LocationsDel silencio a la búsqueda de justicia: Una apuesta comunitaria
24 de Noviembre de 2025
Encuentro comunitario en Yauli, Huancavelica
Roxana Vergara, especialista en interculturalidad y género del PNUD
En mayo de 2023 iniciamos, desde el PNUD Perú, los primeros diálogos itinerantes sobre violencia y justicia con lideresas, juezas de paz y directivos ronderos en la provincia de Chota, Cajamarca. Desde entontes, confirmamos algo fundamental: la violencia de género es, ante todo, un asunto de poder. Un poder que la convierte en una realidad invisibilizada y silenciada. Casi todas las mujeres presentes la habían sufrido; casi ninguna la había denunciado.
Reconocer la violencia y exigir justicia es un acto de valentía. Quien rompe el silencio desafía no solo al agresor, sino a una red de lealtades familiares, comunitarias y culturales que sostienen el mandato de callar. “Eso lo traemos de atrás”, decían algunas; “los abuelos aconsejan: aguanta, hijita, qué va a decir la gente”. Esas frases también las escuchamos luego en las provincias de Chupaca (Junín), Huancavelica (Huancavelica) y Huarochirí (Lima Este) donde trabajamos.
Alzar la voz requiere un tejido comunitario capaz de acoger y sostener. Y para tejerlo, las autoridades deben despojarse de sus prejuicios, reconocer su rol frente a la violencia y resistir los cuestionamientos de sus pares. Ese ha sido el propósito de la labor que venimos realizando junto con el Poder Judicial, en el marco del proyecto Sumaq Justicia, Una justicia de paz frente a la violencia. En este texto, compartimos fragmentos de esos procesos donde lideresas y autoridades comunitarias de los territorios comenzaron a construir, juntas, el camino que lleva del silencio a la búsqueda de justicia.
CAJAMARCA
La violencia como un problema colectivo
Katherin Heras, gestora del PNUD en Cajamarca
En la provincia de Chota, en Cajamarca, las rondas campesinas — junto con los juzgados de paz y las tenencias de gobernación— son las organizaciones de justicia más cercanas a la población, mayoritariamente rural (79%), pero han sido históricamente espacios de liderazgo masculino. En su interior, los comités femeninos suelen intervenir en los llamados “problemas de mujeres”, entre ellos, la violencia.
En este escenario, fueron precisamente las lideresas de programas sociales y las juezas de paz—muchas de ellas también ronderas en sus distritos—quienes acogieron la propuesta de diálogos itinerantes. Estos se convirtieron en espacios de confianza y sororidad: lugares donde pensar juntas, compartir experiencias de violencia y desigualdad, y construir estrategias colectivas para fortalecer la justicia comunitaria.
Luzdina Cercado, lideresa del distrito de Chalamarca
En uno de los primeros encuentros, Luzdina Cercado, lideresa del distrito de Chalamarca, confesó que al escuchar a sus compañeras hablar pensó: “Yo también lo he vivido’”. Pero no se quedó ahí. Poco después se ofreció como candidata y fue elegida la primera tenienta gobernadora de su distrito. “Tenía miedo, era muy tímida y pensaba que no podía ser autoridad, pero gracias a lo que aprendí, me animé”, contó, entre la emoción de sus compañeras.
Desde su nuevo cargo, Luzdina participó en la elaboración de planes de trabajo comunitarios, donde convocaron a las demás autoridades varones. En ellos, la violencia dejó de ser un problema principalmente de mujeres y de parejas para convertirse en una preocupación colectiva. Cada autoridad reconoció su papel en el quehacer de la justicia, incluyendo a las lideresas y ronderas.
“Desde mi experiencia, como sobreviviente de violencia —dijo Luzdina—, puedo hacer mucho por otras mujeres y por mi comunidad”.
Olga y Liseth, lideresas de Cajamarca
JUNIN
Jueces y juezas de paz y otros líderes comunitarios de Junín en el Encuentro entre la justicia de paz y la justicia comunal y rondera
Cuando la violencia se vuelve prioridad
Ángel Vila, gestor del PNUD en Junín
El panorama inicial era diferente en la provincia de Chupaca, en Junín. Años de trabajo de distintas instituciones habían contribuido a que la violencia y la discriminación fueran reconocidas como problemas que afectan a toda la comunidad. Sin embargo, las autoridades de las comunidades campesinas y los juzgados de paz admitían que su atención se centraba en los conflictos de tierras, el agua o la delincuencia, todos agravados por la creciente urbanización.
Aunque algunas mujeres ocupaban cargos —como presidentas comunales o juezas de paz— aquello no siempre era fruto de la igualdad, sino de la ausencia de varones que migraban en busca de trabajo. El machismo persistía. “Cuando las mujeres pedimos la palabra, nos ningunean, o simplemente no nos escuchan”, dijo Ana María Millán, presidenta de la comunidad campesina de Huamancaca Chico en uno de los primeros talleres.
Jueces y juezas de paz y otros líderes comunitarios de Junín en el Encuentro entre la justicia de paz y la justicia comunal y rondera
No era la primera vez que autoridades y lideresas abordaban la violencia y la desigualdad, pero sí la primera en que buscaron hacerlo juntas. De esos encuentros nació la idea de elaborar planes de acción de alcance comunal y distrital. Al construirlos, juezas y jueces de paz, presidentes comunales, subprefectos, lideresas y funcionarios locales comenzaron a reconocer sus funciones, según la ley y las costumbres, y a coordinar acciones conjuntas. La violencia dejó de ser un tema relegado y pasó a ser una prioridad.
“Aprendí mis roles y el de las demás autoridades —reflexionó Ana María—. Entendí que como presidenta tengo una tarea que cumplir frente a la violencia en mi comunidad.” Al concluir el proceso, ya no trabajaba sola: lo hacía en alianza con la jueza de paz y la subprefecta de su distrito.
HUANCAVELICA
Transformar la norma comunal para el futuro
Jesús Martínez, gestor del PNUD en Huancavelica
En la provincia de Huancavelica, en Huancavelica, el silencio tiene hondas raíces. Mujeres y también varones suelen callar la violencia que padecen por el temor a las represalias, la dependencia económica y emocional y el peso del qué dirán. “En mi comunidad no hay violencia, quizás unos pocos”, decían al inicio los directivos, alcaldes vara, alguaciles y jueces de paz de las comunidades y anexos, casi todos varones. Por eso, el primer paso fue trabajar con ellos.
Las conversaciones sobre masculinidades abrieron un espacio de reflexión: muchos expresaron su preocupación por sus hijas e hijos, por las familias del futuro. Querían preservar valores como el respeto y la justicia, aunque también entendieron que no todo lo heredado debía mantenerse. “Las costumbres, cuando son negativas, deben cambiarse”, afirmó Carmelo Villa, directivo del anexo de Sacsamarca.
Carmelo Villa, directivo del anexo de Sacsamarca, participando del Encuentro entre la justicia de paz y la justicia comunal y rondera
La justicia comunal era reconocida y legítima, al emplear la cultura y el idioma quechua, pero no siempre respondía a las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres. Las soluciones solían orientarse a la reconciliación, sin garantizar la no repetición y reparación. La elaboración conjunta de rutas de atención y pautas de coordinación entre autoridades permitió fortalecer el vínculo entre ellas, generando nuevas prácticas centradas en la protección y la sanción.
Hoy, las autoridades quieren que esas rutas y pautas se incorporen a las normas comunales. “Es importante que todas las autoridades trabajemos juntas para hacer justicia y vivir sin violencia —dice Carmelo—, pero para alcanzar esa meta debemos incluir estos acuerdos en nuestros estatutos y darlos a conocer a la población”. Así, buscan asegurar que las generaciones futuras hereden la justicia y no el silencio.
LIMA ESTE
La justicia comunal también cuenta
Mayra Trelles, gestora del PNUD en Lima Este
En cambio, en la provincia de Huarochirí, en Lima Este, las comunidades no reivindicaban la justicia comunal —menos para los problemas de violencia —, y la mayoría de los juzgados de paz se encontraban en las capitales de los distritales. Como recordaba el juez de paz del distrito San Damián, Ernesto Llata, durante uno de los primeros talleres: “Cada uno resolvía por su cuenta”. Así, los jueces y juezas de paz seguían una ruta de atención solo orientada a la Policía y la Fiscalía.
Desde el primer encuentro comprendimos que el tema de violencia sería difícil de abordar. Cuando las lideresas de los programas sociales intentaban abrir conversación, las autoridades cerraban los oídos: “Nuestros padres no hablaban de violencia, nosotros, ¿para qué hacerlo?”. El ideal de la familia tradicional, con sus roles de género rígidamente definidos, seguía arraigado.
Jueces y juezas de paz y líderes comunales de Lima Este en el Encuentro entre la Justicia de Paz y la Justicia comunal y rondera
Decidimos entonces ir despacio. Trabajamos primero por separado con varones y mujeres. Poco a poco, la resistencia cedió y apareció el descubrimiento: las autoridades comunales también podían intervenir —respaldadas por la ley — de la mano con los jueces y juezas de paz, para proteger y hacer cumplir las sanciones comunitarias.
Ese aprendizaje se plasmó en nuevas rutas y propuestas de coordinación, que jueces de paz como el de San Damián pusieron en práctica: “Junto con los presidentes de las comunidades de Concha y Checa del distrito estamos coordinando y también acompañando a la víctima a la comisaría y al centro de salud”. Las lideresas, al sentirse seguras, fueron incorporándose, pues comprendieron que su voz tenía un lugar.
Los procesos impulsados por las autoridades y lideresas han sido diversos, pero todos comparten un mismo propósito: transformar las relaciones que muchas veces se asumían parte de la vida comunitaria. En el trabajo que hemos realizado desde el PNUD Perú y el Poder Judicial, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), la palabra ha probado ser una herramienta muy valiosa: escuchar, dialogar y reconocer las diversas voces de mujeres y varones en los territorios es fundamental. Solo así es posible la construcción colectiva de una justicia donde los derechos de quienes sufren violencia de género ocupen un lugar central. Porque la justicia no se impone, se construye desde y con la comunidad.