Por Heidi Rodrich, Coordinadora de Protección Social del PNUD Perú

En el Perú - y América Latina-, la pobreza ha sido tradicionalmente medida desde una aproximación monetaria. Sin embargo, esta visión parcial ha demostrado ser insuficiente para capturar la complejidad de las privaciones que enfrentan millones de personas y sus hogares. El acceso limitado a servicios básicos, educación, salud, vivienda digna, empleo y seguridad social no se resuelve sólo superando la línea de pobreza. Por ello, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se presenta como una herramienta clave para entender y combatir la pobreza en sus diversas manifestaciones.

El IPM permite ver quiénes son pobres, dónde están y cómo lo son: qué privaciones enfrentan, cuántas de ellas se superponen y cuál es su intensidad (CEPAL, PNUD: 2025; PNUD 2022: PNUD y OPHI 2019). Esta mirada integral es clave para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas más integrales y eficientes. 

De lo global a lo local

Desde el año 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Oxford Poverty and Human Initiative (OPHI), reconociendo la multidimensionalidad de la pobreza y alineados con el objetivo de erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, vienen estimando el IPM global –una medida internacionalmente comparable de pobreza aguda- publicado por primera vez en el Informe de Desarrollo Humano 2010 bajo la metodología de Alkire y Foster. 

En 2025, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el PNUD publicaron el Indice de Pobreza Multidimensional para América Latina (IPM-AL), una herramienta que permite comparar la pobreza multidimensional en 17 países, ajustando los estándares de medición a la realidad latinoamericana. A diferencia del IPM global, que mide privaciones agudas, el IPM-AL considera una medida contextualizada a países de ingresos medios.

Entre 2008 y 2023, la pobreza multidimensional en la región se redujo del 45.8% al 25.4%, aunque persisten importantes brechas entre países: Bolivia, El Salvador y Honduras superan el 40% de incidencia, mientras que Chile, Costa Rica y Uruguay están por debajo del 10%. Por su parte, Perú se ubica en un grupo intermedio entre los países analizados.  En el promedio regional, se observa que la calidad del empleo, el acceso a Internet, el saneamiento y el logro educativo son las privaciones que más contribuyen a la pobreza multidimensional. Estas tendencias se reflejan en nuestro país, donde la informalidad laboral, las brechas educativas y el acceso desigual a servicios básicos constituyen desafíos estructurales. Además, el IPM-AL revela que la pobreza multidimensional afecta más a los hogares de zonas rurales, a la niñez y adolescencia, y a la población indígena, lo que evidencia desigualdades estructurales que perpetúan la pobreza a lo largo del tiempo (CEPAL, PNUD; 2025).

Por su parte, 11 países de América Latina y El Caribe los que cuentan con un IPM oficial nacional y el PNUD viene apoyando a varios de ellos en su implementación: los IPM nacionales tienen el potencial de ser adaptables y transparentes: cada país define las dimensiones, indicadores y ponderaciones a utilizar; así como los mecanismos de difusión, gobernanza y rendición de cuentas. 

La experiencia regional demuestra que el IPM no solo permite identificar con mayor precisión las privaciones que enfrentan los hogares, sino que constituye una herramienta estratégica para fortalecer el diseño e implementación de las políticas públicas (a nivel nacional o local), promover la articulación intersectorial y mejorar la eficiencia del gasto social. 

Perú: una oportunidad para avanzar hacia un IPM nacional

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) al 2030 enfatiza la necesidad de contar con una comprensión multidimensional de la pobreza, así como con una gestión multisectorial e intergubernamental que promueva el desarrollo y bienestar de las personas (y sus hogares) en las distintas etapas del ciclo de vida.  La PNDIS define la pobreza como una situación de privaciones simultáneas que limitan el bienestar y el ejercicio de derechos, alineándose con el enfoque del IPM.

En este contexto, desde la Oficina País del PNUD, con el soporte de nuestra Oficina Regional para América Latina y El Caribe (PNUD-RBLAC), se ha venido apoyando al Estado peruano en el perfeccionamiento de su propuesta de IPM nacional, el fortalecimiento de capacidades locales, la generación de un modelo gobernanza para la implementación y sostenibilidad del IPM, así como en un análisis inicial de micro simulaciones para promover una mayor eficiencia del gasto público.

Como señalan PNUD y OPHI (2019), contar con un IPM nacional permitiría: 

Complementar las medidas de pobreza monetaria:  visibilizando las privaciones que las personas –quienes no necesariamente se encuentran en situación de pobreza monetaria- experimentan en distintas dimensiones (vinculadas a educación, salud, empleo y seguridad social etc.).

Contar con información para priorizar la reducción de la pobreza de los más rezagados, al reflejar la intensidad de la pobreza (detallando las múltiples privaciones que concurren en un hogar al mismo tiempo). 

Ofrecer un panorama general de la pobreza multidimensional en el país y generar análisis desagregados según regiones, sectores y grupos demográficos.

Facilitar el diseño e implementación de políticas más precisas, basadas en evidencia y orientadas a las personas más vulnerables: al mostrar cómo distintas privaciones se superponen en los mismos hogares se promueve la acción articulada de los ministerios y niveles de gobierno.

Promover la eficiencia del gasto social al identificar con precisión la situación de los hogares evitando duplicidades y orientando recursos donde más se necesitan.

Monitorear el progreso en el tiempo, añadiendo valor a los tableros de control, considerando el perfil de privaciones superpuestas o "conjuntas" que enfrenta cada persona u hogar.

En este contexto, la institucionalización de un IPM nacional representa una gran oportunidad para transformar la forma en que se entiende, mide y combate la pobreza, promoviendo una mayor eficiencia del gasto social para fortalecer el bienestar y resiliencia de los hogares.

Como siguientes pasos, se sugiere continuar articulando esfuerzos para la oficialización del IPM nacional, asi como para la institucionalización progresiva de una arquitectura institucional que aporte a la sostenibilidad de la medición, tomando en consideración elementos clave vinculados al diseño, estimación, difusión y aplicación.