LocationsIniciativas premiadas evidencian que, en contextos rurales, la justicia de paz puede generar impactos reales y sostenibles cuando articula con autoridades
Junín: Premian buenas prácticas en justicia de paz para la protección de víctimas de violencia en zonas rurales
23 de Diciembre de 2025
En la región Junín, el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia alguna vez por parte de su pareja (59%) está por encima de promedio nacional (ENDES-INEI 2024). Para atender este problema, es fundamental que la justicia de paz trabaje de manera articulada con autoridades y organizaciones sociales.
Con el objetivo de reconocer y promover la articulación en la justicia de paz para la protección de víctimas de violencia contra las mujeres, se realizó el III Concurso de Medidas de Protección sobre Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en Zonas Rurales, promovido por la Corte Superior de Justicia de Junín, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el proyecto Sumaq Justicia, una justicia de paz frente a la violencia.
María Aquino, coordinadora de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de la Corte de Junín destacó que este concurso pone en valor una justicia con rostro humano, donde las medidas de protección se convierten en acciones concretas que devuelven la tranquilidad a las víctimas, especialmente en zonas rurales.
“Las buenas prácticas que se han premiado destacan por trascender el papel: se ha implementado la sanción restaurativa y una articulación interinstitucional sin precedentes que involucra a alcaldes, iglesias, centros de salud, Policía Nacional del Perú (PNP), subprefectos, autoridades comunitarias, entre otros. Estas estrategias demuestran que en las zonas rurales la protección efectiva se logra cuando la ley se aplica con creatividad, pertinencia cultural y una vigilancia activa que devuelve la tranquilidad a las víctimas”, aseveró Aquino.
EXPERIENCIAS GANADORAS
Primer lugar: protección frente a la violencia psicológica
Jueza de paz Lina Aguilar Villanueva (Distrito de Sicaya – Provincia de Huancayo)
La iniciativa de la jueza de paz Lina Aguilar Villanueva (Distrito de Sicaya – Provincia de Huancayo) destacó por la coordinación interinstitucional promovida por la jueza para la protección efectiva frente a la violencia psicológica. La medida incluyó la coordinación con PNP, la subprefectura, las juntas vecinales y el Centro de Emergencia Mujer, entre otras autoridades.
Segundo lugar: sanciones efectivas frente a la violencia
El Juez de paz Valeriano Edilberto Calderón (Distrito de Orcotuna – Provincia de Concepción) fue premiado por establecer medidas efectivas de protección que incluían estrictas sanciones para el agresor y una estrecha coordinación con la comunidad campesina para que estas sean efectivas.
Tercer lugar: Justicia restaurativa
La medida tomada por el juez de paz Amílcar Melceadez Campos (Distrito de Pilcomayo – Provincia de Huancayo) incorporó un enfoque de justicia restaurativa, imponiendo una sanción al agresor que incluía trabajo comunitario en favor de la comunidad, bajo supervisión policial.
Cuarto lugar: justicia con enfoque familiar y restaurativo
La medida premiada fue dictada por la jueza de paz Melvia Rodríguez Chávez (Comunidad campesina de Huanchar – Distrito de Santa Rosa de Ocopa, Provincia de Concepción). El jurado destacó su enfoque familiar y restaurativo, que combinó la asignación de una pensión para la víctima y la obligación de hacer trabajo comunitario productivo, en coordinación con la iglesia local, institución con gran legitimidad en la comunidad para supervisar el cumplimiento de las sanciones.
SOBRE SUMAQ JUSTICIA
El proyecto Sumaq Justicia, una justicia de paz frente a la violencia, promueve protección y la articulación de la justicia de paz con las autoridades estatales y comunitarias frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en los distritos judiciales de Junín, Lima Este, Cajamarca y Huancavelica.
El proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Poder Judicial, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).
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