El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina, en asociación con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA/UCA) realizó una investigación que refleja la relevancia del acceso a servicios de justicia de las personas en contextos de pobreza y desigualdad social.

El estudio es innovador por varias razones: (i) constituye el primer testeo del indicador global de acceso a justicia civil de la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) (ii) analiza el acceso según las opciones previstas en dicho indicador y cruza los datos con los de la Encuesta de Desigualdades 2022 del ODSA/UCA brindando información según condiciones de desigualdad – datos socio-económicos -y; (iii) va más allá del indicador al indagar por ejemplo, sobre aspectos de reconocimiento de la naturaleza legal de los problemas que enfrentan las personas y de satisfacción con el proceso de solución de controversias elegido.

La oficina de PNUD Argentina es, además, pionera en la realización de este tipo de estudios destacándose la metodología - PNUD diseño un instrumento de medición de acceso a justicia que fue incluido en la Encuesta de la Deuda Social Argentina2022 – Serie para la Equidad - y los aportes de conocimiento a la discusión global sobre como medir el acceso ajusticia, los obstáculos al acceso, la relación entre acceso a justicia y condiciones de pobreza y desigualdad, entre otros temas.

Esta inclusión del módulo de justicia en una encuesta de pobreza de alcance nacional, permite capitalizar y explorar la potencialidad del indicador global de acceso a la justicia civil para toda la Agenda 2030 (ODS16.3.3). En este reporte se investiga sobre la existencia de problemas legales y el acceso a instituciones formales e informales para resolverlos, y va más allá al indagar sobre el reconocimiento de la dimensión legal de los problemas que enfrentan las personas.

La muestra alcanzo los 5740 casos y abarco los principales aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño de estos. Se realizo durante cuatro meses del segundo semestre de 2022.

Uno de los resultados del estudio es que seis de cada diez personas de la población urbana del país que tuvieron un problema en los últimos dos años accedió a un mecanismo de solución de controversias.

Otros hallazgos a considerar
- De los que accedieron a un mecanismo de solución de controversias 75,3% optó por un mecanismo formal, el 11,6% por un mecanismo informal y el 13% restante no refiere el tipo de mecanismo utilizado;
- A mayor estrato socio-ocupacional, se obtiene un mayor acceso a justicia. Mientras que ocho de cada diez entrevistados del estrato socio-ocupacional medio profesional lograron acceder a mecanismos de solución disputas, sólo seis de cada diez accedieron entre los entrevistados de las clases más bajas: media tradicional, trabajadora integrada y trabajadora pobre.
- El sexo de las personas no presentó incidencias relevantes mientras que la franja etaria 30 a 49 fue la que tuvo porcentajes más altos de acceso, siendo a su vez los jóvenes quienes presentaron los más bajos.
- Las variables discapacidad y lugar de nacimiento presentaron incidencias relevantes, las personas con discapacidad y los migrantes tuvieron menor acceso a justicia, que sus pares sin discapacidad y no migrantes, mientras que el nivel educativo, no parece impactar de manera relevante.

- Los jueces, juicios y tribunales fueron quienes más resolvieron cuando las personas accedieron a un mecanismo formal, mientras que la autogestión, al momento de resolver lideró la variable mecanismos no formales.
- Los condicionantes sociales referidos al nivel educativo sin secundario completo (92%), migrante (84%), y los déficits psicosociales (oscilaron entre un 82 y 89%) muestran los guarismos mas altos en relación con el nivel de exclusión para el goce de los beneficios que brinda la ley en relación con el acceso a la justicia. 
- Casi nadie de las personas con discapacidad o en condición de indigencia, 96% y 94,4% respectivamente, pudieron reconocer la dimensión legal de un problema que objetivamente estaba presente.

El evento de presentación de los resultados se realizo el 28 de junio y participaron autoridades de PNUD, del Gobierno Nacional argentino y los consultores que desarrollaron el estudio.

Descargar el informe completo del siguiente enlace.

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