Conversamos con Jenny Salvador, jueza de familia en Moyobamba (región San Martín-Perú), sobre cómo la justicia debe tomar en cuenta las cosmovisiones de las comunidades indígenas
“NO EXISTE JUSTICIA INTERCULTURAL SIN DIÁLOGO Y NO EXISTE DIÁLOGO SIN RESPETO”
12 de Noviembre de 2025
Por Sebastián Sevilla Ferrari
"Cuando se fortalecen a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, se fortalece también al pueblo al que pertenecen”. Así, la jueza de familia Jenny Salvador, finalizó la resolución que dictó medidas de protección urgentes en favor niñas y adolescentes awajún que habían sido víctimas de violencia sexual en el 2019.
Esta resolución le valió a la doctora Salvador el premio del Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Resoluciones Judiciales en 2021, organizado por el Poder Judicial y la Universidad del Pacífico. Luego, para fortalecer la articulación entre la justicia estatal y la comunal, lideró la elaboración de un protocolo intercultural de protección a víctimas de violencia en comunidades Awajún.
Conversamos con ella durante su presentación en el Seminario “La justicia en debate: la interculturalidad ante la violencia de género”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y el Poder Judicial, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) a través del proyecto Sumaq Justicia.
Usted ha sido reconocida por cómo ha aplicado la justicia intercultural con enfoque de género frente a la violencia en comunidades awajún del Alto Mayo. ¿Cómo fue que se involucró con el caso?
Empezamos en el 2019, cuando dictamos medidas de protección en favor de un grupo de niñas que habían sufrido violencia sexual en las comunidades awajún. La policía, que era la encargada de hacer cumplir las medidas de protección, nos informó que eso no era posible porque no podían entrar a la comunidad.
Es ahí que yo me pregunto ¿y si yo intento entrar a la comunidad? Me puse en contacto con autoridades locales y comunales y me di con la sorpresa de que el ingreso no estaba prohibido ni tenía trabas.
A partir de este contacto, pudimos empezar a trabajar de manera coordinada con la comunidad awajún. Los resultados fueron muy positivos, porque pudimos implementar las medidas de protección no solo con la policía sino con las propias autoridades comunales.
¿De qué forma relacionarse con la comunidad awajún cambió su forma de ver la justicia?
La cambió por completo, porque me permitió conocer la cosmovisión de la comunidad y trabajar coordinadamente con ella. No es que una comunidad indígena no tenga valores o normas, sí las tienen y en muchos casos son perfectamente compatibles con las de nuestro sistema jurídico. Cuando estaba en la comunidad awajún y les explicaba las medidas de protección que había dictado, me respondían "tú buscas protegernos, nosotros también queremos proteger a nuestro pueblo”.
Las comunidades nativas tienen valores ancestrales arraigados que incluyen la protección de los derechos humanos. Alguien que dice lo contrario es porque no ha ido y no ha conocido, no ha dialogado con la comunidad. Entre sus principios está el respeto por la dignidad humana, como también lo reconoce la constitución y los tratados internacionales vigentes en el Perú.
¿Cómo surge la idea de elaborar un protocolo de protección intercultural con perspectiva de género para mujeres, niñas e integrantes del grupo familiar?
A raíz del caso que atendimos, surgió la necesidad de elaborar un protocolo que permita a otros jueces conocer qué aspectos tomar en cuenta frente a casos de violencia en comunidades indígenas. Fue un arduo trabajo que involucró a instituciones de justicia, gobiernos locales, comunidades y policía.
Empezó en 2019 y tuvo de por medio la pandemia, que nos impidió continuar con las visitas presenciales. Finalmente, en 2022, pudimos generar el protocolo que dé pautas sobre cómo debe darse la articulación entre la justicia estatal y la comunal para que esta coordinación se realice con respeto e incorpore la visión cultural awajún en casos de violencia contra la mujer. Este documento se ha publicado, pero está abierto a que se siga nutriendo con nuevas experiencias y casos, para hacerlo más completo.
En el Perú, se habla de incorporar la interculturalidad en la justicia, pero muchas veces es difícil traducir esto en la práctica. ¿Qué significa realmente aplicar una perspectiva intercultural en el trabajo judicial?
Lo que ocurre es que las políticas de justicia intercultural se redactan desde un escritorio, sin conocer la realidad de fondo. Por eso, yo digo que no solo hay que saber de interculturalidad, sino que hay que vivir la interculturalidad. Conocer cuál es la cosmovisión, historia y tradiciones de los pueblos.
Ellos tienen una filosofía que es el buen vivir con respeto de los derechos. Yo creo que hay muchas personas que toman decisiones sobre estos pueblos sin realmente haber estado ahí, sin conocerlos. Entonces, estas disposiciones se toman como una imposición y nada que es impuesto va a tener fruto. La interculturalidad no es algo que se piensa desde afuera y luego se aplica, hay que escuchar cuáles son las necesidades de la comunidad y someter las decisiones a su consideración, para que el resultado sea algo conjunto, algo duradero y que se sientan como propio.
¿Cuál es el mayor obstáculo para fortalecer la articulación entre instituciones de justicia y autoridades comunales?
El desconocimiento que hay hacia la cosmovisión que tienen las comunidades y las imposiciones que eso genera, pues destruyen la confianza. Todavía tenemos autoridades judiciales que piensan que pueden mandar oficios a las comunidades indígenas y que estas les responderán de la misma manera, cuando lo único que generan es mayor distancia y menos colaboración.
Es por eso que nosotros íbamos muy temprano y salíamos muy tarde de las comunidades, porque todo aquel que quería participar era escuchado. Eso es parte del respeto. He oído a muchos líderes decir "solamente nos buscan para la foto".
No debemos pasar por alto que la justicia comunal puede llegar a ser más efectiva que la ordinaria, porque sus autoridades tienen más legitimidad, desaprovechar ese poder es un lujo que no nos podemos dar.
En el evento usted habló de transversalizar los enfoques de género e interculturalidad. ¿Qué pasos cree que deberían darse para que esa transversalización sea real y no formal?
Yo considero que quienes asumimos funciones jurisdiccionales en zonas donde hay presencia de comunidades indígenas estamos obligados, desde el momento en que asumimos la función, a entablar reuniones de trabajo con las autoridades comunales.
Eso es indispensable para fortalecer el principio de confianza y establecer las líneas de coordinación. Por otro lado, debe existir, de forma obligatoria, cursos para los magistrados en materia intercultural y de género, en donde no solo se tome en cuenta una perspectiva jurídica, sino también antropológica, histórica y cultural. Tiene que ser multidisciplinario.
Además, se tiene que promover espacios en los que se difundan buenas prácticas y casos de éxito en todo el Perú. No es lo mismo trabajar en regiones de la selva que en la sierra. Se puede promover desde el Poder Judicial la posibilidad de conocer cómo se han manejado otros casos en otras regiones para generar más y mejores protocolos. Por ejemplo, en Huánuco, en Pasco, en Junín, hay jueces y juezas que están aplicando la interculturalidad en sus sentencias, sería bueno que tengan visibilidad.
Es necesario que las y los jueces desarrollen la capacidad de escuchar a las comunidades.
Exacto, pero para eso es indispensable que tengan la apertura de escuchar. Un juez o fiscal no puede quedarse de brazos cruzados frente a un caso de violencia sexual contra una menor y no puede aceptar que un policía diga que “no se puede entrar a una comunidad para dar medidas de protección”. Tienen que ir allí y escuchar a las comunidades. No puede haber justicia intercultural donde no hay diálogo, y no existe diálogo sin respeto.
SUMAQ JUSTICIA FRENTE A LA VIOLENCIA
Experiencias como la liderada por la jueza Jenny Salvador muestran que una justicia con enfoque de género e interculturalidad no solo es posible, sino necesaria para garantizar los derechos de todas las personas, especialmente de mujeres y niñas en comunidades indígenas. Iniciativas como esta son las que el proyecto Sumaq Justicia, una justicia de paz frente a la violencia, busca visibilizar e impulsar, promoviendo una articulación respetuosa y efectiva entre la justicia estatal y la comunal, basada en el diálogo, la confianza y el reconocimiento de la diversidad cultural del país.