¿Cómo se transforma una visión de país en inversiones reales para la industria? Esa fue la pregunta que atravesó el conversatorio "De la visión a la inversión: finanzas sostenibles para la industria del futuro", organizado por el PNUD Uruguay en articulación con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), como evento paralelo de la Semana de la Industria 2026.

La actividad partió de una premisa clara: Uruguay cuenta con una base sólida de políticas y planes (la Política Energética, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, la Política de Cambio Climático y la Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Estrategia Nacional de Economía Circular, y el anunciado Plan Industria Uruguay) que orientan prioridades estratégicas. El desafío es convertir esas orientaciones en inversiones concretas, movilizando recursos hacia una transformación productiva sostenible que genere empleo y amplíe la participación de las mujeres en la industria y su acceso al financiamiento.

Desde su rol como socio técnico y plataforma de articulación, el PNUD abrió el encuentro proponiendo entender las finanzas sostenibles no como una agenda paralela, sino como una herramienta de implementación de la política industrial: un puente entre la política pública, el sistema financiero y el sector productivo.

Durante la apertura, el representante residente del PNUD en Uruguay, Stefano Pettinato, destacó que Uruguay cuenta con una agenda sólida para impulsar la transformación productiva sostenible y que el desafío es convertir esa visión en inversiones concretas. Señaló que las finanzas sostenibles son una herramienta clave para conectar las prioridades de la política pública con las decisiones de inversión y reafirmó el compromiso del PNUD de seguir promoviendo alianzas que aceleren una industria más competitiva, baja en carbono e inclusiva.

Un panel con miradas complementarias

El conversatorio tuvo como eje un panel moderado por Magdalena Preve, analista de Programa de Desarrollo Sostenible e Inclusivo del PNUD Uruguay, que reunió las perspectivas del sector público, el sector financiero y el sector privado.

Juan Labat, encargado del Área Ambiental del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recorrió cómo la política económica genera señales y condiciones habilitantes para movilizar inversión privada hacia actividades productivas sostenibles. Destacó tres casos concretos: la actualización del decreto de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), que incorpora indicadores estratégicos como la valorización de residuos y envía una señal clara al sector privado; el desarrollo del financiamiento soberano sostenible, con un bono indexado a indicadores climáticos; y el SiGa Ambiente, un sistema de garantías estatal orientado a movilizar financiamiento privado hacia sectores como la gestión de residuos. Subrayó que existe una definición estratégica para que las decisiones de política económica, tributaria, de gestión de deuda y promoción de inversiones incorporen la dimensión ambiental.

Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente (MA), repasó las iniciativas que impulsa el marco habilitante para las finanzas climáticas, muchas de ellas en articulación con el PNUD a través del proyecto Readiness de Finanzas Climáticas, un mecanismo de asistencia técnica  no reembolsable del Fondo Verde para el Clima, además del trabajo en la taxonomía verde junto al MEF y el Banco Central del Uruguay (BCU). Mencionó el reconocimiento del país como entidad habilitada ante el Fondo Verde para el Clima (GCF), el acceso a fondos verticales, y el desarrollo de herramientas concretas como la medición de huella de carbono y las guías para incorporar el análisis de riesgos en la industria. 

Destacó también la política de protección del monte nativo, de larga trayectoria en el país, en el marco de las crecientes exigencias de producción libre de deforestación para algunos productos de exportación. Sobre la perspectiva de género, fue enfática: además de ser un requisito para el financiamiento internacional, lo es para la producción sostenible. Dejar de lado a la mitad de la fuerza de trabajo y a la mitad de las personas no es una opción; es necesario hacerse cargo de cómo se distribuyen las tareas de cuidado mientras las mujeres trabajan, porque no asumir esa responsabilidad tiene un alto costo para el país.

Carolina Mena, coordinadora de la Unidad Ambiental de la Dirección General de Secretaría del MIEM, abordó las principales barreras que enfrentan las empresas industriales para acceder a financiamiento sostenible. Recordó que alrededor del 97% de las empresas son MIPYMES, lo que implica una gran heterogeneidad, y que una de las barreras centrales es cómo la banca percibe el riesgo de los proyectos vinculados a la eficiencia energética, sobre todo cuando involucran nuevas tecnologías. Destacó el rol de la COMAP en la incorporación de criterios de sostenibilidad, el trabajo con las ESCO y proyectos como Revalora, orientado a identificar oportunidades en sectores como alimentos y energía y a escalar casos piloto. El gran desafío, señaló, es cómo hacer llegar de forma sencilla al beneficiario los instrumentos de los distintos ministerios y agencias, a través de alianzas estratégicas con referentes locales.

Silvana Balsa, coordinadora de la Unidad de Desarrollo Social y Género de la Dirección General de Secretaría del MIEM, presentó las iniciativas para fortalecer el rol de las mujeres en la transformación productiva. Detalló la convocatoria "Mujeres que Transforman", un fondo no reembolsable para micro, pequeñas y medianas empresas que en 2025 recibió 250 proyectos de todo el país, y el instrumento diseñado para medir si las beneficiarias mejoran su autonomía económica, evaluando el uso del tiempo, el control del dinero y la autopercepción para tomar decisiones económicas. 

También presentó el Plan Nacional de Género para el Desarrollo Industrial, que incluyó diagnósticos en cuatro sectores de actividad. De estas experiencias extrajo tres aprendizajes: existe demanda de instrumentos públicos, es imprescindible medir sus resultados, y las brechas no son iguales en todos los sectores, por lo que las decisiones deben basarse en evidencia.

Nicolás Maurente, coordinador de Evaluación Técnica Civil e Industrial del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), compartió los aprendizajes de la convocatoria BROU Sostenible. Se clasificaron 130 propuestas, de las cuales el sector industrial representó un 40% de los proyectos y un 55% del monto solicitado, con la industria alimentaria y la gestión de residuos entre los sectores más presentes. La convocatoria funcionó como un piloto que demostró que existe interés real por este tipo de financiamiento y permitió al banco ajustar procesos y capacidades. Señaló que la escala de la empresa no fue determinante para definir si un proyecto se financiaba o no, y que uno de los desafíos pendientes es acompañar a las empresas, especialmente las más pequeñas, en la medición de indicadores como la huella de carbono.

Martín Garmendia, director de MCT ESCO, planteó las condiciones necesarias para que modelos como las ESCO puedan escalar en el sector industrial uruguayo. Observó que las principales barreras son culturales y que, si bien existen numerosas herramientas de promoción, muchas de ellas desde hace tiempo, con frecuencia no son conocidas por las empresas. Destacó el rol traccionador de la COMAP, el reciente Plan Nacional de Eficiencia Energética y el acuerdo con UTE para bombas de calor, financiado a través del REIF, como ejemplos de cómo la articulación público-privada puede avanzar en la descarbonización.

Del diálogo a los próximos pasos
El espacio de intercambio con el público permitió profundizar en desafíos concretos, como la medición de la huella de carbono y las estrategias para dar respuesta al problema de la escala, por ejemplo, agrupar pequeñas empresas para acceder al financiamiento, y los avances en la construcción de una taxonomía verde nacional.

Como síntesis, el conversatorio dejó una certeza compartida: Uruguay ya cuenta con instrumentos, marcos de política y una cultura de transformación. Entre ellos, BROU Sostenible, las ESCO, la COMAP y su actualización, SIGA Ambiente, el Fondo de Innovación en Energías Renovables (REIF), las herramientas de medición de huella de carbono para la industria, "Mujeres que Transforman" y Revalora, entre otros. El desafío es conectarlos, escalarlos y hacerlos llegar a todo el entramado productivo, especialmente a las MIPYMES, sin dejar a nadie atrás.

Desde su rol articulador, el PNUD reafirmó su compromiso de seguir trabajando a través de iniciativas como FIC y BIOFIN, junto al Ministerio de Ambiente (MA), MIEM, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), MEF, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y BCU, para desarrollar nuevos instrumentos financieros y crear las condiciones habilitantes para la inversión en una industria más eficiente, circular, baja en carbono e inclusiva, integrando el financiamiento para el Desarrollo sostenible, la innovación y la igualdad de género como aceleradores del cambio.

En el cierre de la jornada, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, subrayó que el desarrollo requiere una visión compartida sobre el país que se quiere construir, con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Señaló que la industria ocupa un lugar central en ese camino, ya que constituye un pilar para impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer la cohesión social y territorial y ampliar las oportunidades para las personas. 

Posteriormente, se realizó la firma de un Memorando de Entendimiento entre el PNUD y el MIEM, que reafirma el trabajo conjunto y renueva el compromiso de cooperar por una industria y una transición energética sostenibles, circulares y con igualdad de género.