Moema Freire: “Los juzgados de paz son un mecanismo de resolución fundamental para generar confianza en la ciudadanía”

20 de Agosto de 2025
Smiling woman in a business suit stands confidently in front of a UN logo on the wall.

 

Entrevista por Daniella Toce y Ruth Mendoza

 

De acuerdo con datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del 2025, más de 1 800 casos de violencia de género han sido reportados en comunidades rurales, muchas de las cuales dependen de los juzgados de paz como primera y única instancia judicial. Sin embargo, los jueces y juezas llevan sus registros de manera manual, sin una plataforma digital que conecte sus casos con el sistema de justicia ordinaria, lo cual afecta la protección de las víctimas y dificulta el seguimiento.  

Frente a esta realidad, el Sistema Único Informático de Gestión para la Justicia de Paz (SISJUPAZ) se presenta como una innovación clave. Desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Poder Judicial y KOICA en el marco del proyecto Sumaq Justicia, el sistema digitaliza registros, agiliza el intercambio de información con otras instituciones y fortalece la protección en casos de violencia.  

En este contexto, conversamos con Moema Freire, especialista en políticas del equipo de gobernabilidad del PNUD para América Latina y el Caribe, para conocer cómo esta herramienta puede transformar el acceso a la justicia en territorios históricamente postergados, fortalecer la confianza ciudadana y sentar las bases de una justicia más inclusiva, eficiente y conectada.  

El más reciente informe nacional sobre desarrollo humano del PNUD en Perú identifica como una de las principales barreras para el desarrollo, la creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. ¿Cómo puede la transformación digital del Estado, en específico del sistema de justicia, fortalecer la confianza en las instituciones? ¿y en la ciudadanía?  

Es relevante que menciones este tema, porque en un reciente estudio que publicamos a nivel regional encontramos que, en los últimos 20 años, los niveles de confianza en las instituciones públicas en América Latina cayeron un 20% y hoy rondan apenas el 12%. Esto es grave porque significa que uno de cada cinco ciudadanos desconfía de sus instituciones, lo cual genera que las personas no se involucren en la vida pública y aumentan la percepción de que el Estado no brinda soluciones a los problemas de la población. Para recuperar la confianza, la ciudadanía demanda instituciones más transparentes, participativas y con resultados concretos en su vida diaria.  Por ello, también es fundamental fomentar la creación de espacios públicos abiertos e inclusivos, donde todas las voces puedan ser escuchadas y respetadas, fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones, y contribuyendo así a la reconstrucción de la confianza social

La transformación digital del Estado desempeña un rol clave en este contexto. Esta contribuye a fortalecer la transparencia y acceso a datos, así como fortalece la eficiencia y efectividad en la gestión de los procesos y los resultados de las políticas públicas.  En el caso del Poder Judicial, la digitalización hace que el ciudadano acompañe sus procesos, acceda a la información y mejore la percepción del servicio que recibiendo.  Todo esto contribuye a la construcción de confianza y a generar una relación solida entre la ciudadanía y las instituciones judiciales.  

¿Cómo herramientas como SISJUPAZ pueden fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres en zonas rurales, especialmente en zonas donde los índices de violencias son altos?  

Los juzgados de paz en las zonas rurales acercan la justicia a la población, por ende, son un mecanismo de resolución fundamental para generar confianza en la ciudadanía. Desde el PNUD hablamos de simplificar el acceso a la justicia, y eso significa que cada persona que acude a estos mecanismos pueda salir con la sensación de que su derecho fue plenamente reconocido.  

Lo que se está haciendo en Perú con SIJUSPAZ es innovador. La digitalización contribuye a fortalecer la gestión de los casos, dar mayor eficiencia y rapidez a los procesos y, en consecuencia, ampliar el número de personas que acceden a este servicio.  

Ahora bien, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, uno de los grandes retos en la región son los bajos niveles de denuncia. Es un proceso sensible, en el que la mujer llega en una situación de vulnerabilidad. Contar con un punto de acceso a la justicia confiable y cercano facilita la notificación de los casos y abre la posibilidad de que la ciudadanía y el poder público generen redes de protección para mujeres en situación de vulnerabilidad.  

 

 

Elderly woman typing on a laptop outdoors, with a rustic building in the background.

 

¿Cómo está promoviendo el PNUD el uso de herramientas digitales y de inteligencia artificial, desde un enfoque ético, empático y de forma que responda a las necesidades de las comunidades?  

Es fundamental entender que la tecnología es un medio, no un fin en sí mismo. La transformación digital implica primero identificar brechas, especialmente en poblaciones vulnerables, para que el proceso no termine profundizando desigualdades.  

Por eso, es importante impulsar un modelo de transición con un sistema “multipuertas”. Esto significa abrir canales digitales de acceso, pero conservar también opciones presenciales o alternativas para quienes aún no tienen alfabetización digital, no están habituados al uso de la tecnología o viven en zonas sin conectividad. La transición debe ser gradual y adaptada a las distintas realidades.  

Además, la digitalización debe contribuir al desarrollo del país. Eso implica construir un ecosistema digital y una estrategia de transformación inclusiva, en el que se fomente la alfabetización digital, la innovación local y promover que las personas y empresas nacionales participen de este proceso. La cooperación internacional es importantísima en este proceso, pero el objetivo debe ser avanzar hacia una autonomía digital, con marcos normativos e incentivos que fortalezcan la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel interno, así como la sostenibilidad de las iniciativas

Estando al inicio de la implementación del SISJUPAZ ¿qué lecciones aprendidas podrían considerarse de otros modelos de transformación digital en la región que han contribuido a fortalecer la justicia con población en situación de vulnerabilidad? ¿Nos podrías dar ejemplos?  

La tecnología es un medio y no un fin en sí misma: es importante aprovechar los procesos de transformación digital como una oportunidad para revisión de flujos técnicos y operativos, con un enfoque centrado en las personas. Hay que considerar también que la transformación digital requiere un proceso de mediano y largo plazo para consolidarse y ser sostenible. Es fundamental también la integración interinstitucional entre poderes del Estado para brindar servicios integrados y aún más efectivos a la comunidad, ya que los sistemas de gestión de casos, por ejemplo, suelen requerir intercambio de información con la policía, el Ministerio de Justicia o las políticas sociales que atienden a víctimas de violencia.  

La implementación del SISJUPAZ es una excelente oportunidad, pues abre espacios de articulación entre diferentes sectores del Estado, lo que finalmente se traduce en que el ciudadano perciba una respuesta integrada desde las instituciones públicas.

En Brasil, por ejemplo, se crearon “oficinas sociales” para la protección integral de las personas que salían del sistema carcelario. Allí se integraron datos y servicios del Poder Judicial con sectores como educación, salud, asistencia social y empleo, sumando la colaboración del sector privado. A través de una aplicación móvil, los beneficiarios podían acceder al seguimiento de sus solicitudes y a oportunidades de inclusión laboral.  

Este tipo de modelo podría inspirar futuras etapas del SISJUPAZ, especialmente en el fortalecimiento del apoyo a mujeres víctimas de violencia. Pero la transformación digital no es solo tecnológica, exige también un cambio cultural, con formación permanente de jueces de paz, operadores y usuarios, para garantizar sostenibilidad en el tiempo.  

Finalmente, quisiera destacar que el SISJUPAZ es una innovación no solo para el Perú, sino también para la región. Desde el PNUD lo vemos con gran interés y potencial, como un modelo que puede inspirar a otros países que están invirtiendo en herramientas digitales para ampliar la inclusión de poblaciones vulnerables.