Ciudad de México, 21 de agosto de 2025 —  Bajo el lema “Las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”, el viernes pasado concluyó la Decimosexta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM), celebrada del 11 al 15 de agosto en Ciudad de México. La CRM, que constituye el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región, reunió a representantes gubernamentales, organismos internacionales, sociedad civil y academia para analizar la situación regional y subregional respecto de la autonomía y los derechos de las mujeres. En adelante, el nombre oficial de este foro será Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, reconociendo las mujeres en toda su diversidad.

El PNUD celebra que los gobiernos de la región hayan adoptado el Compromiso de Tlatelolco al término de la CRM, que pasa a formar parte de la Agenda Regional de Género, que durante los últimos 48 años ha servido como guía para orientar las políticas públicas en materia de igualdad de género. El Compromiso consolida la sociedad del cuidado como un horizonte para avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenible, reconoce el cuidado como un derecho humano y exhorta al Sistema de Naciones Unidas a apoyar a los Estados en la implementación de políticas públicas de cuidados transformadoras. 

En particular, el PNUD es mencionado en los párrafos 59, 61 y 64 del Compromiso de Tlatelolco, lo que subraya nuestro papel esencial en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Además, se hace un llamado para continuar avanzando en la georreferenciación de la oferta y demanda de cuidados en los territorios, como se menciona en el párrafo 48.

El PNUD participó activamente en todos los espacios de este foro regional y, a través de la intervención de Silvia Morimoto, Representante Residente del PNUD México, reafirmó su compromiso con los gobiernos de América Latina y el Caribe para avanzar hacia una gobernanza democrática inclusiva, la resiliencia y una sociedad del cuidado como pilares del desarrollo sostenible y la prosperidad. 

En línea con lo anterior, el PNUD, junto con CEPAL, ONU Mujeres y OIT, presentó el documento “Lineamientos para políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional”, que brinda orientaciones concretas para implementar políticas de cuidado con mirada territorial en la región.

En el marco de los cinco eventos paralelos organizados por el PNUD en colaboración con distintos gobiernos, agencias del SNU y socios estratégicos, se destacó que avanzar hacia una sociedad del cuidado requiere comprender la profunda interrelación entre las personas, el clima y la naturaleza, ya que las mujeres y comunidades cuidadoras enfrentan de forma acentuada los impactos de la triple crisis planetaria – cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación –. Por eso, desde el PNUD se colabora con actores clave para impulsar una transición verde y justa, que integre la igualdad de género y el cuidado como condiciones centrales para la resiliencia climática.  

De igual forma, Guillermina Martín, Líder del Equipo Regional de Género del PNUD, afirmó que, para diseñar políticas de cuidado efectivas, es clave contar con infraestructuras digitales públicas que permitan recopilar, procesar y compartir datos en tiempo real sobre oferta, demanda, calidad y accesibilidad de los servicios de cuidados. En particular, el PNUD ha desarrollado herramientas como los mapas de cuidados georreferenciados, implementados en ocho países de la región, que permiten identificar desiertos de cuidado y orientar la planificación territorial. Durante la CRM, se presentó la nota de política “Cartografías del cuidado en América Latina y el Caribe”, que sistematiza las experiencias en la construcción de estos mapas de cuidados en la región. 

Finalmente, se señaló que los sistemas de cuidados y apoyo son esenciales para garantizar derechos, promover la autonomía y permitir la participación plena de todas las personas en la vida económica, social y política, especialmente de las mujeres con discapacidad en toda su diversidad. La inclusión no puede seguir siendo una nota al pie: debe estar en el centro de todas las políticas públicas para no dejar a nadie atrás.