El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta su Reporte Macroeconómico de Venezuela correspondiente al primer semestre de 2026, en el que proyecta un crecimiento del producto interno bruto (PIB) cercano a 6,5 % al cierre del año e incorpora una primera estimación de los efectos económicos del doble sismo ocurrido el 24 de junio. El informe destaca que, más allá de su impacto sobre la actividad económica, el desastre produjo pérdidas humanas, sociales y patrimoniales de gran magnitud, que deben ocupar un lugar central en las prioridades de respuesta y recuperación.

El primer semestre estuvo marcado por dos procesos de naturaleza muy distinta. Por una parte, cambios estructurales en los sectores de hidrocarburos y minería. Por la otra, el doble sismo del 24 de junio, uno de los desastres de mayor magnitud registrados en el país durante las últimas décadas.

Una economía que mantuvo su expansión

La actividad económica continuó creciendo durante el semestre, respaldada principalmente por la recuperación del sector petrolero, cuya producción promedió 1,09 millones de barriles diarios, el dinamismo del comercio y una mayor disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones.

Los ingresos fiscales, tanto tributarios como petroleros, también registraron una recuperación significativa. Sin embargo, esta expansión continuó coexistiendo con una inflación elevada. Aunque el ritmo de aumento de los precios se moderó durante buena parte del semestre, volvió a acelerarse en junio. El reporte proyecta una inflación cercana a 385 % al cierre de 2026.

Una economía en transformación

Durante el período analizado, la economía venezolana comenzó a desenvolverse en un contexto caracterizado por una apertura externa gradual y por reformas en los marcos jurídicos de los sectores de hidrocarburos y minería, que ampliaron los espacios para la participación del capital privado nacional e internacional. El informe también registra avances significativos hacia la normalización de las relaciones con organismos financieros multilaterales.

Este nuevo escenario plantea oportunidades relevantes. Los flujos asociados a la actividad petrolera puede contribuir a financiar la inversión productiva, ampliar la capacidad de crecimiento y respaldar el proceso de reconstrucción. Asimismo, una mayor participación del sector privado puede favorecer la construcción de consensos en torno a un modelo de desarrollo más productivo y diversificado.

Al mismo tiempo, el reporte advierte sobre el riesgo de profundizar la dependencia de las actividades extractivas. A la tradicional centralidad de los hidrocarburos se suma la minería, con posibles efectos ambientales y sociales sobre los territorios y sobre los derechos y medios de vida de los pueblos indígenas.

Un impacto humano y social que supera su expresión económica

El doble sismo del 24 de junio ocasionó pérdidas de vidas humanas, desplazamientos de población, destrucción de viviendas y afectaciones significativas a los servicios básicos, particularmente en el estado La Guaira.

Estas consecuencias no se reflejan plenamente en los principales agregados macroeconómicos. Sin embargo, desde una perspectiva de

desarrollo humano, constituyen las dimensiones más relevantes del desastre y deben orientar la definición de las prioridades de respuesta, recuperación y reconstrucción.

De acuerdo con las estimaciones preliminares del PNUD, los daños directos ocasionados por el evento se ubican en torno a 6.700 millones de dólares.

¿Por qué una pérdida patrimonial de esta magnitud tendría un efecto relativamente acotado sobre el crecimiento económico de 2026? La explicación principal es que el PIB mide el valor de la producción generada durante un período determinado, pero no el valor total de los activos o del patrimonio de un país.

A ello se suman tres factores. En primer lugar, el desastre ocurrió al cierre del primer semestre, por lo que la mayor parte de sus efectos económicos se concentrará durante la segunda mitad del año. En segundo lugar, la infraestructura estratégica vinculada a la actividad petrolera no habría sufrido daños significativos. Finalmente, las actividades de recuperación y reconstrucción podrían generar efectos expansivos sobre sectores como la construcción, la manufactura y algunos servicios.

Este efecto positivo sobre la actividad económica y el empleo no se producirá de manera automática. Para que la demanda generada por la reconstrucción se traduzca efectivamente en una mayor producción nacional de bienes y servicios, resulta fundamental que el sector privado venezolano participe de manera central en el proceso y que las inversiones y adquisiciones se apoyen, en la mayor medida posible, en las capacidades productivas internas. De lo contrario, una proporción significativa de este impulso podría canalizarse hacia un aumento de las importaciones, reduciendo su efecto multiplicador sobre el PIB, el empleo y la recuperación de las empresas nacionales.

Como resultado, el escenario base del reporte estima que el desastre reducirá en aproximadamente 0,5 puntos porcentuales el crecimiento previsto antes del evento.

Perspectivas para el cierre de 2026

El reporte proyecta un crecimiento del PIB cercano a 6,5 % al cierre de 2026. Esta estimación ya incorpora la reducción de medio punto porcentual asociada al impacto inicial del sismo, pero no incluye plenamente los efectos de demanda derivados de la reconstrucción, que podrían manifestarse con mayor intensidad durante 2027.

A pesar de las perspectivas de expansión, persisten importantes desafíos estructurales, entre ellos la elevada inflación, la volatilidad cambiaria, las limitaciones del sistema eléctrico y la reducción acumulada de la capacidad productiva. Estos factores continuarán condicionando la sostenibilidad del crecimiento en el mediano plazo.

Reconstruir mejor para fortalecer la resiliencia

El informe destaca que la recuperación no debe limitarse a reponer la infraestructura y los activos destruidos. El principio de reconstruir mejor implica aprovechar el proceso de reconstrucción para elevar la calidad, la seguridad, la resiliencia y la inclusión de las viviendas, la infraestructura y los servicios públicos.

Una reconstrucción orientada por este principio puede contribuir no solo a recuperar los territorios afectados, sino también a reducir vulnerabilidades preexistentes, fortalecer las capacidades institucionales y dinamizar el tejido productivo nacional. Para ello, será importante promover la participación de empresas nacionales, proveedores locales y trabajadores de las comunidades afectadas, de manera que la inversión en reconstrucción genere empleo, fortalezca las capacidades productivas y produzca beneficios económicos sostenibles en los territorios.