La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en diciembre de 2021, representa un avance fundamental en la legislación venezolana para la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Esta normativa reconoce la violencia de género como un grave problema de salud pública y una violación sistemática de los derechos fundamentales.

Esta Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, estableciendo condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia arraigada en la discriminación sistémica contra las mujeres. Su finalidad última es impulsar la transformación de los patrones socioculturales que sostienen las relaciones desiguales de poder para construir una sociedad justa, democrática, paritaria y libre de violencia.

A través de sus disposiciones, la Ley regula desde los principios generales y enfoques obligatorios —como la igualdad, la no discriminación, la debida diligencia y la interseccionalidad— hasta la definición de las distintas formas de violencia, incluyendo la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, institucional, política, obstétrica, informática, mediática y laboral, así como el acoso sexual y el femicidio. La normativa establece mecanismos de protección, atención integral, acceso a la justicia, medidas cautelares y sanciones para quienes vulneren los derechos de las mujeres, subrayando la centralidad de la víctima y la obligación del Estado de garantizar su seguridad, dignidad y reparación.

La Ley contempla la creación de tribunales especializados, equipos multidisciplinarios y unidades de atención, así como la articulación de políticas públicas de prevención, sensibilización y formación en todos los niveles del sistema educativo y de justicia. Además, promueve la participación activa de la sociedad y el poder popular en la vigilancia y defensa de los derechos de las mujeres, y articula su marco normativo con los tratados internacionales ratificados por Venezuela, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

Este instrumento legal constituye una base sólida para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia, y es clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 5 sobre igualdad de género. Su efectiva implementación requiere el compromiso de todas las instituciones y actores sociales, así como el fortalecimiento de capacidades y recursos para garantizar una vida libre de violencia y discriminación para todas las mujeres en Venezuela.