Por Carlos De los Ríos, economista senior del PNUD Perú

Después de 25 años de importantes logros sociales y económicos, el Perú aún no ha logrado recuperar los niveles de pobreza monetaria previos a la pandemia por COVID-19. Las moderadas perspectivas de crecimiento económico para los próximos años nos enfrentan a una lenta reducción de la pobreza lo que nos obliga a repensar el modelo de desarrollo del país en el que se conjuguen políticas que promuevan activamente el crecimiento de la economía, con políticas sociales que permitan que los beneficios de ese crecimiento alcancen a la mayoría. 

La crisis originada por la pandemia por COVID-19 y la velocidad y superposición de las subsecuentes crisis externas e internas, puso en evidencia la fragilidad de los logros sociales y las limitaciones estructurales del país para recuperarse y retomar la senda de crecimiento y reducción de la pobreza. 

El crecimiento de la economía ha jugado un papel central en la reducción de la pobreza. Entre 2004 y 2019, la pobreza se redujo a un ritmo promedio anual de 5,7%. Este notable avance social se debe, en gran medida, a las altas tasas de crecimiento económico sostenido que experimentó el país que superaron el 5,2% anual en promedio. En efecto, un reciente estudio del Banco Central de Reserva (2023), da cuenta que el 69% de la reducción de la pobreza se explica por el crecimiento económico. Asimismo, el estudio da cuenta que los años en los que la economía creció a un ritmo más lento, coincidió con una menor reducción de la pobreza. 

Después de la pandemia se observó una elevada volatilidad del crecimiento de la economía, período que coincidió con un importante cambio en la magnitud y naturaleza de la pobreza. Así, la incidencia de la pobreza monetaria aumentó en 7,4 puntos porcentuales mayor respecto a 2019, alcanzando al 27.6% de peruanos, lo que significa casi 3 millones de personas pobres más que en ese año. Esta mayor tasa de pobreza se ha concentrado principalmente en zonas urbanas, que albergan al 70% de las personas en condición de pobreza en el Perú, mientras que en las zonas rurales, la pobreza monetaria alcanza al 39.3% de los habitantes y la pobreza extrema al 15.5%. En este sentido, el Informe Global de Desarrollo Humano (2021/2022) evidenció la limitada resiliencia de nuestro país ante choques exógenos y las limitaciones de nuestros sistemas de protección social que generaron estragos significativos en la pobreza, acentuando las desigualdades, colapsando nuestros sistemas de salud y aprendizaje, y dejando a más de la mitad de la población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa.

La fragilidad de los logros sociales y los desafíos para lograr un crecimiento económico inclusivo, resiliente y sostenible que permita la reducción de la pobreza, se pueden explicar en buena medida por (1) la precariedad de la estructura del mercado laboral - que se caracteriza por la enorme atomización del tejido empresarial, la baja acumulación de capital tanto físico como humano de los segmentos más pobres de la población, y la alta tasa de informalidad - que se expresan en una baja productividad; y (2) la limitada capacidad tanto institucional como fiscal del Estado para realizar las reformas estructurales necesarias y hacer frente a las enormes y persistentes disparidades geográficas en cuanto al acceso y calidad de los servicios básicos (PNUD, 2025). Por otro lado, el escenario se complejiza con el crecimiento exponencial del crimen y la inseguridad ciudadana que además de los terribles efectos sobre la sociedad, ha tenido efectos directos e indirectos sobre el desempeño de la economía. El crimen y la inseguridad afectan la economía desincentivando la inversión privada, imponiendo distorsiones en las decisiones de los consumidores y de las empresas, afectando negativamente su productividad, generando incertidumbre sobre su rentabilidad y generando barreras a la entrada de nuevos negocios. Un estudio reciente del Banco Central de Reserva (2024) estima que los costos de la inseguridad ciudadana son de alrededor del 2.2% del PBI. Finalmente, nuestro país está altamente expuesto a riesgos geológicos y climáticos amenazan seriamente los avances en la reducción de la pobreza, planteando enormes desafíos para la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal del país.

Como señala el último Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD (2025), para afrontar estos retos se necesita un sistema político que responda con efectividad y legitimidad a las demandas de la sociedad. En tal sentido, resulta imprescindible comprometerse con un modelo de desarrollo que apueste por un crecimiento inclusivo y resiliente, acompañado de un conjunto de políticas sociales que permita ampliar las oportunidades para todos los peruanos. Este modelo debe descansar sobre políticas monetarias y fiscales que mantengan la solidez macroeconómica que ha sido esencial para garantizar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el pasado. 

Como lo muestra el Banco Mundial (2025), el Perú puede acelerar el ritmo de crecimiento económico aprovechando las ventajas comparativas de los diversos territorios del país en sectores clave como la agroindustria, el turismo, la minería y las energías renovables, impulsando la productividad. No obstante, el crecimiento por sí solo no bastará para lograr cambios significativos en la pobreza y la calidad de vida de la población.  En tal sentido, es fundamental diseñar un conjunto de políticas públicas que fomenten el fortalecimiento y crecimiento del tejido empresarial, el dinamismo del mercado laboral especialmente en sectores intensivos en trabajo. Estas políticas deben ir acompañadas de políticas redistributivas y de provisión descentralizada de servicios públicos de calidad, así como políticas sociales y de protección social (adaptativa) que respondan a la naturaleza y características de la pobreza. Esta combinación de políticas permitirá a los peruanos y peruanas a acumular los activos productivos necesarios para cerrar las brechas territoriales persistentes en nuestro país y que venimos arrastrando desde los inicios de la república. Un elemento central en este proceso es contar con una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes, reduzca la evasión, simplifique los regímenes existentes y avance hacia una mayor progresividad. 

Finalmente, para lograr estas reformas es necesario un Estado más eficiente, articulado y coordinado en todos los niveles de gobierno con instituciones sólidas, y con mayores y mejores servicios públicos. En tal sentido, es fundamental realizar las reformas necesarias para fortalecer el sistema político, aumentar la capacidad institucional del sector público, y mejorar la gestión de la inversión pública.

El país atraviesa por un escenario político complejo que se traduce en incertidumbre e inestabilidad tanto política como económica. Estas próximas elecciones nos presentan una oportunidad para retomar las riendas hacia un desarrollo humano sostenible y resiliente para todos y todas y que nos permita superar los enormes desafíos por los que atravesamos.