América Latina y el Caribe, no son ajenas al concepto de incertidumbre, la región ha superado acontecimientos adversos en distintos escenarios y salido de varias crisis complejas, pero esta vez enfrenta desafíos distintos a los del pasado.

A principios de 2025 los Índices de Incertidumbre Mundial alcanzaron niveles especialmente pronunciados en ALC al situarse casi un 50% por encima de la media mundial y superar en más del doble el nivel registrado por la propia región en 1990. 

Los riesgos tradicionales son cada vez más frecuentes e intensos y están surgiendo nuevas amenazas como resultado de las tecnologías en rápida evolución, la profundización de la fragmentación social y un clima cada vez más cambiante. El término «policrisis» se ha incorporado al lenguaje común para describir esta realidad cada vez más frecuente: un mundo en el que las crisis ya no son aisladas, sino que están interconectadas a través de circuitos de retroalimentación e interdependencias sistémicas.

La tecnología como promesa

Hasta ahora, la transformación tecnológica de ALC se ha caracterizado por: (i) avances significativos, especialmente en la expansión de la infraestructura digital básica; (ii) una adopción altamente desigual, que a menudo refuerza las disparidades existentes; (iii) un ritmo acelerado de implementación de la inteligencia artificial (IA) que revela signos de innovación y adaptación; y (iv) barreras estructurales considerables que pueden hacer que la región se quede atrás en lograr convertir los avances digitales en beneficios más amplios para el desarrollo humano.

Uno de los temas de marcada relevancia al hablar de democracia en la era digital, es la Inteligencia Artificial y las implicancias de su uso. Sin duda, la gobernanza mediada digitalmente ofrece ventajas y eficiencias, como un acceso más fácil a la información y a los derechos de la ciudadanía, así como una mayor transparencia y capacidad de respuesta por parte de las instituciones estatales. Los sistemas de gobierno electrónico también pueden contribuir a alcanzar los objetivos de la gobernanza participativa. Sin embargo, cuando la interacción entre el Estado y la ciudadanía se traslada a modalidades digitales y las arquitecturas de gobernanza se digitalizan, surgen desafíos administrativos y legislativos, con importantes implicaciones para los derechos de la ciudadanía.

Para que cumpla la función de acercar el desarrollo a las personas, la inteligencia digital debería ser concebida, calibrada, probada y recalibrada de forma recursiva a través del prisma de los derechos ciudadanos dentro de marcos institucionales de transparencia y rendición de cuentas.

Es en este contexto donde aparece La Evaluación del Panorama de Inteligencia Artificial o AILA, por sus siglas en inglés, una herramienta desarrollada por el PNUD para evaluar la preparación y capacidad de un país para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, identificando prioridades de política pública y fomentando la coordinación entre gobierno, sector privado, academia y sociedad civil. El AILA ha sido desarrollado en más de 14 países, como parte del compromiso del PNUD de promover que países en desarrollo no queden rezagados en el camino de la innovación global hacia la IA.