LocationsEconomía de los cuidados: el valor de sostener la vida
20 de Septiembre de 2026
Por:
Inka Mattila, Representante Residente de PNUD Ecuador y
Gustavo Camacho Dávila, presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria
Ninguna sociedad funciona sin cuidados. Esta afirmación, que hoy se repite en foros de política pública, tarda demasiado en traducirse en decisiones concretas. Ninguna economía crece, ninguna empresa produce y ninguna comunidad prospera sin el trabajo diario que sostiene los hogares: criar, acompañar, atender a niñas y niños, a personas mayores, a quienes viven con discapacidad o atraviesan una enfermedad. Durante décadas, ese trabajo quedó fuera de las estadísticas y, por tanto, fuera de la conversación sobre política pública.
Durante mucho tiempo el análisis económico concentró su atención en la producción y el intercambio que tienen lugar en el mercado, dejando en un segundo plano los trabajos y actividades que hacen posible la reproducción y el sostenimiento cotidiano de la vida. Diversos estudios han contribuido a ampliar estas fronteras, mostrando que la actividad mercantil se sostiene también sobre un conjunto de trabajos de cuidados, muchos de ellos no remunerados y realizados históricamente de manera predominante por las mujeres.
Hablar de economía de los cuidados implica, por tanto, reconocer el valor económico y social de estas actividades y su relación con el funcionamiento del conjunto de la economía. Los cuidados son indispensables para la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas y comprenden distintas dimensiones: pueden ser remunerados o no remunerados, desarrollarse en el ámbito público o privado e involucrar tanto aspectos materiales como relacionales.
No obstante, la centralidad de los cuidados no ha sido suficiente para traducir este reconocimiento en decisiones concretas de política pública. Millones de horas de trabajo no remunerado -realizadas en su enorme mayoría por mujeres- han funcionado como un subsidio invisible que ha permitido que la economía “formal” opere sin pagar su verdadero costo.
Ese fue uno de los puntos que atravesó el conversatorio “Entre cuidados y dinero: maternidad, economía e inclusión financiera”, realizado el 20 de mayo de 2026 por el Banco Central del Ecuador y la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. El encuentro buscó visibilizar el trabajo de cuidados, analizar sus efectos sobre la autonomía económica de las mujeres y explorar su relación con la inclusión financiera desde un enfoque de género.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y desde la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) compartimos una premisa que todavía genera resistencias: la economía del cuidado no constituye un capítulo aislado de la agenda de igualdad de género, sino una dimensión central del desarrollo, con implicaciones económicas, sociales y financiera.
Cuidar también es construir economía
En Ecuador, las mujeres destinan más de 30 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; los hombres, menos de 15. La brecha no es casualidad ni el resultado de decisiones puramente individuales. Es la consecuencia de normas sociales y arreglos económicos que, durante generaciones, delegaron en las mujeres la responsabilidad de cuidar.
Como señaló Inka Mattila, representante del PNUD en Ecuador, durante el conversatorio, las brechas de género no solamente vulneran derechos: también ralentizan el progreso y reducen la capacidad de las sociedades para alcanzar un desarrollo humano resiliente.
Cuando una mujer asume los cuidados de manera exclusiva o desproporcionada, su trayectoria educativa se interrumpe, su empleo se precariza o directamente migra hacia la informalidad. Y lo que se detiene ahí no se recupera fácilmente. Las consecuencias se acumulan: menos ingresos, más dependencia económica, menor capacidad de ahorro, dificultad para construir patrimonio y una protección social que llega tarde o no llega.
El trabajo de cuidados no remunerado representa cerca de una quinta parte de la actividad económica del país. Su magnitud evidencia la necesidad de situar los cuidados en el centro de la discusión sobre política pública. Sin embargo, mientras no se reconozca como parte de la infraestructura económica y social al mismo nivel que una carretera o una red eléctrica, seguirá sosteniendo, en silencio, al aparato productivo.
Como enfatizó Gustavo Camacho Dávila, Presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, hablar de economía del cuidado significa reconocer que cuidar también produce bienestar, cohesión social y desarrollo. No estamos únicamente frente a un asunto de política social: estamos hablando de justicia económica, productividad, democracia e inclusión financiera.
De la pobreza de tiempo a la exclusión financiera
El tiempo es un recurso económico. Cuando una mujer dedica buena parte de su día a cuidar, le queda menos margen para un empleo formal, para capacitarse, para emprender, para tejer redes comerciales o simplemente para acercarse a una institución financiera.
En Ecuador, más de la mitad de las mujeres ocupadas trabaja en el sector informal. Esa cifra no siempre refleja una elección libre: para muchas, la informalidad es una alternativa para conciliar la generación de ingresos con responsabilidades de cuidado que no se distribuyen de manera equitativa con sus parejas; o que se profundizan en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde las responsabilidades de cuidado y sostenimiento económico del hogar recaen principalmente sobre una misma persona.
Estas condiciones también tienen implicaciones para la inclusión financiera de las mujeres. El problema es que la informalidad, además de precaria, es excluyente. La irregularidad de los ingresos, la falta de garantías tradicionales o de un historial crediticio puede limitar el acceso al crédito productivo, seguros y mecanismos de ahorro, precisamente cuando estas herramientas resultan necesarias para enfrentar riesgos, fortalecer actividades productivas o hacer crecer un emprendimiento.
Estas desigualdades configuran una relación que las políticas públicas y financieras deben considerar: la distribución desigual del cuidado genera pobreza de tiempo; la pobreza de tiempo restringe las oportunidades laborales; y la precariedad laboral reduce las posibilidades de inclusión financiera y autonomía económica.
Por eso, medir la inclusión financiera solo por el número de mujeres con una cuenta bancaria es, en el mejor de los casos, insuficiente. Es necesario evaluar también si esos productos o servicios financieros son accesibles, útiles, seguros y responden efectivamente a las necesidades y condiciones de vida de las personas que los utilizan.
Igualdad de género: una apuesta inteligente para la economía
Incorporar una perspectiva de género en el sistema financiero no es solo una cuestión de justicia. Es, también, una cuestión de eficiencia económica.
La evidencia recogida en el conversatorio es elocuente: las carteras de crédito de mujeres suelen registrar menores niveles de morosidad. Y, aun así, los negocios liderados por mujeres siguen encontrándose con más exigencias de garantías, plazos que no se ajustan a los ciclos y características de sus actividades económicas, y modelos de evaluación que no reflejan adecuadamente las características de sus flujos de ingresos. La contradicción es evidente: persisten mayores exigencias de acces al financiamiento, aun cuando las carteras de crédito de mujeres registran menores niveles de morosidad.
Ampliar el financiamiento hacia las mujeres no responde únicamente a un objetivo de equidad; también contribuye a diversificar las carteras de crédito, fortalecer sus actividades productivas, mejorar la resiliencia de los hogares y amplía los recursos disponibles para las comunidades.
Pero hay que evitar una simplificación frecuente: las mujeres no constituyen un grupo homogéneo. Las condiciones y barreras que enfrentan las mujeres difieren según el territorio, la pertenencia étnica, la situación laboral, la condición migratoria y otras dimensiones. Así, por ejemplo, la realidad de una mujer indígena en un territorio rural no se parece a la de una mujer urbana; una trabajadora asalariada enfrenta obstáculos distintos a los de una cuidadora informal; y una mujer migrante encuentra restricciones que poco tienen que ver con las de una profesional conectada de forma permanente. Desconocer estas variables que atraviesan a las mujeres en su diversidad, limita la capacidad de diseñar políticas financieras pertinentes y efectivas.
Por eso la inclusión financiera solo puede construirse con enfoques que combinen género, interseccionalidad, territorialidad e intergeneracionalidad, en lugar de aplicar enfoques homogéneos a contextos y necesidades diversas.
Una oportunidad para la política de inclusión financiera
La actualización de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera es una oportunidad concreta, no solo declarativa, para que Ecuador estreche la relación entre política financiera, igualdad de género y economía del cuidado.
Desde el PNUD y la JPRFM creemos que este proceso puede ayudar a superar un enfoque centrado casi exclusivamente en el acceso, para avanzar hacia una noción más completa de inclusión financiera: una que incorpore calidad, uso efectivo, protección a las personas usuarias y capacidad real de generar autonomía económica.
Proponemos organizar esta agenda alrededor de cinco prioridades.
i) Información para tomar mejores decisiones
Es indispensable fortalecer la generación y el uso de datos desagregados por sexo, edad, territorio, pertenencia étnica, condición migratoria, discapacidad y situación laboral.
Igual de urgente es cruzar la información financiera con las encuestas de uso del tiempo y con los datos sobre informalidad, empleo, ingresos y responsabilidades de cuidado. Solo así será posible entender no solo quiénes están fuera del sistema financiero, sino por qué lo están.
Incorporar indicadores de género en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera permitiría medir algo que hoy se da por supuesto sin evidencia suficiente: si los servicios financieros realmente mejoran los ingresos, fortalecen los negocios, amplían los activos y reducen la vulnerabilidad económica de las mujeres.
ii) Productos financieros que reconozcan las realidades del cuidado
Los productos financieros deben ajustarse al ciclo de vida y a las necesidades de las mujeres, especialmente si estas combinan actividad productiva con responsabilidades de cuidado.
Eso implica revisar los requisitos tradicionales de garantías, construir mecanismos alternativos para evaluar capacidad de pago, ofrecer condiciones más flexibles y diseñar productos que reconozcan la naturaleza de los emprendimientos informales, comunitarios o vinculados directamente a la economía del cuidado.
La innovación financiera con enfoque de género no se limita a crear productos específicamente dirigidos a mujeres. Se trata de revisar de manera integral, cómo los procesos de evaluación, los horarios de atención, los canales digitales y la educación financiera terminan reproduciendo, o pueden ayudar a reducir, las desigualdades existentes.
iii) Instituciones financieras comprometidas con la igualdad
El Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas Financieras, impulsado por el PNUD en Ecuador, es una herramienta concreta para que bancos y entidades financieras integren la igualdad de género en su estructura y operación, no solo en su discurso.
El Sello permite revisar la gobernanza institucional, la gestión del talento humano, las políticas internas, los sistemas de información, la atención a la clientela, los modelos de evaluación de riesgos y el diseño de productos.
Como destacó Inka Mattila, la perspectiva de género debe formar parte del “ADN” de las instituciones financieras. Esto significa pasar de iniciativas aisladas a transformaciones sostenibles en los modelos de negocio, las decisiones de inversión y las relaciones con las personas usuarias.
iv) Financiamiento para infraestructura y servicios de cuidado
La economía del cuidado también es, en sentido estricto, una oportunidad de inversión.
Los mapas territoriales de cuidado que impulsa el PNUD cruzan la demanda de cuidados con la oferta de servicios existente. Esa información permite identificar territorialmente las brechas entre la demanda y la oferta de servicios de cuidado, dónde faltan centros de desarrollo infantil, servicios para personas mayores, soluciones para personas con discapacidad y otros servicios esenciales.
Para el sistema financiero, esos mapas pueden constituir un insumo para orientar el crédito productivo, inversión de impacto y alianzas público-privadas hacia los territorios y sectores que realmente lo necesitan.
Invertir en sistemas integrales de cuidado no es un gasto social aislado: genera empleo, profesionaliza actividades que históricamente han sido invisibles, alivia la carga de los hogares y libera tiempo para que más mujeres puedan estudiar, trabajar, emprender o simplemente participar de la vida económica en igualdad de condiciones.
v) Corresponsabilidad y alianzas institucionales
La construcción de un sistema integral de cuidados requiere la articulación de múltiples actores. Se necesita una alianza real entre instituciones públicas, entidades financieras, empresas, gobiernos locales, organizaciones sociales, academia, cooperación internacional, comunidades y familias.
Como señaló Gustavo Camacho, cuidar no es “ayudar”. Es una responsabilidad social compartida. Mientras esa responsabilidad siga recayendo de forma desigual sobre las mujeres, las políticas de empleo, emprendimiento e inclusión financiera continuarán enfrentando limitaciones para alcanzar sus objetivos de igualdad y autonomía económica.
Las empresas también desempeñan un papel fundamental en esta corresponsabilidad. La conciliación entre vida laboral y familiar no es un privilegio ni un beneficio adicional: es una condición para construir organizaciones más productivas, más sostenibles y capaces de retener talento.
Poner la vida en el centro de las decisiones económicas
Como representantes de dos instituciones comprometidas con el desarrollo económico del Ecuador, estamos convencidos de que la economía del cuidado no puede seguir siendo un tema secundario en las decisiones públicas y financieras.
Desde la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria entendemos la inclusión financiera como una herramienta de autonomía y democracia. Eso exige políticas, instrumentos y regulaciones capaces de ayudar a las mujeres a superar tanto los “techos de cristal” que limitan su acceso a posiciones de liderazgo, como los “pisos pegajosos” asociados a la permanencia de las mujeres en trabajos informales, precarios o de baja remuneración.
Desde el PNUD acompañamos al Ecuador en la construcción de un desarrollo humano que ponga a las personas en el centro, genere resiliencia y transforme las estructuras que producen desigualdad. Nuestra experiencia regional en sistemas integrales de cuidado, generación de información, igualdad de género e inclusión financiera puede aportar a que el país avance hacia soluciones integrales y sostenibles en el tiempo.
El desarrollo, desde esta perspectiva, se mide por la capacidad de una sociedad de garantizar bienestar, dignidad, protección y oportunidades para todas las personas, no solo para quienes ya cuentan con condiciones favorables de partida.
Reconocer el cuidado, redistribuir sus responsabilidades y movilizar financiamiento hacia los servicios e infraestructuras que lo sostienen no es solo una forma de ampliar la autonomía económica de las mujeres. Es, también, una condición para construir una economía más productiva y resiliente, un sistema financiero más innovador y un Ecuador más igualitario.
Los cuidados sostienen la vida. También sostienen la economía. Ya es momento de que nuestras políticas, nuestras instituciones y nuestros sistemas financieros empiecen a reconocer, de una vez, su verdadero valor.
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