Entrevista por Paula Rivera

El reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano 2025, Actuar, confiar y conectar caminos: El valor de la acción conjunta para el desarrollo sostenible, no solo actualiza indicadores clave relacionados con la provisión de servicios estatales, sino que también dedica una atención significativa al papel del sector privado en el fomento del desarrollo sostenible del país. La aspiración de una gobernabilidad efectiva, equitativa y responsable se subraya en el informe como un objetivo que exige la colaboración concertada de todos los actores sociales: la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y, crucialmente, el sector privado. 

Para profundizar en la relación entre el sector industrial y los objetivos de desarrollo humano y sostenibilidad, conversamos con Jesús Salazar Nishi, quien, además de presidir el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), formó parte del Consejo Consultivo Nacional del informe. 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano reconoce los logros del Perú en crecimiento económico y reducción de la pobreza. Sin embargo, también señala que la participación predominante en actividades de baja productividad, especialmente en el sector informal, limita el impacto real de este crecimiento en el desarrollo de capacidades. ¿Qué desafíos considera que son los más críticos para que el crecimiento económico actual se traduzca en un desarrollo más inclusivo y una reducción efectiva de la pobreza?  

En efecto, el Perú tuvo un gran crecimiento económico en los últimos 30 años y esto se refleja en multiplicar por 3.1 veces su PBI, por 4.5 veces la inversión privada o por 20 veces sus exportaciones, sin embargo, estas grandes cifras macroeconómicas no se han traducido en desarrollo país, sobre todo de cara a nuestras regiones, donde aún se evidencia una gran brecha respecto a la capital. 

Considero que un gran desafío es la falta de industrialización sostenible, que impide generar empleo formal, productivo e inclusivo. El crecimiento basado en servicios informales y extractivos generan menos capacidades y bajo valor agregado respecto a la industria. Por ello, urge impulsar una política industrial activa con enfoque territorial, que dinamice cadenas productivas locales, fomente la innovación y reduzca la dependencia de actividades de baja productividad. Por ejemplo, desarrollar industrias agroalimentarias en regiones andinas permitiría transformar la agricultura familiar en empleo formal y sostenible. 

Otro desafío crítico es la debilidad institucional para coordinar políticas públicas de largo plazo, lo que impide sostener esfuerzos en industrialización, educación técnica y sostenibilidad, por ejemplo. Además, existe un marcado centralismo limeño, que excluye a muchas regiones del acceso a infraestructura, servicios productivos y mercados. También preocupa la falta de inversión en ciencia, tecnología e innovación, indispensable para aumentar la productividad y transitar hacia una economía circular. Sin estos elementos, el crecimiento económico seguirá siendo desigual y vulnerable. 

¿Cómo puede el impulso a la productividad generar beneficios para la población peruana en general, más allá de las cifras macroeconómicas? 

Impulsar la productividad permite que las empresas sean más competitivas, generen empleo formal mejor remunerado, paguen más impuestos y demanden servicios complementarios, lo que eleva los ingresos reales de las familias y eso facilita el acceso a salud, educación y vivienda de calidad. De este modo, la mejora productiva se traduce en bienestar tangible y sostenido para la población. 

De otro lado, una economía más productiva requiere trabajadores capacitados, innovación y encadenamientos industriales, lo que dinamizará regiones hoy marginadas. Por ejemplo, al desarrollar la industria del cacao en zonas rurales, se mejora la calidad del empleo agrícola, se crean puestos en transformación y exportación, y se impulsa el desarrollo local sostenible, más allá del crecimiento del PBI. 

El informe identifica la corrupción como un reto central que erosiona la confianza en las instituciones y la legitimidad del sistema político. ¿Cómo impacta en la toma de decisiones de inversión, la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible de la industria peruana? 

La corrupción generó una pérdida de US$ 6,400 millones al Perú solo en el 2023, según la Contraloría, y, si bien aún no hay cifras oficiales para el año pasado, no creemos que haya disminuido, sino todo lo contrario. Así, por ejemplo, según la Defensoría del Pueblo, se registraron 6,152 casos de corrupción en trámite al cierre de 2024, lo cual evidencia una institucionalidad debilitada. 

La corrupción genera incertidumbre, eleva costos ocultos y distorsiona la competencia, desincentivando la inversión formal y de largo plazo, obstaculizando el desarrollo sostenible de las actividades productivas en el país. Esto frena proyectos industriales sostenibles, pues los recursos públicos se desvían o malgastan, y las decisiones se subordinan a intereses políticos de corto plazo. Además, socava la planificación territorial, impide ejecutar y concretar infraestructura clave (según la Contraloría, hay más de 2500 obras paralizadas a nivel nacional a junio de este año, con un saldo por ejecutar de S/ 22 mil millones); y debilita la institucionalidad ambiental y laboral. Esto último lo podemos constatar en los impactos ambientales de la minería ilegal, así como por un nivel de empleo informal superior al 70%, respectivamente (que en algunas regiones puede superar el 90% como en Puno). Sin transparencia y gobernanza efectiva, no es posible consolidar un país competitivo y comprometido con la sostenibilidad. 

El informe se titula "Actuar, confiar y conectar caminos: El valor de la acción conjunta para el desarrollo sostenible", destacando la necesidad de cooperación entre diversos actores, incluyendo el sector privado. ¿Qué rol considera que debe jugar el sector privado en este proceso para contribuir al desarrollo humano del país? 

El sector privado debe ser agente activo de transformación, invirtiendo no solo en productividad, sino también en empleo digno, innovación sostenible y encadenamientos regionales. Su rol es clave para cerrar brechas sociales y ambientales, promoviendo industrias que generen valor local con responsabilidad. Además, debe colaborar con el Estado y la academia para desarrollar capacidades técnicas, apoyar la formalización y adoptar modelos de economía circular.  

Sin embargo, ello no significa que el sector privado deba reemplazar al Estado en sus responsabilidades esenciales. La garantía de acceso a una educación de calidad, salud pública, seguridad ciudadana e infraestructura básica sigue siendo deber indelegable del Estado. El desarrollo humano requiere un Estado fuerte y articulador, que asegure igualdad de oportunidades para todos y oriente al sector privado hacia objetivos comunes de sostenibilidad e inclusión. 

Con el informe ya presentado, ¿qué recomendaciones inmediatas destacaría para impulsar la acción colectiva y fortalecer la confianza? 

Recomendaría: (1) implementar espacios de diálogo público-privado permanentes en las regiones, orientados a impulsar proyectos productivos de impacto territorial; (2) fortalecer los sistemas de transparencia y control (sobre todo en los gobiernos subnacionales), aplicando sanciones efectivas contra la corrupción en los tres niveles de gobierno para recuperar la confianza ciudadana; (3) priorizar políticas de largo plazo con metas consensuadas, evitando su captura por ciclos políticos cortos; (4) promover alianzas con la academia y sociedad civil para desarrollar capacidades productivas, como formación técnica e innovación vinculada a los territorios; y (5) utilizar tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y sistemas de visualización de datos para transparentar la ejecución presupuestaria en tiempo real, con plataformas de acceso abierto para la ciudadanía, permitiendo auditoría social efectiva y fortaleciendo la confianza en la gestión pública. 

¿Qué nuevas conexiones o perspectivas nos ofrecen el IDE y el IDH sobre la relación entre la actividad industrial, la presencia de los servicios estatales y el desarrollo humano? 

El IDE y el IDH permiten evidenciar que la actividad industrial, cuando va acompañada de servicios estatales adecuados, puede tener un impacto directo en el desarrollo humano. Por ejemplo, regiones con mayor dinamismo industrial como Arequipa o Moquegua mantienen altos niveles de ingreso y de esperanza de vida (IDH), gracias a mejores servicios de salud, infraestructura y empleo formal (IDE). La clave es articular desarrollo productivo con inversión pública en salud, educación y seguridad para lograr un desarrollo humano integral. 

En el análisis de correlación que hemos realizado desde el IDIS, observamos una fuerte correlación exponencial entre el IDH y el PBI Manufactura en las diferentes regiones de nuestro país. Esto refuerza nuestra tesis de impulsar la industria manufacturera en las regiones, buscando encadenar a la micro, pequeña y mediana empresa regional. Esta correlación también se observa a nivel global, donde los países con más industria local registran mayores índices de IDH.