Las necesidades de recuperación tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela se estiman en USD 21.000 millones, según los resultados de la Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés), presentados por autoridades del Gobierno de Venezuela y representantes de organismos internacionales. La evaluación estimó daños y pérdidas por USD 14.831 millones en los siete estados afectados y ofrece una base común para orientar las inversiones y la cooperación hacia las prioridades nacionales de recuperación.

El PDNA fue liderado por el Gobierno de Venezuela y se desarrolló en el marco del mecanismo tripartito del Sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, con la participación y el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó la coordinación técnica del proceso, en estrecha colaboración con las instituciones nacionales y los socios participantes.

La evaluación distingue entre los efectos del desastre y las necesidades para la recuperación. Los efectos comprenden los daños —la destrucción total o parcial de viviendas, infraestructura y otros activos físicos— y las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de la actividad y los servicios, incluidos los ingresos no percibidos y los mayores costos de operación.

Las necesidades de recuperación corresponden a los recursos requeridos para reconstruir y rehabilitar los activos afectados, restablecer los servicios y recuperar los medios de vida, incorporando medidas para reducir la vulnerabilidad frente a futuros desastres. La estimación contempla el principio de reconstruir mejor, mediante estándares de sismorresistencia, infraestructura y servicios más resilientes y una mayor capacidad de prevención y gestión del riesgo.

El análisis abarcó los sectores sociales —vivienda, salud, educación y cultura—, los sectores productivos y la infraestructura, así como los aspectos transversales de gobernanza, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres. También examinó los efectos diferenciados sobre los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, para orientar una recuperación que responda a sus necesidades. Como metodología reconocida internacionalmente, el PDNA permite que las autoridades nacionales, las instituciones financieras y la cooperación internacional trabajen sobre un diagnóstico compartido. Esta base facilita la identificación de prioridades, la coordinación de apoyos y la toma de decisiones de inversión, y contribuye a evitar la duplicación de esfuerzos.

La presentación reunió a representantes de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios y de la Vicepresidencia Sectorial Social y Territorial; al vicecanciller para Europa y América del Norte; y a representantes de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela. Participaron también el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, y Michelle Muschett, Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

Los resultados del PDNA servirán de base para priorizar intervenciones y elaborar el Marco de Recuperación Resiliente (MRR), bajo el liderazgo del Gobierno de Venezuela y en articulación con la Gran Misión Venezuela Renace y los planes nacionales de recuperación. El MRR establecerá las fases de implementación, las responsabilidades institucionales y los mecanismos de financiamiento y seguimiento, facilitando la movilización de recursos y la alineación del apoyo internacional con las prioridades del país.

Este proceso busca traducir la evaluación en acciones concretas para recuperar viviendas, restablecer servicios esenciales, reactivar la actividad económica y fortalecer los medios de vida de las comunidades afectadas, con una perspectiva de desarrollo que reduzca los riesgos y fortalezca la resiliencia a largo plazo.