LocationsLiderazgo indígena para un futuro más sostenible, justo e inclusivo
7 de Agosto de 2025
La diversidad étnica y cultural es una de las mayores fortalezas del Perú, una fuente inagotable de innovación y una variedad de voces que enriquecen la búsqueda de soluciones. En esa diversidad, los pueblos indígenas tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, conservan sus instituciones distintivas y poseen la conciencia colectiva de tener una identidad común. Según el Ministerio de Cultura, existen 55 pueblos indígenas en el Perú, 51 de los cuales se encuentran en la Amazonía y 4 en los Andes.
Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre su propio destino, incluyendo su forma de gobierno y la gestión de sus recursos, tal y como está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Específicamente, el Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por el Estado peruano, establece la obligación de garantizar su participación efectiva en las decisiones que afectan sus vidas.
En el Perú, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) implementa diversas iniciativas junto a pueblos indígenas de todo el territorio, en una misión de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, participación, representación, y que sean ellos y ellas quienes tomen decisión y acción sobre sus futuros. Compartimos algunas de estas iniciativas.
Federaciones indígenas: contrapartes del desarrollo
El poder de las organizaciones indígenas reside en su legitimidad, que nace en las propias comunidades. Cada comunidad elige a sus líderes, quienes, a su vez, se agrupan en federaciones que representan a un territorio más amplio, creando un sistema de gobernanza que conecta el liderazgo local con la incidencia política a gran escala.
El proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía peruana (PPS), iniciativa del Estado peruano liderada por el Ministerio del Ambiente con el soporte técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el financiamiento del Global Environment Facility (GEF), demostró que cuando se trabaja de la mano con las federaciones, los resultados son más sostenibles y transformadores. El proyecto busca reducir la deforestación y recuperar los bosques amazónicos mediante la gestión de los recursos naturales y el apoyo a sistemas productivos sostenibles. Para cumplir con esta misión, fue claro que la gestión conjunta con los pueblos indígenas, a través de sus federaciones era indispensable.
“La organización indígena pasó de ser una federación representativa a una federación implementadora en territorio. Yo creo que el tema de gobernanza ha ido un poco más allá. Lo que nos ha permitido a nosotros es volver a territorio, poder resolver las necesidades de la población indígena y en el camino, poder articular y fortalecernos como organización”
Juan Carlos Noli, Federación de Comunidades Nativas Yanesha
Acuerdos para la conservación de más de 42 000 hectáreas de bosque y un aumento en un 200% de los volúmenes de producción en cultivos como plátano, maíz, cacao y yuca son solo algunos de los resultados del liderazgo y gestión de las comunidades. Las federaciones incluso lograron incorporarse en espacios de planificación como los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), un hito que validó su rol político en procesos históricamente excluyentes.
La participación efectiva de los pueblos indígenas y la toma de decisiones desde el territorio no son solo un derecho, sino el camino más efectivo hacia un futuro más sostenible.
El rol de las mujeres indígenas en la prevención de conflictos
A pesar de ser actoras clave para el desarrollo de sus comunidades, la participación de las mujeres indígenas en espacios de toma de decisión es notablemente baja. Según la Defensoría del Pueblo, solo el 5.4% de las presidencias en comunidades nativas están en manos de mujeres, y su presencia en mesas de diálogo apenas alcanza el 17.3%.
Según cifras de la Defensoría, en el Perú se registran más de 190 conflictos sociales al mes. Más de la mitad de estos casos son de tipo socioambiental, un fenómeno que afecta en mayor medida los derechos de los pueblos indígenas.
La lideresa del pueblo indígena amazónico kukama, Fiorella Pérez, conoce bien esta realidad. Ha sido testigo de cómo el trabajo de las mujeres no es reconocido, a pesar de que sus voces son esenciales para la paz. La falta de participación femenina no es solo una cuestión de representación, sino una barrera para encontrar soluciones reales y duraderas en beneficio de sus comunidades y pueblos.
“Nosotras sabemos la realidad de lo que pasa dentro de la comunidad, pero no nos toman en cuenta para poder solucionar o llegar a una mesa de diálogo para que no ocurran estos conflictos sociales”
Fiorella Pérez, lideresa kukama
Para enfrentar este desafío, en el marco del proyecto Rimanakuy, un proyecto del PNUD, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Oficina de la Cooordinadora Residente de la ONU en Perú y con el financiamiento del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés), se impulsó un concurso de subvenciones dirigido a organizaciones de mujeres en regiones que registran un alto índice de conflictividad social. Las iniciativas ganadoras elaboraron un diagnóstico sobre los conflictos sociales y un plan de fortalecimiento de capacidades para formar a mujeres promotoras de una cultura de paz y diálogo.
En Iquitos, la asociación civil Empoderamiento de la Niña y Mujer Amazónica (ENMA) ganó este financiamiento y trabajó con mujeres lideres. Fiorella fue parte de este grupo que unió fuerzas para crear dos Comités de Prevención de Conflictos y ha formalizado la Red de Mujeres de Loreto. Estos espacios, impulsados por su liderazgo, demuestran cómo el diálogo, con la participación activa de las mujeres indígenas, se transforma en una herramienta efectiva para construir una paz duradera desde el territorio.
En el camino de generar las condiciones para incrementar la presencia de los pueblos indígenas en espacios de diálogo, un actor clave es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM). Durante este 2025 impulsamos consultas ciudadanas con la misión de construir participativamente la primera Política Nacional Multisectorial de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en el Perú. Esto permitirá consolidar un sistema público coherente que integre sectores y niveles del Estado, y que esté adecuado a las necesidades de los territorios y a sus formas de participación política.
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Hacia una justicia intercultural
La administración de justicia comunal es fundamental para los pueblos indígenas del Perú, ya que refleja sus formas de organización, resolución de conflictos y búsqueda de armonía social. Reconocer y fortalecer estos sistemas contribuye a una justicia verdaderamente intercultural, donde se respeta la diversidad cultural y se valora el conocimiento de las comunidades. En un país donde el 25% de la población se identifica como indígena, es imprescindible que sus visiones y prácticas sean reconocidas dentro del sistema de justicia nacional, promoviendo así una convivencia basada en el respeto y la equidad.
Blas Navarro, de la Nación Chopcca, quien se ha desempeñado como juez de paz de Acobamba, región de Huancavelica, impartió justicia en casos de violencia de género en su comunidad, priorizando la escucha de las víctimas y evitando la revictimización. Su destacada labor como juez de paz fue elegida como una de las buenas prácticas de jueces y juezas paz del proyecto Sumaq Justicia, promovido por el PNUD Perú, el Poder Judicial y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).
“Me ha tocado coordinar con el Comité de Desarrollo Comunal, en el que participan todas las cabezas de instituciones como el teniente y presidente comunales, la Policía Nacional y la Fiscalía. Con ellos coordinaba, y todo acuerdo se pasaba a la Asamblea General, para que puedan aprobar las sanciones en caso de violencia familiar. La justicia de paz definitivamente trabajaba de la mano con la justicia comunal”
Blas Navarro, ex juez de paz de Acombamba
Respetar y reconocer las formas de justicia de los pueblos indígenas no solo es un compromiso con los derechos humanos, sino una condición necesaria para una sociedad verdaderamente democrática y plural.
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Información de calidad para la participación activa
A puertas de un nuevo ciclo electoral, fortalecer la participación política de los pueblos indígenas es indispensable. Sin embargo, existen desafíos en su acceso a información verificada y de calidad en lenguas originarias en temas clave como los procesos electorales, las propuestas políticas y los candidatos, desafíos que perpetúan la histórica subrepresentación de las poblaciones indígenas en el debate público.
Es por ello que, desde 2021, el PNUD Perú y el medio de investigación periodística Ojo Público trabajan de manera conjunta a través de la Red Ama Llulla para fortalecer el acceso a información verificada y confiable por parte de los pueblos indígenas durante procesos electorales.
El trabajo de la Red Ama Llulla ha estado enfocado en comunidades, territorios y ciudades de la Amazonía y del sur andino, donde el acceso a contenidos periodísticos rigurosos es limitado. Reconociendo que el acceso a información de calidad es un derecho clave para el ejercicio de la participación ciudadana, se ha consolidado una red de alianzas con 17 radios locales en ocho regiones del país, que difunden contenidos en lenguas originarias y en formatos accesibles.
Este esfuerzo sostenido continuará con miras a los comicios del 2026, para seguir promoviendo una ciudadanía informada y fortalecer la inclusión política de los pueblos indígenas en los procesos electorales.
Los pueblos indígenas practican y transmiten sus formas únicas de relacionarse con las personas y los territorios, que aportan soluciones diversas para el desarrollo del país y del mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia, sus derechos han sido vulnerados. En la actualidad, se encuentran entre las poblaciones más amenazadas y perjudicadas del mundo. Fortalecer la gestión sostenible de sus territorios y el ejercicio de su justicia, así como asegurar que participen en la solución de los conflictos que los afectan, y que accedan a información de calidad en sus lenguas originarias, contribuye de manera vital a que puedan decidir sobre su desarrollo y el desarrollo del país.
El PNUD continúa trabajando para que las voces, identidades y prácticas de los pueblos indígenas sean reconocidas y valoradas, sentando así las bases para un futuro en el que su bienestar y participación activa estén garantizados.
Texto por Paula Rivera
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