“Las comunidades indígenas han demostrado capacidad de resiliencia para actuar frente a riesgos gracias a su organización comunal y a medidas efectivas que refuerzan el control territorial”, señala Miguel Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) y es que, desde el 2020, la pandemia ha causado severos efectos multidimensionales en nuestra Amazonía. Así, los pueblos indígenas están perdiendo a sus líderes y lideresas y, con ellos y ellas, parte de esa sabiduría ancestral capaz de encontrar soluciones pese a las dificultades y desigualdades. Sin embargo, los pueblos originarios han seguido trabajando colectivamente, a través de las organizaciones que los representan, demostrando una vez más la importancia de ser considerados en la toma de decisiones que afectan directamente su sobrevivencia. 

“Gracias al mecanismo de información desde y hacia las comunidades que hemos podido instalar durante la pandemia se logró articulación con el sector salud, demostrando que se puede integrar los saberes ancestrales con la medicina occidental”, menciona Guimaraes.

Al conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en un contexto particularmente difícil, queremos poner en relieve la representación y gobernanza indígena, esa forma de organización que nace de la autonomía de los mismos pueblos y que ahora más que nunca es indispensable seguir fortaleciendo y acercándola al Estado ya que, a medida que garanticemos su  participación efectiva en espacios decisivos, contaremos con políticas públicas más sostenibles y culturalmente pertinentes que permitirán salvar vidas ahora y frente a futuras amenazas.  

La participación es un derecho

En las últimas cuatro décadas, los pueblos indígenas, que representan entre el 12 y 18% de la población del país, han conformado una línea articulada de gobernanza basada en la colectividad, con instituciones representativas desde las bases comunales hasta aquellas de representación nacional. Una gobernanza que toma forma de una pirámide donde las comunidades son la base a la cual responden sus líderes locales, regionales y nacionales.

De esta manera, las poblaciones originarias defienden, ante todo, sus derechos colectivos, como el derecho al territorio, a la identidad cultural, a la salud y a la educación intercultural. No obstante, tal como estas señalan aún no sienten sus demandas atendidas y reclaman más diálogo con los gobiernos de toda la cuenca amazónica. Es ahí donde la figura de la gobernanza indígena, al encontrarse con la estructura estatal, no solo busca un espacio de participación como presencia sino, sobre todo, con voz y voto para ser realmente parte de las decisiones que afectan sus derechos y su desarrollo.  

Aproximando la gobernanza indígena al Estado 

Bajo esta perspectiva, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hemos venido asesorando la creación y consolidación de plataformas de diálogo y coordinación multiactor en diversas regiones de la Amazonía peruana, para construir e implementar de manera colectiva planes territoriales para la atención y recuperación de los pueblos originarios ante el COVID-19.

Estos espacios de diálogo abierto son un esfuerzo que surge con y, en algunos casos, desde las organizaciones indígenas y ha ido sumando a los actores públicos y privados claves en este contexto de pandemia. En ese sentido, estas innovadoras plataformas —algunas denominadas Comandos COVID-19 indígenas o regionales— han permitido el acercamiento entre estas organizaciones y las autoridades competentes a nivel local y regional, especialmente las redes y microrredes de salud, para una atención más efectiva de la emergencia en el terreno.

En estas plataformas de diálogo asumimos el rol articulador para garantizar la presencia y la voz de las organizaciones indígenas, que proponen estrategias de intervención, sumándose de ese modo a la planificación pública y configurando acciones conjuntas con el Estado. Además, impulsamos la implementación de un sistema de información que reconoce la capacidad de las organizaciones indígenas para recopilar data de primera mano para la identificación, monitoreo y seguimiento de la emergencia. A ello sumamos el análisis espacial de información para construir y mapear zonas críticas, así como soluciones que la propia naturaleza nos ofrece.

Los pueblos originarios traen a la mesa un valioso conocimiento ancestral, del idioma y del territorio, que puede enriquecer las soluciones planteadas desde las instituciones estatales.  Uno de los mecanismos para llevar a cabo esta estrategia ha sido la firma de acuerdos de subvención. Las organizaciones conformadas dentro de la estructura de gobernanza reciben financiamiento y acompañamiento técnico y administrativo que facilitan la elaboración y gestión de propuestas hacia el Estado, enfocadas en acciones de información y seguimiento desde y hacia las comunidades, con el fin de estar mejor preparadas para identificar y manejar internamente los casos de COVID-19.

La finalidad es que la generación de plataformas de diálogo y actuación articulada entre pueblos y Estado se convierta, poco a poco, en un modus operandi para toda intervención o política relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, y a corto plazo para una recuperación inclusiva. Así, no solo se construyen políticas más pertinentes para las y los ciudadanos indígenas, sino que se robustece también la participación indígena en todo sentido. Se trata de admitir el gran valor que tiene la gobernanza indígena, forjada enteramente por los pueblos para defender sus derechos, así como para hacerlos efectivos con el Estado. Esta es la clave para generar mejores espacios de acercamiento y coordinación multiactor en los que los pueblos indígenas sean actores claros y diligentes en la construcción de su propio futuro.