Según la encuesta realizada por la consultora CIFRA en el marco de la iniciativa “Tendiendo puentes”*, el 66% de las personas relevadas opina que las penas alternativas a la prisión se deberían implementar con más regularidad, no distinguiéndose diferencia entre opiniones de personas según el nivel educativo. En tanto, el 26% sostiene que la prisión efectiva es la mejor medida.

No obstante, el 58% del total de las personas consultadas considera que todos los delitos deberían tener pena de prisión por sobre las alternativas, incluidos los delitos no violentos, que comprende a los hurtos y microtráfico de drogas, entre otros. En contraposición, un 33% opta por las penas alternativas antes que la cárcel para este tipo de delitos.

Los resultados arrojados son en base a una encuesta nacional de opinión pública a población adulta, realizada en abril del 2022 a una muestra aleatoria de 2000 personas de diferentes zonas de Montevideo y localidades del interior del país.

En cuanto a  si el delito leve o no violento lo cometiera una madre con hijos/as a cargo, el consenso a favor de penas alternativas a la prisión es notoriamente predominante, con un 79% en resultados absolutos sobre un 11% que se decanta por la prisión y un 10% que no responde.

Respecto a la premisa de que "los delitos no violentos vinculados al consumo problemático de drogas requieren penas alternativas a la cárcel", el relevamiento arrojó respuestas positivas de un 73% de las personas consultadas, que tiende a aumentar cuando la pregunta se vincula directamente a consecuencias del consumo.

Una amplia mayoría de las personas encuestadas coincide en que son imprescindibles las políticas adecuadas que fomenten la rehabilitación y la reinserción social, más allá de las penas de cárcel. La mayoría de la población adulta —independientemente del género, la educación o su orientación ideológica (79%)— considera que es "tan importante rehabilitar a las personas que cometen delitos como castigarlas" y que "es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad de rehabilitar a personas que delinquen" (87%) si el objetivo es reducir el delito. 

Por otra parte, la mitad de las personas encuestadas considera que la rehabilitación y la reinserción social son posibles para algunas personas, pero para otras no. En tanto, un poco más de un cuarto de los consultados piensa que es posible la rehabilitación para todos y poco menos de un cuarto cree que no es posible, o solo "a unas pocas" personas.

En relación con los recursos dedicados al sistema carcelario, el 58% prefiere invertir más en la rehabilitación y reinserción social que en ampliar la capacidad de las cárceles, mientras que un 27% piensa que hay que ampliar las cárceles.

También hay amplia coincidencia en que, cuando una persona es liberada, es imprescindible que el Estado le brinde acompañamiento para su reinserción en la sociedad (75% opina así), y sólo el 18% considera que las personas liberadas debe reinsertarse por sus propios medios.

*Tendiendo puentes

“Tendiendo puentes" es una iniciativa de cooperación Sur-Sur del PNUD y la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en articulación con la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario de Uruguay. 

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