Entrevista por Ruth Mendoza

A pesar de los avances formales en derechos, amplios sectores de la sociedad peruana siguen viendo limitada su capacidad de actuar y decidir sobre sus propios destinos. El nuevo Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2025 – Actuar, confiar y conectar caminos, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advierte que los pueblos indígenas y el pueblo afroperuano siguen enfrentando obstáculos estructurales que frenan el ejercicio pleno de su ciudadanía y sus derechos. 

Según el Censo Nacional de 2017, un 25.8% de la población se autoidentifica como indígena y un 3.6% como afrodescendiente. Sin embargo, ambos grupos presentan bajos indicadores en salud, educación, acceso a servicios públicos y representación política. A pesar de los avances normativos, las profundas asimetrías de poder, la discriminación estructural y la débil presencia estatal en sus territorios siguen limitando sus posibilidades de incidir y transformar la realidad desde sus propias agendas. 

En el caso del pueblo afroperuano, apenas 11 personas afrodescendientes, 10 de ellas mujeres, han llegado al Congreso entre 2001 y 2021. Las políticas públicas han sido escasas y discontinuas, y los espacios de participación aún no logran ser verdaderamente vinculantes. Frente a este panorama, el informe propone fortalecer la representación política, reducir las desigualdades estructurales y consolidar mecanismos de diálogo que conecten a la institucionalidad con las agendas comunitarias. 

En el marco de la presentación del informe, conversamos con Lía Zevallos, secretaria general de Ashanti Perú, para reflexionar sobre los hallazgos del informe, las oportunidades que abre para la incidencia desde la sociedad civil, y los caminos para reconstruir la confianza y la democracia desde las comunidades afrodescendientes. 

A pesar del reconocimiento formal de derechos, aún hay brechas estructurales que limitan la capacidad de actuación del pueblo afroperuano. Desde tu experiencia, ¿Qué hace falta para que los derechos reconocidos se ejerzan plenamente y se traduzcan en participación con impacto real? 

Reconocer los derechos no basta si el sistema no garantiza las condiciones para ejercerlos. El pueblo afrodescendiente vive realidades donde las brechas estructurales son persistentes. El informe demuestra una baja presencia estatal en los territorios, servicios públicos de baja calidad e instituciones que no reconocen nuestras prioridades. Para transformar eso, necesitamos construir capacidad de acción colectiva, invertir en las comunidades, respetar sus agendas y asegurar que tengan voz propia en la toma de decisiones. Eso incluye mecanismos de participación vinculante, acceso equitativo a servicios y autonomía para decidir sobre sus territorios y políticas públicas. 

El informe menciona la desafección política como una barrera. ¿Cómo se reconstruye la confianza en un sistema que históricamente ha excluido al pueblo afroperuano? ¿Qué rol pueden jugar los jóvenes en esa reconstrucción? 

Es vital reconocer las condiciones sociales, económicas, culturales e históricas de la historia afroperuana. El Estado debe asumir su deuda histórica con el pueblo afroperuano no solo con gestos simbólicos, como el reconocimiento constitucional o el perdón histórico, sino con políticas sostenidas, recursos reales y presencia efectiva en los territorios con baja presencial estatal.  Para reconstruir la confianza, se necesita escucha, coherencia y una voluntad real de no criminalizar nuestros liderazgos ni maquillar el racismo con discursos vacíos.  Es importante tener cuotas representativas para que la población afroperuana integre actores políticos plenos. Asimismo, las juventudes tenemos un camino clave porque podemos generar nuevas formas de hacer política desde la acción colectiva, pero eso requiere condiciones de participación, formación y protección, sobretodo a los defensores de derechos humanos. 

La baja representación política y la escasa incorporación de las prioridades afrodescendientes en las agendas estatales tienen efectos directos sobre el desarrollo humano. ¿Qué indicadores deberían empezar a monitorearse para no volver a invisibilizar estas brechas? 

Necesitamos datos desagregados e interseccionales: por etnicidad, género, edad, territorio. ¿Cuántas personas afroperuanas acceden a servicios básicos? ¿Cuántas viven en pobreza o mueren sin atención médica? Es importante medir la discriminación estructural en el empleo y el sistema educativo, la violencia institucional y el nivel de participación política. 

El informe revela datos importantes, pero es necesario tener data estatal desagregada. Solo con indicadores claros podremos visibilizar y actuar sobre la discriminación estructural que enfrenta el pueblo afrodescendiente.  

A pesar de la baja representación, en las últimas elecciones se registraron más candidaturas afroperuanas, muchas impulsadas por mujeres. ¿Qué aprendizajes deja esta experiencia para fortalecer liderazgos afro en próximos procesos electorales? 

El aumento de candidaturas demuestra que el liderazgo afrodescendiente existe y está dispuesto a disputar el poder. El desafío es que tenga las condiciones para competir dentro de las elecciones, y esto se genera con financiamiento justo, propuestas visibles, y formación política. La representación simbólica sin compromiso político no transforma. Es vital una representación sustantiva y conectada con los territorios, con líderes comprometidos con la memoria, la defensa de los derechos individuales y colectivos y la justicia para sus comunidades. Asimismo, es importante desmontar la violencia racista, sexista y clasista que enfrentan las mujeres en la política, y en mayor proporción las mujeres afroperuanas. 

¿Cómo puede utilizarse el nuevo informe sobre desarrollo humano como una herramienta para articular propuestas desde la sociedad civil hacia las políticas públicas? ¿Qué oportunidades ves hoy que antes no estaban sobre la mesa? 

El nuevo informe de desarrollo humano ofrece una lectura crítica y necesaria sobre los desafíos de la gobernabilidad en el país. Es una hoja de ruta que puede ser usada por la sociedad civil para exigir acciones concretas y especificas al Estado, una herramienta que puede generar transformación. Además, nos brinda una base sólida con información desagregada para articular propuestas con base técnica y conectar lo político con lo comunitario. Desde la sociedad civil, debemos convertir este diagnóstico en acción. Valoro especialmente que esta edición haya incorporado las voces históricamente silenciadas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las juventudes y las mujeres. 

Además, propongo que el PNUD impulse mesas de diálogo sectoriales, para una devolución desagregada de la información recopilada. Esto permitiría que juventudes, colectivos afrodescendientes, feministas e indígenas analicen sus propias realidades desde la evidencia y, a partir de ahí, construyan propuestas que contribuyan a reconstruir el tejido común, recuperar la confianza y actuar juntos.