La Ley del Sistema de Cuidados para la Vida, promulgada en noviembre de 2021, representa un avance fundamental en la legislación venezolana para el reconocimiento y protección de las personas cuidadoras y quienes requieren cuidados. Esta normativa reconoce los cuidados como actividades esenciales para el desarrollo humano, la calidad de vida y el bienestar social, y los sitúa como un asunto de interés público y social.

Esta Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados en condiciones de igualdad, equidad y dignidad, estableciendo políticas, planes y programas para prevenir, atender y reducir las desigualdades asociadas al trabajo de cuidados. Su finalidad última es transformar los patrones socioculturales que perpetúan la distribución desigual de los cuidados, promoviendo la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, la comunidad y el sector privado.

A través de sus disposiciones, la Ley regula desde los principios generales —como la justicia, igualdad, no discriminación, solidaridad intergeneracional y equidad de género— hasta la definición de los cuidados para la vida, las personas cuidadoras y las personas sujetas de cuidados. Reconoce derechos específicos para las personas cuidadoras, como el autocuidado, el acceso a formación, el reconocimiento social y económico, y beneficios como descuentos en transporte y acceso a programas de apoyo.

La normativa establece la creación del Sistema de Cuidados para la Vida, bajo rectoría estatal, con un registro nacional de personas cuidadoras y la articulación de políticas públicas para su protección, formación y acompañamiento. Además, promueve la creación de centros comunales de cuidados, la participación activa del poder popular y la comunidad, y la implementación de estrategias para redistribuir y reducir las cargas de cuidado, con enfoque en la igualdad y equidad de género.

Este instrumento legal constituye una base para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria, y es clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 5 sobre igualdad de género. Su efectiva implementación requiere el compromiso de todas las instituciones y actores sociales, así como el fortalecimiento de capacidades y recursos para garantizar una vida digna y el reconocimiento pleno de los cuidados en Venezuela.