La Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores establece el marco jurídico venezolano orientado a garantizar el respeto a la dignidad humana, la autonomía y el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores, reconociéndolas como sujetas plenas de derecho y actores fundamentales del desarrollo social. 

Esta normativa tiene por objeto asegurar la atención integral de las personas adultas mayores, promoviendo su bienestar, calidad de vida y envejecimiento saludable, activo, digno y feliz, en corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad. Asimismo, impulsa su inclusión, participación y reconocimiento en todos los ámbitos de la vida social, económica y comunitaria.

La Ley se fundamenta en principios de dignidad, igualdad y no discriminación, equidad de género, autonomía, participación, solidaridad y enfoque de curso de vida, estableciendo la obligación de garantizar una atención preferencial y la eliminación de barreras que afecten el ejercicio pleno de sus derechos.

A través de sus disposiciones, el instrumento reconoce un amplio conjunto de derechos, entre los que destacan la autonomía e independencia, la participación social y política, el acceso al trabajo en condiciones de igualdad, la inclusión económica, el acceso a la salud integral, la alimentación adecuada, la vivienda digna y la participación en actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas. 

Asimismo, la Ley establece obligaciones del Estado para diseñar e implementar políticas públicas integrales, incluyendo programas de atención domiciliaria, formación de cuidadores, promoción de la gerontología, acceso a servicios de salud especializados y mecanismos de inclusión social y económica. También contempla medidas específicas de protección para personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o riesgo, así como en contextos de emergencia o desastres. 

En su conjunto, este instrumento consolida un enfoque de derechos humanos y envejecimiento activo, orientado a garantizar la protección integral, la inclusión social y la mejora sostenida de la calidad de vida de las personas adultas mayores, contribuyendo al desarrollo de políticas públicas inclusivas y al fortalecimiento del tejido social en Venezuela.