_{Por Daniella Toce Salcedo} 

En el Perú, la violencia política contra las mujeres se percibe muchas veces como un costo a pagar por participar. Tras las últimas Elecciones Generales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que el 68% de las candidatas que encabezaron listas en 2021 fueron víctimas de acoso político durante la campaña. Esta violencia se intensifica en contextos electorales, y el impacto trasciende lo individual: cuando las voces femeninas se silencian, la sociedad pierde diversidad y la democracia se erosiona. 

De cara a los procesos electorales de 2026, el JNE, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), IDEA Internacional, y el apoyo de AECID y Canadá, viene desarrollando el programa Mujeres al Poder, para el fortalecimiento de capacidades y sensibilización frente a la violencia política contra mujeres.  

Conversamos con Laura Albaine, especialista en género, licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, sobre su participación y la importancia de trabajar para abordar, prevenir y sancionar la violencia contra mujeres en política.  

¿Qué es la violencia contra las mujeres en política?  

Laura Albaine: La violencia contra las mujeres en política es una expresión más de la violencia de género que vivimos a diario a nivel social como mujeres, trasladada al espacio político electoral. Sabemos que el ámbito político no es un espacio aislado de lo que ocurre a nivel social. Entonces, si a nivel social tenemos una persistencia fuerte del sistema patriarcal, esas prácticas de discriminación y otras formas de violencia se trasladan al ámbito político.  

Está asociada, también, a la tolerancia social que existe hacia la violencia contra las mujeres. Muchas veces vemos que las mujeres son agredidas en las redes sociales y en vez de rechazo o repudio, estos contenidos se empiezan a viralizar y se incrementan las olas de violencia contra las mujeres. Lo que ocurre en la vida online repercute sobre la vida de las mujeres offline; muchas veces las lleva a abandonar sus carreras políticas.  

El principal objetivo de esta violencia es restringir o anular el ejercicio de los derechos políticos por motivos de género, es decir, por el solo hecho de ser mujer. Y si bien se utilizan formas ya legalmente reconocidas de violencia de género, como la simbólica, económica, psicológica o física, en particular, la violencia política de género se define por las manifestaciones que adopta. Como estamos hablando de la competencia político electoral esas violencias adoptan manifestaciones específicas. 

Tiene que estar presente la variable de género para hablar de violencia política de género. Una cosa es violencia política, que lamentablemente tenemos en muchas democracias hoy en día de América Latina, que acompañan los procesos electorales. Y, por otro lado, hay violencias políticas que están dirigidas hacia las mujeres específicamente por ser mujeres, como las amenazas de violación, con que se vaya del espacio público y vaya a cuidar a sus hijos o a sus nietos.  

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta violencia, no solo para las mujeres sino para la sociedad y democracias? 

En principio, quiero destacar que la violencia contra las mujeres en política no es un tema que nada más nos compete a las mujeres. La violencia trae consecuencias para la calidad de las democracias. Estamos hablando que más del 50% de la población a nivel mundial tiende a ejercer sus derechos políticos en forma ni plena ni efectiva, porque sabemos que el ejercicio de estos derechos suele estar acompañado de prácticas de discriminación y violencia.  

Entonces, estamos hablando de democracias ineficaces, porque las normas que hemos logrado a lo largo de la historia, que propugnan por la igualdad de género, la justicia y la equidad, no se cumplen. Esto tiene una connotación muy importante porque hay una disociación entre lo que ocurre en el plano formal, es decir lo legal, y lo que efectivamente pasa. También quiero destacar que la democracia es incompatible con cualquier forma de violencia. 

Además, es un tema que afecta el desarrollo humano. No se puede pasar por alto. 

Ante el avance de la polarización política en la región, y frente al backlash de género que se viene evidenciando, ¿Se ha visto un aumento en violencia contra las mujeres en política? 

En términos generales, sí. Lo que se ve, es lamentablemente, que todos los derechos que hemos logrado a nivel mundial a lo largo de la historia para la incorporación de las mujeres en la participación política, en la competencia político electoral, en el acceso a las instituciones, como la paridad y también la adopción de leyes contra la violencia política de género, están siendo cuestionados. 

Y no solo la paridad, sino también políticas públicas clave en materia de género, como las de educación sexual, o el cuestionamiento de los ministerios de la mujer, con el argumento de que no existe un ministerio de los varones. Cuando sabemos que los varones y mujeres nos relacionamos en forma diferencial porque existen estructuras de poder. El sistema patriarcal denota asimetrías en las relaciones de poder y en especial en el poder político.  

Y más allá de la violencia, ¿cómo se encuentra en general la situación de las mujeres políticas en la región?  

En la región, lo que podemos ver es que hay una mayor visibilidad de las mujeres en los espacios de toma decisión política. Tenemos mujeres que han llegado a los primeros cargos, a ser jefas de estado, a ocupar cargos parlamentarios. La región a nivel mundial está por encima del promedio, según datos de la Unión Interparlamentaria; el promedio mundial es de 27.2%, el de la región de las Américas es 35.4%. Pero sabemos que hay una importancia significativa entre los distintos países. Hay países que no alcanzan ni siquiera al 10% de mujeres en la cámara baja o única.  

Esto no solo se asocia a la cultura política patriarcal, que restringe y limita o anula los derechos políticos electorales de las mujeres, sino también a ciertas reglas del sistema electoral, como reglas de financiamiento, capacitación, y la repartición injusta de las tareas de cuidados, que limitan la participación de las mujeres en distintos ámbitos.  

Hay quizás mayor visibilidad y más mujeres que están participando en política, pero ¿se traduce en mayor igualdad para las mujeres? 

Para nada. Lamentablemente hemos tenido casos de violencia contra jefas de Estado. Y sabemos que cuando hay mayor visibilidad como en el ámbito nacional, estas prácticas tienden a ser menores o más sutiles. Pero en el ámbito local, donde las mujeres tienen menores recursos para llevar adelante su gestión política o su campaña electoral aparecen prácticas mucho más crueles.  

Quiero destacar que justamente la violencia política de género tiene un anclaje a nivel local. Gracias a las organizaciones de mujeres de nivel subnacional en la región, como Acobol (Asociación de Concejalas de Bolivia), Andrysas (Asociación Nacional de Regidoras Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas), Amume (Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador), se ha podido recolectar datos, denuncias y apoyar a las mujeres. Se empezó a visibilizar esta problemática y se han elaborado proyectos de ley.  

Uno ha sido el caso de proyecto de ley elaborado por Acobol (ahora, Ley Nº243), que tardó más de 10 años y finalmente se adoptó cuando fue asesinada la concejala Juana Quispe en Bolivia en 2012, quien anteriormente había denunciado que estaba sufriendo situaciones de acoso político, pero eso se pasó por alto. Entonces es casos como este, donde vemos la violencia más cruel que es el femicidio, que nos pone en evidencia que si no actuamos ante prácticas menores, si no prestamos atención a esas denuncias, lamentablemente, estas violencias tienden a incrementarse.  

¿Cuál ha sido el impacto de que vivamos vidas cada vez más digitales? ¿Ha generado algún cambio en las violencias contra mujeres en política? 

Se han facilitado y han aumentado. Sabemos que cuando ocurre esta violencia en el ciberespacio hay muchos desafíos para poder sancionarla. Tenemos, por un lado, el anonimato, la viralización, la pertenencia de la cuenta agresora. Pero afortunadamente, la evidencia de la región nos demuestra que pese a esa facilidad y difusión tan rápida que tiene, se puede sancionar. No es algo imposible. 

Hay sanciones sobre la violencia política de género en el espacio digital en el caso de Ecuador, que han tenido también acuerdos con las plataformas Meta. Las normas comunitarias de las redes sociales, si una las lee con atención, aplican ciertos preceptos a lo que refiera la violencia política de género porque nos hablan de violencia de género en general y también de mujeres en función pública.  

Hay posibilidades de sancionar este tipo de actos, más allá del cuestionamiento que se haga de la libertad de expresión. Esta no puede ser contraria a los derechos humanos.  

El año que viene, el Perú va a tener un super-ciclo electoral, donde un gran porcentaje de las candidaturas, a nivel nacional, regional y local estarán ocupadas por mujeres. Entonces, ¿cómo pueden prepararse tanto las candidatas como las instituciones y los organismos electorales para responder, prevenir y sancionar también esta violencia? 

Es muy importante, así como la tarea que llevó adelante el PNUD esta semana junto al Jurado Nacional de Elecciones, generar instancias de capacitación y sensibilización. Porque, a pesar de que la ley 31155 (ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política) está siendo reformulada, es evidente que existen otros tipos de mecanismos más allá de las leyes que permiten y obligan a los Estados a actuar al respecto.  

Uno de ellos es la Convención de Belém do Pará, que afirma que la violencia de género tiene un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos políticos y obliga a los Estados a actuar y tomar medidas al respecto. Otra es la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). 

También tenemos la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, que, si bien es de carácter referencial y no vinculante, señala que hay un reconocimiento en la región de la violencia política de género.  

Los compromisos internacionales que han asumido los Estados, además de que les dan un deber, permiten generar otro tipo de herramientas más allá de las leyes, como los protocolos interinstitucionales, para resolver sobre normas y compromisos de carácter vinculante, para atender la violencia política de género, tanto en procesos electorales como, en algunos casos, en la cotidianeidad del quehacer político.  

Porque no se trata nada más de incrementar cuantitativamente el acceso de las mujeres a los cargos de representación ciudadana, si no de garantizar que puedan ejercer esos derechos libres de toda forma de violencia.  

¿Podrías compartir algún ejemplo o buena práctica desde la región? 

Creo que un caso a destacar es el protocolo de actuación que adoptó México en el año 2016, con anterioridad a legislar. A través justamente de esos compromisos internacionales y normas del ámbito nacional y subnacional, y gracias al compromiso institucional de diversas instancias que conforman el sistema político, fue posible generar este protocolo. Que no quiere decir que no es importante tener leyes, pero en ese mientras tanto se logre legislar al respecto, podemos generar otro tipo de herramientas.  

También tenemos reglamentaciones, manuales para el uso de las redes sociales, para proteger a las candidatas, explicarles qué pueden hacer o cómo pueden actuar cuando son violentadas en el ciberespacio. También, observatorios, que son muy importantes para tener evidencia empírica sobre esta problemática y generar políticas públicas basadas en la evidencia. 

Hablando sobre el espacio con precandidatas que tuvo esta semana el JNE junto al PNUD, y luego de poder compartir con ellas, ¿por qué crees que es importante tener estos espacios? 

Yo creo que, en general, los espacios de capacitación y sensibilización son espacios muy movilizantes para las mujeres que intentan participar en forma activa en la competencia político electoral. A través de estas instancias empiezan a identificar que prácticas que para ellas quizás eran naturales, no lo son, que están siendo violentadas y eso obstruye sus trayectorias políticas.  

Estos espacios generan sororidad. En general, surgen redes entre las mujeres que hacen contacto y después ya funcionan por sí solas. Creo que también es muy importante hacer estos espacios a nivel presencial, porque sabemos que la violencia de género en todas sus formas es una situación dolorosa.  

Es importante más allá de las ideologías políticas, partidarias o el hecho de ser mujer indígena, mujer lesbiana o mujer joven; se tienen que unir porque la violencia de género no reconoce esas diferencias, no reconoce ni siquiera clases sociales, nos puede pasar a todas. Yo creo que esta frase de que si nos tocan a una nos tocan a todas es muy significativa, porque es importante que se repudie desde todo arco ideológico y político, estos tipos de actos.  

Muchas mujeres pueden ver en la violencia o en la denuncia el fin de sus carreras políticas. Esto, en particular, es por la falta de respuesta institucional, más aún durante los procesos electorales. La respuesta debe ser rápida, actuar con celeridad, porque está en juego la competencia político electoral. Entonces, se tienen que generar mecanismos expeditos, medidas de protección y reparación inmediata en los procesos electorales.  

Es necesario que se adopten, previo a los procesos electorales venideros en Perú, instrumentos que vayan más allá de lo legal, como la adopción de protocolos diseñados sobre normas de carácter vinculante. Hay que llegar con instrumentos que nos permitan garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos y electorales libres de toda forma de violencia.  

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El fortalecimiento de capacidades de mujeres candidatas a cargos de representación, la construcción de redes y las iniciativas para luchar contra la violencia y el acoso político son fundamentales para avanzar hacia una democracia paritaria, que ponga en agenda los derechos de todas las personas. En Perú, el PNUD trabaja junto a los organismos del sistema electoral: Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) para que la ciudadanía en su diversidad pueda participar en procesos electorales en igualdad de condiciones, con especial énfasis en población históricamente subrepresentada, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y pueblos originarios.