Descripción general de Proyecto 

El proyecto parte del reconocimiento de los Gobiernos Departamentales como instancias clave de articulación territorial del Poder Ejecutivo, responsables de coordinar la presencia institucional en el territorio, promover la coherencia de las políticas sectoriales y facilitar la relación entre el nivel central y las dinámicas locales. En este marco, los gobiernos departamentales, bajo el liderazgo de los gobernadores/as, constituyen el punto de convergencia para la desconcentración de servicios públicos que brinda el Organismo Ejecutivo, la coordinación interinstitucional y la promoción de espacios de diálogo con la ciudadanía. La modernización del Organismo Ejecutivo implica la transformación de sus modelos de gestión, coordinación y prestación de servicios, integrando trabajo territorial como eje estratégico para acercar el Estado a la población, responder con mayor pertinencia a las necesidades locales y fortalecer la articulación entre el nivel central y los Gobiernos Departamentales. 

El propósito de este proyecto es contribuir en la construcción de una gobernanza territorial inclusiva, con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, que acerque el Estado a las personas y a los territorios, reduzca brechas de desigualdad, impulse el desarrollo económico local y fortalezca la confianza entre instituciones del Organismo Ejecutivo y ciudadanía. 

El proyecto se enfoca en tres grandes líneas de acción: 

1. La primera: fortalecer las capacidades de los gobiernos departamentales, su liderazgo, coordinación interinstitucional y su rol como articuladores del Organismo Ejecutivo en el territorio. 
2. La segunda: Apoyar a las instituciones del Organismo Ejecutivo para mejorar la calidad, cobertura, coordinación y pertinencia de los servicios públicos desconcentrados en los territorios priorizados, respondiendo de manera más efectiva a las necesidades diferenciadas de mujeres, pueblos indígenas y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
3. La tercera: promover la participación ciudadana, con mecanismos de diálogo y atención que garanticen la voz de mujeres, pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

La apuesta central es que cuando los gobiernos departamentales funcionan mejor, el Estado llega más lejos y las personas reciben servicios más eficientes, transparentes e inclusivos.

Antecedentes 

Guatemala enfrenta importantes desafíos estructurales para garantizar un desarrollo inclusivo y una presencia efectiva del Estado en todo el territorio. Actualmente, seis de cada diez personas viven en situación de pobreza y el Índice de Densidad del Estado evidencia una menor presencia institucional en zonas rurales del país, afectando de manera desproporcionada a mujeres, pueblos indígenas y otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. A ello se suma un contexto de fragilidad en la confianza ciudadana, reflejado en que el 35 % de la población expresa apoyo a la democracia y menos del 30 % manifiesta satisfacción con su funcionamiento, según datos de LAPOP. 

Aunque el país ha mantenido estabilidad económica y crecimiento en los últimos años, persisten profundas desigualdades territoriales, sociales y de género, especialmente en departamentos con altos niveles de pobreza, población indígena y limitada presencia institucional. La concentración de recursos, capacidades técnicas y procesos de toma de decisión en el nivel central ha dificultado la adaptación de las políticas públicas a las necesidades específicas de los territorios, limitando la capacidad del Estado para responder de manera oportuna y pertinente a las demandas de mujeres, pueblos indígenas, juventudes, personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos. 

En este contexto, el proyecto parte del reconocimiento de que uno de los principales desafíos de gobernanza en Guatemala radica en la persistente brecha entre la planificación nacional, la coordinación interinstitucional y la implementación efectiva de las políticas públicas en el territorio. Esta desconexión limita la capacidad de traducir las prioridades nacionales en mejoras concretas, sostenibles y equitativas en el acceso, la calidad y la oportunidad de los servicios públicos que brinda el Organismo Ejecutivo, particularmente en los departamentos con mayores rezagos socioeconómicos y brechas de género. Frente a ello, los Gobiernos Departamentales se constituyen como una instancia estratégica de articulación territorial, encargada de promover la coordinación interinstitucional, territorializar las políticas sectoriales, orientar la inversión pública hacia resultados de desarrollo y fortalecer la planificación territorial con enfoque de cierre de brechas y desarrollo inclusivo. 

En respuesta a estos desafíos, la iniciativa busca fortalecer las capacidades operativas y de coordinación de los Gobiernos Departamentales, como instancia política de nivel intermedio que conecta el gobierno central con los diferentes niveles de gestión territorial, para promover mecanismos inclusivos de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, mejorar la articulación entre planificación, presupuesto e implementación de políticas públicas, e incorporar de manera transversal los enfoques de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad. De esta forma, el proyecto contribuirá a reducir las brechas territoriales, fortalecer la gobernanza democrática y consolidar un modelo de gestión pública territorial más cercano, eficiente, participativo e inclusivo, capaz de responder de manera efectiva a las necesidades y aspiraciones de la población guatemalteca.

Resultados esperados del proyecto: 

• Los Gobiernos Departamentales ejercen de manera efectiva su rol de articulación territorial del Organismo Ejecutivo, fortaleciendo la coordinación interinstitucional, la planificación basada en evidencia y la implementación coherente de políticas públicas orientadas al cierre de brechas territoriales. 
• Las instituciones del Organismo Ejecutivo mejoran la calidad, cobertura, coordinación y pertinencia de los servicios públicos desconcentrados en los territorios priorizados, respondiendo de manera más efectiva a las necesidades diferenciadas de mujeres, pueblos indígenas y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
• La ciudadanía, particularmente mujeres, pueblos indígenas, juventudes y otros grupos históricamente excluidos, participa de manera efectiva en mecanismos de diálogo, seguimiento y retroalimentación con las instituciones públicas, fortaleciendo la legitimidad de la acción estatal y la confianza entre Estado y ciudadanía. 
• Las decisiones de planificación, programación presupuestaria e inversión pública incorporan prioridades territoriales, evidencia y mecanismos de coordinación multinivel, contribuyendo a una asignación más eficiente y equitativa de los recursos públicos. 

• Se consolida un modelo de gobernanza territorial basado en Gobiernos Departamentales, con herramientas, metodologías y mecanismos institucionalizados que pueden ser replicados y escalados a otros territorios del país. 

   

Cobertura geográfica: 

• Santa Rosa
• Sacatepéquez
• Petén
• Alta Verapaz
• Retalhuleu
• Chiquimula

• San Marcos 

   

Socio(s) implementador(es): 

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) en colaboración con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP).  

Otros efectos del Marco de Cooperación: 

Para 2026 las instituciones del Estado mejorarán la gobernanza democrática, la gestión de recursos eficiente y transparente y la toma de decisiones con base empírica, incluido el uso de la información y las tecnologías de la comunicación. 

Coordinación del proyecto

Ligia Blanco / Oficial de Gobernabilidad del PNUD en Guatemala 

• ligia.blanco@undp.org 

 Leslie Santizo / Coordinadora de proyecto

• leslie.santizo@undp.org