Elvia Barrios: "La discriminación hacia las mujeres es un problema estructural y público”

26 de Marzo de 2024
Foto: La República

 

Por Karina Chappell

En 2022, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reconoció que la participación de las juezas estaba contribuyendo a romper el tradicional predominio masculino que caracterizaba a la institución judicial.

En los 200 años de nuestra historia republicana, fue recién en el año 2021 en el que una mujer ocupó la presidencia del Poder Judicial. Esta mujer fue la jueza suprema Elvia Barrios, quien actualmente preside la Comisión de Justicia de Género, y que promovió el inicio del proyecto Sumaq Justicia. Este proyecto, implementado por el Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), trabaja fortaleciendo a los jueces y juezas de paz en la atención de la violencia y fomentando que más mujeres se involucren en los juzgados de paz.  

En el mes en que se conmemora el Día Internacional de las Juezas y el Día Internacional de la Mujer, entrevistamos a Elvia Barrios, a fin de que comparta su experiencia sobre cómo se está trabajando en el Poder Judicial para combatir la desigualdad y la violencia estructural hacia las mujeres. 

La presencia de las juezas está concentrada en los primeros niveles jerárquicos de la administración de justicia. ¿Qué sucede con las mujeres juezas en los niveles más altos de jerarquía, como las juezas supremas o superiores? 

Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en el Poder Judicial es la falta de paridad. No solo hay segregación horizontal sino vertical, la presencia de las mujeres en la alta corte si bien se ha incrementado hace unos tres años, sigue siendo inferior a la de los varones, actualmente las mujeres en la Corte Suprema somos el 35 %, cifra que en 10 años se ha incrementado, pues antes éramos el 20 %. Otro dato interesante es que en las Cortes Superiores las mujeres llegan a estos cargos con más edad que los varones y su presencia en esta instancia apenas llega al 32%.  

Sabemos que necesario implementar otras medidas para fomentar la participación de las mujeres en instancias superiores de la carrera judicial. Desde la Comisión de Justicia de Género, se hizo el primer estudio: “Juezas, Igualdad de género y Poder Judicial en el Perú” en el que se recomienda la aprobación de normas para que las juezas puedan compatibilizar su vida familiar y laboral, la modificación de los mecanismos de ascenso en la carrera judicial para evitar que se produzca todo tipo de discriminación, y la disposición de normas internas que establezcan cuotas de género. 

Por eso, durante mi mandato como presidenta del Poder Judicial, impulsé el ascenso de las juezas superiores a juezas supremas, aunque únicamente de manera provisional, ya que las supremas titulares deben ser nombradas por la Junta Nacional de Justicia. Si bien es verdad que hoy podríamos hablar de que hay paridad (numérica) entre quienes conformamos la Corte Suprema, lo cierto es que, en el seno de ella, las mujeres que somos juezas titulares seguimos siendo una minoría. 

Un país como el nuestro que aspira al desarrollo debe cumplir con los diversos estándares que evidencien una sociedad más justa e igualitaria. Lamentablemente es un año, donde a nivel global, los derechos de las mujeres, así como sus avances están siendo cuestionados, y podríamos decir que estamos en un franco retroceso. Esto me preocupa porque durante mucho tiempo hablamos de desmantelar todo ese muro gigante que constituye el patriarcado y el machismo, y la erradicación de la violencia, y pensábamos en que estábamos avanzando poco a poco, sin embargo, ello no es así. 

¿Existen desafíos significativos que obstaculicen el acceso y la permanencia de las mujeres en dichas posiciones? 

Hay que deconstruir el patriarcado; la idea de que las mujeres no pueden gobernar con eficiencia o que no están preparadas para asumir grandes retos. Esto parte de que nuestros pares nos identifiquen como mujeres capaces de desempeñarnos en esferas de decisión, de poder. Lo otro es que la Junta Nacional de Justicia materialice su discurso sobre la necesidad de la paridad en el gobierno del Poder judicial. En este último concurso de juezas Supremas no se asumió ninguna acción afirmativa para lograr que más mujeres ingresen a la Corte Suprema, estuvieron totalmente alejados de esa finalidad.  

Requerimos de una legislación especial que incorpore acciones afirmativas en el Sistema de Administración de Justicia para introducir el enfoque de género e interseccionalidad en la selección, ascenso y nombramiento de jueces y juezas, que puedan reconocer las barreras históricas y estructurales que han limitado a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, la división sexual de trabajo es una de ellas. 

Necesitamos que los procesos de selección o de promoción en la magistratura no sean neutrales al género, sino que tengan en cuenta las particulares barreras que enfrentamos las mujeres para el acceso, ascenso y permanencia en la carrera judicial. Es urgente que se garantice nuestra presencia en los distintos niveles y especialidades, a fin de evitar la segregación vertical y horizontal en la administración de justicia 

También existen otras juezas que están en el primer escalón, pero no son parte de la carrera judicial, sino que son elegidas por voto popular: las juezas de paz. ¿Cómo ve el acceso de ellas a estos cargos? 

Esto es fundamental, por supuesto que sí. Recuérdese que antes todas las elecciones para los cargos siempre recaían en los varones, pero ahora la ventaja que tenemos es que, en general, hay una mayor participación de las mujeres en las comunidades. Las mujeres se sienten más empoderadas y hay esa sororidad necesaria para que ellas sean elegidas. Precisamente, el 5 de marzo hicimos un reconocimiento a aquellas que tienen muchísimos años siendo reelegidas en el cargo, con motivo del Día de las Juezas. 

Tenemos varios proyectos que estamos trabajando a través de la Comisión de Justicia de Género, en coordinación con la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) para orientar a las comunidades durante los procesos de elecciones a que puedan incluir a más mujeres en sus propuestas. Y en los últimos años hay un cambio sustancial, las mujeres están dejando de lado la exclusión y se insertan en estos procesos de elección, participan más activamente.                  

 

Vilma Mallco, jueza de paz de Caja Espiritu, Huancavelica

Rosa Fernandez / PNUD Perú

                         

¿Podría identificar otros desafíos relevantes que las juezas de paz enfrentan en el desempeño de sus funciones? 

El uso de las nuevas tecnologías, así como trae ventajas puede constituir un obstáculo en las juezas de paz. Recuérdese que son mujeres que no necesariamente conocen algo de tecnología y es un desafío que se adapten a ella. Nuestro desafío es darles la capacitación necesaria para el uso de la misma. Ahora mismo tenemos un proyecto, Sumaq Justicia, en alianza con el PNUD y con financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea KOICA. En cuatro distritos judiciales hemos ingresado a fortalecer las capacidades de las juezas, pero también a dotarles del uso de tecnología de punta. Otro desafío es que deben enfrentarse al machismo comunal, hay todavía muchos obstáculos en estas comunidades. 

 Las mujeres que viven en comunidades andinas y amazónicas son afectadas por las prácticas y costumbres culturales tradicionales, ahí prima la hegemonía masculina y ellas deben enfrentarse a esos obstáculos. A ello se suma que tienen la recarga de las tareas domésticas, que asumen casi en su totalidad.  

Por ello es necesario plantear resoluciones desde un enfoque de género y de interseccionalidad que reconozca que la forma en la que las mujeres experimentan la violencia se ve influida también por factores e identidades como su etnia, religión, opinión política, etc.  

Además, las sentencias judiciales deben servir también para brindar mensajes que propugnen cambios sociales en la comunidad, a fin de que se respeten los derechos de las mujeres y que se les permita desarrollarse a plenitud y participar en las decisiones comunales. 

Con relación a la atención de la violencia por parte de las juezas, ¿cómo están trabajando la Comisión de Justicia de Género y la ONAJUP ante esta problemática? 

Hoy en nuestro país tenemos altos niveles de violencia física, pero también económica hacia las mujeres, porque después de la pandemia (COVID-19) quienes quedaron más pobres fueron ellas. Hay más pobres, pero más afectadas son las mujeres. Entonces tenemos que dar una mirada a ello. La interrogante que deberíamos hacernos en este mes de marzo que también se conmemora el Dia Internacional de la Mujer, es si realmente estamos atendiendo los problemas que las afectan, pues estos no son más que las grandes consecuencias de la discriminación estructural hacia las mujeres, que es un problema público. 

Las medidas que estamos tomando desde la Comisión de Justicia de Género buscan producir cambios estructurales. Apuntamos a incorporar el enfoque de género en toda la estructura organizacional del Poder Judicial, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional.  

Desde la Comisión de Justicia de genero hemos instado a promover acuerdos plenarios vinculados a temas relacionados con la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Estos acuerdos son aprobados por la Corte Suprema de Justicia y establecen precedentes que tienen que ser seguidos por todos los operadores del sistema de justicia. Por ejemplo, en un acuerdo plenario reiteramos la prohibición de la confrontación entre la víctima y el agresor en las audiencias judiciales, y la prohibición de que se promueva la conciliación como una solución para los casos de violencia. También hemos promovido otros acuerdos plenarios sobre el tema de trata de personas y el feminicidio, que fueron muy significativos.  

Además, hemos aprobado un conjunto de instrumentos normativos de mucha relevancia relacionados al enfoque de género y a lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que marcan la gestión del Poder Judicial. Uno de ellos es el Protocolo “Otorgamiento de medidas de protección y cautelares en el marco de la Ley N° 30364”, que establece criterios para que los jueces y juezas puedan dictar medidas de protección más idóneas en favor de las víctimas de violencia. En el caso de los jueces y las juezas de paz hemos aprobado el “Protocolo de actuación de juzgados de paz para la aplicación de la Ley N°30364” para que puedan cumplir correctamente sus funciones en materia de violencia.  

Este protocolo para los juzgados de paz, ¿cómo contribuye a la labor que realizan las juezas de paz? 

Bueno, indudablemente, el número de denuncias por temas de violencia que llegan a los jueces y juezas de paz se ha incrementado notablemente. En general, está disminuyendo la cifra oculta de la cantidad de casos de violencia que siempre hemos tenido. Las mujeres ya saben que deben denunciar y el protocolo orienta a los jueces y juezas sobre cómo actuar, dictando medidas de protección y coordinando con otras autoridades.  

En las comunidades hay problemas cotidianos continuos, que son de muchísima relevancia dentro de ellas, y la solución de estos conflictos por mujeres que son juezas de paz indudablemente consolida la cultura de paz en la comunidad. Pero no sería esto suficiente si es que no hubiera una debida articulación también con los otros actores del sistema estatal, como la policía y los propios jueces y juezas del Poder Judicial.  

Recuérdese que por mandato de la Ley 30364 la policía tiene que cumplir las medidas de protección dictadas por las juezas de paz. Además, estas medidas pueden ser impugnadas ante otros jueces y juezas del Poder Judicial. De suerte tal, que se requiere la debida coordinación entre estas autoridades.  

Además, somos un país pluricultural y pluriétnico - también de mucha biodiversidad-, entonces hay comunidades que cuentan con jueces y juezas de paz, pero también hay otro nivel de autoridades reconocidas dentro de ellas, como los apus y los curacas de las diferentes comunidades shipibas, awajún, y otras. Por ejemplo, en un caso concreto, una jueza de paz coordinó con las autoridades de una comunidad nativa para que el agresor cumpla su medida de protección. Fíjese cómo ella articuló sus acciones con los cabezas de esas comunidades para que sus mandatos sean cumplidos.  

Es más, las propias comunidades, ante la falta de presupuesto del Poder Judicial, están en muchos lugares dotando de locales a las juezas de paz para que realicen ahí sus actividades, y eso me parece muy positivo.  

Teniendo en cuenta que las juezas, sean de paz, de las primeras o las últimas instancias del Poder Judicial, están haciendo frente a la desigualdad estructural que existe desde sus cargos. ¿Qué les diría? 

Les diría a mis amigas, señoras juezas, que tenemos que visibilizar a las mujeres porque estamos presentes, y somos parte de esa fuerza común que se necesita para salir adelante. Este tiene que ser un mundo en el que todas las personas vayamos por el mismo camino y en igualdad de condiciones.  

Para todas no ha sido un camino fácil. No, el camino hacia la igualdad de género lógicamente es largo, sinuoso, y requiere que miremos atrás para recordar todo lo transitado, pero también que miremos hacia adelante con esperanza en el futuro. Soñemos, sigamos nuestras aspiraciones y luchemos hasta lograr nuestro propósito, siempre hay que tener un propósito en la vida. 

Recuérdese que hoy se pretende tirar abajo todo aquello que nos hace visibles. Lo que alcanzamos a nivel normativo y que para nosotras fue un hito, luego de muchísimos años de trabajo y de lucha, está siendo dejados de lado. Por ejemplo, mediante la eliminación del uso del lenguaje inclusivo, que es grave, porque lo que no se visibiliza no existe.