El Gobierno de Venezuela, el Sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial avanzan de manera coordinada en la Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA), con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La evaluación servirá de base para orientar la identificación y priorización de las intervenciones y la elaboración de un Marco de Recuperación Resiliente
Venezuela avanza en la Evaluación de Necesidades Post-Desastre para orientar la recuperación tras los terremotos
4 de Agosto de 2026
Caracas, 4 de agosto de 2026. – El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los socios internacionales continúan avanzando en la Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés), un ejercicio conjunto que permitirá cuantificar los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación ocasionadas por los terremotos del pasado 24 de junio, como base para la planificación de la recuperación de las zonas afectadas.
El proceso fue oficializado el pasado 29 de julio durante un acto encabezado por la Presidenta Encargada de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la participación del Sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial, CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, así como de las autoridades nacionales responsables de liderar los distintos sectores de la recuperación.
Como parte del inicio del proceso, los días 30 y 31 de julio se desarrolló el taller técnico del PDNA, que reunió a 110 especialistas de más de 35 instituciones nacionales e internacionales. Durante el encuentro se inició la aplicación de esta metodología común de evaluación y la organización de los grupos de trabajo responsables de analizar los impactos del desastre.
La estructura de coordinación interinstitucional articula a las tres Vicepresidencias Sectoriales del Gobierno con el Sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial, el BID y CAF. Esta estructura reúne equipos sectoriales y transversales encargados de evaluar la afectación en los aspectos sociales, productivos y de infraestructura, así como el impacto macroeconómico y humano, ocasionados por los terremotos, mediante una metodología que permitirá construir un diagnóstico compartido sobre los efectos del desastre.
La evaluación abarca el estado La Guaira, el Área Metropolitana de Caracas y las zonas afectadas de los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy. A través de catorce sectores y temas transversales, se analizarán los efectos del desastre en ámbitos como vivienda, salud, educación, agua y saneamiento, energía, transporte, telecomunicaciones, sistemas alimentarios, comercio, industria y turismo, así como el impactos macroeconómico, humano y ambiental y sus implicaciones para la reducción del riesgo de desastres.
Como parte de esta fase inicial, también se estableció un mecanismo permanente de seguimiento para apoyar el trabajo de los grupos sectoriales. Este incluye reuniones periódicas entre líderes y colíderes, espacios de trabajo bilaterales y un sistema compartido para el intercambio, almacenamiento y organización de la información técnica que sustentará la evaluación.
El PDNA se desarrolla en el marco del mecanismo tripartito de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, con la participación y el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
El Gobierno de Venezuela lidera el proceso, apoyado por una estructura de dirección estratégica y coordinación técnica que reúne a las instituciones participantes. Esta estructura facilita la articulación entre las autoridades nacionales, la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, el PNUD, la Delegación de la Unión Europea, el Banco Mundial y las demás instituciones involucradas.
A solicitud del Gobierno de Venezuela, la evaluación se desarrollará durante las próximas semanas y dará lugar a un Marco de Recuperación Resiliente. Este documento estratégico orientará la recuperación social, económica, ambiental y de la infraestructura en las zonas afectadas, y contribuirá a sentar las bases de un proceso de desarrollo más seguro, inclusivo, resiliente y sostenible.