciones y compromisos que van haciendo posible una justicia cercana y eficaz.
En ellas, Yolinda ha conocido historias muy duras. Cusco lidera año tras año los índices de violencia de género. En 2024, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 800 casos de violación sexual y se reportaron más de 7,000 alertas por mujeres desaparecidas, principalmente niñas y adolescentes. Los jueces de paz con los que trabaja reciben presiones para autorizar traslados de menores fuera de sus localidades, realizar conciliaciones ante la violencia y desistir de las medidas de protección. Solos, poco pueden hacer.
Por eso, cuando llega a una comunidad, no solo revisa los libros de actas o verifica los aprendizajes de los jueces y juezas de paz, se sienta con las autoridades locales y les habla de la justicia de paz como algo propio. Les recuerda que los jueces y juezas de paz son elegidos por su comunidad y dan un servicio gratuito. Les pide compromiso. “Antes, cuando empecé, pensaban que el juez de paz solo pertenecía al Poder Judicial y que tenía un sueldo. Se les ha explicado que esto no es así y que es necesario apoyarlo para hacer justicia”. Su dominio del quechua y sus raíces campesinas le abren las puertas.
En Canas, otra provincia cuzqueña, tierra de justicia comunal y rondas campesinas, el juez de paz de del distrito de Checca ha logrado articular con las rondas campesinas. “Les pide que ronde la casa de la víctima para protegerla del agresor. Es una forma de protección comunitaria”, explica Yolinda. En Kunturkanki, otro juez impuso una sanción ejemplar: dispuso que el agresor barra la plaza bajo la mirada del presidente comunal. Estas son las formas en que se va construyendo una justicia más amplia —reflexiona Yolinda—, que surge también desde las comunidades.
Las historias de servidores y servidoras como María, Sanders y Yolinda, demuestran que es posible poner a las personas —a los jueces y juezas de paz y sus comunidades— en el centro de las políticas de justicia. Es una labor que parte del reconocimiento de contextos complejos, de la centralidad de las necesidades humanas y de la creación de relaciones de confianza con el Estado.
Conocer el trabajo que realizan las servidoras y servidores públicos en el Perú es central porque es desde sus experiencias concretas, enraizadas en los territorios, que se nutren políticas más amplias de acceso a la justicia y de lucha contra la violencia de género.
Por ello, desde el PNUD, trabajamos de la mano con el Poder Judicial y con la colaboración de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), para fortalecer la justicia de paz frente a la violencia desde y para las personas en los territorios rurales.
[1] Lipsky, Michael (1969). Toward a Theory of Street-Level Bureaucracy (IRP Discussion Papers No. 48-69) (p. 45). Madison, WI: Institute for Research on Poverty (IRP), University of Wisconsin. Retrieved from http://www.irp.wisc.edu/publications/dps/pdfs/dp4869.pdf
[2] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. (2025). Caso emblemático de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Primera sentencia condenatoria. CNDDHH. https://derechoshumanos.pe/manta-y-vilca-condena/
[3] United Nations Development Programme. (2025) The UNDP people-centred approach to justice and security. A policy framework for justice and security programming. UNDP. https://www.undp.org/publications/undp-people-centred-approach-justice-and-security
[4] Poder Judicial (2024). Declaración de Cusco. XII Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. Cusco, del 21 al 23 de noviembre de 2024. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7295625/6234930-declaracion-de-cusco-2024_difundir.pdf
Historia: Roxana Vergara, especialista en interculturalidad y género / PNUD Perú // Edición: Sebastián Sevilla Ferrari / PNUD Perú
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