por Sonia Pérez Unzueta y Daniella Toce Salcedo 

Los canales digitales llegaron con una promesa de libertad. Que desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier cuarto de la casa, una podría expresarse libremente. Y aunque abrió campos importantes para la expresión de las mujeres en la esfera pública, fue una promesa de doble filo. El territorio digital es también un territorio de castigo para aquellas mujeres que se atreven a salir del espacio privado y el rol de cuidados que se les ha asignado históricamente. 

El odio y la desinformación se han extendido en el universo digital, generando aún más violencia. Este problema se agudiza con el anonimato de quienes agreden, porque facilita la impunidad. Y aunque ocurre en línea, sus consecuencias son reales. Ya nada es meramente “virtual”. Hoy nuestra identidad transita entre el espacio offline y online, y la violencia recibida en la virtualidad afecta derechos fundamentales como la dignidad, la salud mental y la libertad de expresión. 

El desarrollo constante de nuevas tecnologías presenta, además, nuevos desafíos a los que no siempre sabemos responder, y que se usan como herramientas para ejercer la violencia. La IA generativa, por ejemplo, tan reconocida por facilitar tareas, ha sido instrumentalizada para la violencia sexual. De acuerdo con Sensity Al, entre el 90 y 95% de todos los deepfakes que existen en internet difunden contenido pornográfico no-consentido, y el 90%, de estos representa mujeres. La continuidad de la violencia sólo ha encontrado nuevos canales y métodos. 

UN PANÓPTICO DIGITAL CONTRA LAS MUJERES

A lo largo de la historia, las sociedades han transformado sus métodos de control y castigo. El filósofo Michel Foucault mostró que el poder se ejerce también a través de sutiles mecanismos de vigilancia y disciplina.

La idea del panóptico como la plantea Foucault, para describir regímenes de vigilancia que generan autocontrol mediante la percepción de observación constante, ayuda a entender lo que ocurre hoy en redes sociales. Todos observan y son observados. Todos vigilan y son vigilados. La percepción de la vigilancia constante y el miedo a las represalias funcionan como mecanismo de control. 

Las características de la web y redes sociales, como la inmediatez, anonimato, capacidad de réplica, permanencia y la ausencia de fronteras, significan que cualquier hecho de violencia digital puede escalar rápidamente y causar impactos duraderos. Pero, las cifras muestran que la vigilancia y el castigo no se distribuyen por igual. 

En el Perú durante 2023, el 88% de las víctimas de violencias digitales fueron mujeres. De acuerdo con información del MIMP, en 2025 de las denuncias reportadas ante los Centros de Emergencia Mujer (CEM) por violencia digital, la mayoría correspondieron a violencia psicológica (75%) y sexual (22,5%). El 82.4% de las afectadas fueron mujeres de 15 a 59 años, el grupo que concentra la mayor visibilidad pública en entornos digitales.

Los patrones identificados por el estudio "Prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica” del PNUD, responden justamente a esta característica de las mujeres afectadas. Y ¿cómo se manifiesta esta violencia? A través de la subestimación de sus capacidades, ataques por afiliación política y compromiso cívico, comentarios alusivos a su cuerpo y sexualidad, ataques basados en la identidad, y amenazas directas contra su seguridad. Estos mismos patrones fueron identificados en el informe “Afrontando la violencia de género contra periodistas en el Perú” del Instituto Prensa y Sociedad y PNUD. 

APAGAR NUESTRA VOZ PÚBLICA

“Se metieron con mi familia. Publicaron en las redes sociales de mis familiares. Tuve que poner mi cargo a disposición para salvaguardar a mi familia”

No es coincidencia que las mujeres con mayor presencia en medios sean quienes reciben mayor cantidad de ataques. La violencia de género en línea es una problemática que afecta especialmente a mujeres con voz pública: políticas, activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, con la intención de silenciar sus voces y sacarlas del debate. 

Según el informe “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión”, de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y ONU Mujeres (2022), el 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró sobre algún tema de su pertinencia; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato. 

“Deberías dejar el periodismo y volver a cuidar la casa”, “ve a criar a tus hijos”, “mala madre”, “mala esposa”, “chancha”, “cochina”, “estás vendiendo tu cuerpo”. 

Estos ataques, más allá de afectar solo a las mujeres, impactan a la sociedad en su conjunto, que sufre sus consecuencias. Cuando se limita la participación de las mujeres, se pierden las voces de la mitad de la población del debate público; debilita el pluralismo político, la libertad de expresión y la democracia.  

LO VIRTUAL ES REAL

Las violencias contra las mujeres no son estáticas. Se adecúan al territorio y herramientas que tienen disponibles, hoy en día, eso incluye los canales digitales y nuevas tecnologías. La violencia sigue en estos espacios la misma lógica que en la casa, la calle o las instituciones. El objetivo es castigar y callar. 

Es fundamental entender que lo virtual es real. Debemos reaprender qué es la violencia y cómo se manifiesta. Un meme puede ser violento. Un comentario en una publicación puede abrir la puerta a una agresión mayor. Un ataque coordinado puede hacer que las mujeres decidan dejar de participar en las conversaciones. 

¿Qué hacemos ahora? 

Aprender a reconocer la violencia para poder denunciar y sancionarla. Generar evidencia que facilite los procesos, no solo de denuncia, sino de diseño de políticas que apunten a largo plazo a su erradicación. Trabajar en nuestros entornos para cambiar las creencias de quienes aún piensan que las mujeres no deben ser vistas ni escuchadas, que no deben liderar el espacio público sino cuidar la casa. 

Y denunciar. 

La violencia digital tiene la particularidad de que cualquier persona que sea testigo puede denunciar. En ese sentido tenemos no solo la posibilidad sino la responsabilidad de hacerlo, para poder crear entornos digitales más seguros para todas las personas, y que esa promesa de libertad con la que llegaron a nuestras vidas se cumpla verdaderamente.