Pescando en un mar de posibilidades: Una mejor gobernanza para el desarrollo sostenible de ecosistemas marinos de Ecuador y Perú

1 de Diciembre de 2022
Foto: Giulianna Camarena Montenegro / PNUD Perú

 

Por Miguel Maldonado, Coordinador del CFI América Latina 

 

Alrededor de 3 mil millones de personas en el mundo dependen de los ecosistemas marinos para su seguridad alimentaria y su subsistencia. Sin embargo, enfrentan grandes desafíos como el cambio climático, la sobrepesca, la débil gobernanza y la falta de apropiación para la sostenibilidad. Frente a ello, nace la Iniciativa Pesquerías Costeras (CFI por sus siglas en inglés) que pretende mejorar los esquemas de gobernanza en las pesquerías artesanales en África, América Latina y Asia.

En Ecuador y Perú existen espacios de alta biodiversidad  de recursos marinos, con importantes pesquerías que han tenido una alta expansión impulsada principalmente por un incremento en la demanda del mercado, las políticas de libre acceso y la falta o deficiencia de regulaciones, vigilancia o sanciones. 

Es así que la Iniciativa Pesquerías Costeras trabajó en ambos países entre 2018 y 2022 para demostrar una gestión holística basada en el ecosistema y mejorar la gobernanza pesquera artesanal. A través de diversas líneas de acción y con la participación de diversos sectores público, privado, academia, sociedad civil, se llegaron a logros significativos y sentar las condiciones para que en las pesquerías intervenidas se sigan logrando cambios positivos. 

Se apostó por distintos modelos que incluyen la consolidación de normativas a nivel central y el desarrollo de política pública, hasta la cogestión a nivel territorial. Esto se logró a partir del compromiso, la participación y el diálogo para identificar beneficios comunes a nivel político, productivo, ambiental e incluso científico. 

Pero no se puede pretender un desarrollo sostenible efectivo si es que las personas que interactúan con los ecosistemas no cuentan con herramientas para gestar su propio desarrollo en armonía con la naturaleza. Por eso una de nuestras  primeras líneas de trabajo fue el fortalecimiento de instrumentos y mecanismos de gobernanza participativa. 

Los diálogos con participación de personas en diferentes eslabones de las cadenas de valor de la pesca artesanal costera fueron claves para lograr establecer y fortalecer los marcos normativos (planes de acción, acuerdos de gestión, procesos de planificación y ordenamiento marino-costero). Como señala Fedra Solano, investigadora del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP) en Ecuador, lo más relevante fue la incorporación de concheros y los planes nacionales porque las organizaciones sintieron que fueron atendidas”.

De igual forma, promovimos la investigación con fines de repoblamiento de especies como la concha negra. En alianza con el sector privado, la academia y las personas dedicadas a la extracción, se mejoró la tecnología para reproducir conchas negras en laboratorio y su proceso de adaptación y crecimiento en los manglares.

La conservación del ambiente solo es posible si las comunidades tienen oportunidad de participación política y toma de decisiones, de co-gestión de áreas naturales y de acceso a medios de vida alternativos. Por eso trabajamos en el fortalecimiento de las cadenas de valor, propiciando bases de conocimiento y manejo, pero que a su vez se cuente con mercados que reconozcan y demanden productos sostenibles como en el caso de la pesquería “atún con caña”, que ahora tiene la certificación comercial Fair Trade.

Por otro lado, en el Santuario Nacional los Manglares de Tumbes también aportamos a la conservación y uso sostenible de los recursos al fortalecer la gestión de esta área natural protegida,  donde está consolidado un modelo de manejo comunitario.  Allí  se agregó una visión de mercado, donde  los servicios ecosistémicos, como la depuración de concha y despulpado de cangrejos –con miras a obtener denominación de origen–, o el turismo ecológico, pueden también tener un valor comercial. 

En paralelo, trabajamos en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la administración de la pesca artesanal, modernizando con herramientas informáticas para la gestión de procesos y manejo sistemático de información pesquera. Ahora mediante TrazApp se lleva un monitoreo electrónico y en tiempo real de los desembarques diarios. Si antes en el desembarque se registraban 8 especies, hoy con TrazAap registran 102 especies en tiempo real. 

Un punto esencial fue además el empoderamiento económico de las mujeres, quienes han mejorado las posibilidades de acceder al ahorro y financiamiento colectivos, a través de la Uniones de Ahorro y Crédito (UNICA), metodología impulsada junto a COFIDE. Además, han fortaleciendo sus capacidades empresariales y han emprendido actividades productivas complementarias a la pesca. 

En estos cuatro años, la Iniciativa Pesquerías Costeras ha generado condiciones claves para la gobernanza pesquera y los procesos de planificación en ecosistemas marinos costeros en Perú y Ecuador, sobre todo en lo que se refiere al conocimiento y capacidades a nivel de las comunidades de práctica en materia de gestión ambiental. Así, el manejo holístico basado en el ecosistema ha quedado demostrado como un camino hacia una buena gobernanza en la pesca artesanal costera.  

Los resultados alcanzados reflejan que se articuló acciones con iniciativas que ya estaban encaminadas o inició nuevos procesos, y se demostró capacidad para hacer sinergias clave. Además, a pesar de que tuvo un contexto complejo por la pandemia, lejos de detener el progreso de las acciones, fue más bien la oportunidad para innovar estrategias de intervención.

La Iniciativa Pesquerías Costeras en Perú fue liderada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) con participación del Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales de Tumbes y Piura. En Ecuador, por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCIP) con la participación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y WWF y Conservación Internacional como ejecutores. En ambos países se contó con el soporte técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.