Las empresas, independientemente de su tamaño, estructura o sector, son claves para el desarrollo y una recuperación más justa en el Perú. Por esta razón, es importante que el sector empresarial internalice, en todos sus niveles de operación, la protección de los derechos humanos, con énfasis en las personas en condiciones más vulnerables. 

En ese sentido, el año pasado el Perú aprobó el Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos 2021 - 2025, convirtiéndose en el tercer país en Latinoamérica con un plan de este tipo, tras un proceso de dos años de diálogo entre el Estado, sector empresarial, pueblos indígenas, sindicatos de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.

El PNA tiene el objetivo de “implementar los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, en particular los Principios Rectores de las Naciones Unidas, a fin de contribuir a garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en su ámbito de acción”. De esta manera, el plan propicia un escenario ideal para impulsar que no solo se hagan políticas públicas, si no que las propias empresas incorporen estos temas en toda su cadena de valor. 

En este contexto, el proyecto de Empresas y Derechos Humanos (B+HR Perú), que viene implementando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con el Gobierno de Japón, apoya a las empresas japonesas, sus proveedores y socios a que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos en sus actividades empresariales, y a la vez al Gobierno peruano en el proceso de implementación y descentralización del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025.

"Las empresas son cada vez más conscientes de que el respeto de los derechos humanos constituye además un activo en términos de negocio en tanto que tiene efectos sobre la reputación y la marca de la empresa, la valoración que de la misma hacen consumidores, inversores y socios, la motivación del personal, la reducción de riesgos con respecto a la continuidad de las operaciones y la reducción del riesgo de litigios", resalta Daniel Sánchez, coordinador del proyecto B+HR Perú.

"Un Plan de Empresas y Derechos Humanos bien implementado tendrá un impacto importante en la mejora de la calidad de vida de las personas, en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del ejercicio de ciudadanía, así como en la mejora de competitividad, productividad, y el desarrollo sostenible del país", agrega Sánchez.