El jueves 17 de junio, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el apoyo del PNUD Uruguay, realizaron el lanzamiento público del Programa Justicia de Cercanía, una iniciativa orientada a fortalecer la articulación entre el sistema de justicia y las políticas sociales para mejorar el acceso efectivo a derechos en todo el territorio nacional.

La presentación estuvo a cargo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales; el subsecretario del MIDES y coordinador del CNPS, Federico Graña; y el representante residente del PNUD en Uruguay, Stefano Pettinato.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de construir respuestas públicas más integrales y coordinadas frente a situaciones complejas que llegan al sistema de justicia y que suelen estar vinculadas con la pobreza, la salud mental, la discapacidad, la violencia basada en género, la infancia, las personas mayores, la migración o el consumo problemático de sustancias.

En su intervención, Stefano Pettinato expresó la satisfacción del PNUD por acompañar el lanzamiento de una iniciativa y señaló que uno de los principales desafíos de las democracias actuales es garantizar que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos y que, detrás de cada expediente, existen personas, familias y trayectorias de vida que requieren respuestas articuladas del Estado.

Las autoridades coincidieron en que el acceso a la justicia depende no solo de la actuación de los tribunales, sino también de la capacidad de las instituciones para trabajar de manera coordinada. En ese sentido, el programa promoverá el trabajo territorial, la alfabetización jurídica, el uso de lenguaje claro y el fortalecimiento de herramientas para la toma de decisiones, con el propósito de acercar las instituciones a las personas y facilitar el ejercicio de sus derechos.

La iniciativa se encuentra alineada con el Informe Regional sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, que identifica la capacidad de los Estados para responder a las necesidades de la ciudadanía como un desafío central para fortalecer la confianza institucional y la democracia. Asimismo, recoge aprendizajes surgidos durante el proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, que subrayó la necesidad de desarrollar respuestas integrales y sostenidas frente a los problemas más complejos.

Con el lanzamiento de Justicia de Cercanía, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de Políticas Sociales y el PNUD Uruguay reafirman su compromiso con una justicia más accesible, inclusiva y centrada en las personas, convencidos de que las instituciones que cooperan fortalecen la confianza ciudadana y contribuyen a ampliar las oportunidades de desarrollo humano para todas las personas.

Foto de portada: gentileza del Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay.