El Decreto Constituyente para la Promoción y Protección del Parto y el Nacimiento Humanizado establece el marco jurídico venezolano orientado a garantizar el derecho humano a una gestación, parto y nacimiento basados en el respeto, la dignidad y la humanización de estos procesos, reconociéndolos como acontecimientos naturales, sociales y culturales. 

Esta normativa tiene por objeto promover, proteger y asegurar condiciones adecuadas para la vivencia del embarazo, el parto, el nacimiento y el posparto, garantizando relaciones basadas en el afecto, la seguridad, el respeto y la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad. 

El instrumento se fundamenta en principios como el protagonismo de la madre, el recién nacido y la familia, el respeto a los procesos fisiológicos, la atención integral con calidad y calidez, el uso racional de la tecnología y la medicalización, así como el respeto a la diversidad cultural e intercultural.

A través de sus disposiciones, la norma reconoce un conjunto de derechos fundamentales, entre los que destacan el derecho a recibir información integral y oportuna, a decidir de forma libre e informada sobre el proceso de parto, a ser tratadas como personas sanas, a un trato digno, a la privacidad y a la confidencialidad. Asimismo, garantiza el acompañamiento durante el parto, el apego inmediato entre madre e hijo o hija, la lactancia materna y el alojamiento conjunto. 

El Decreto también establece la obligación de los servicios de salud de brindar atención humanizada, personalizada e integral, prohibiendo prácticas innecesarias, invasivas o que vulneren la dignidad de las mujeres y sus familias, así como cualquier forma de maltrato, medicalización excesiva o separación injustificada del recién nacido. 

Asimismo, promueve la implementación de políticas públicas, programas de formación perinatal, campañas educativas y mecanismos comunitarios de acompañamiento, incluyendo el Plan Nacional de Parto Humanizado y la participación del poder popular en la promoción y defensa de estos derechos. 

En su conjunto, este instrumento consolida un enfoque de derechos humanos y justicia social, orientado a dignificar la experiencia del parto y el nacimiento, garantizar la protección integral de madres, recién nacidos y familias, y transformar las prácticas institucionales hacia modelos de atención respetuosos, inclusivos y humanizados en Venezuela.