El trabajo del hogar remunerado y el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, sostienen la vida, el bienestar social y el funcionamiento de la economía. Aunque se trata de ámbitos distintos, ambos requieren mayor reconocimiento social, protección efectiva de derechos y una distribución más justa de las responsabilidades de cuidado.

En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca la importancia de avanzar en el reconocimiento, la redistribución y la protección de los cuidados, así como en la dignificación de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, como parte de una agenda fundamental para la justicia social y el desarrollo humano sostenible.

En Venezuela, este reconocimiento cuenta con un importante fundamento constitucional. El artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, y establece el deber del Estado de garantizar la igualdad y equidad entre mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Asimismo, reconoce el derecho a la seguridad social de las amas de casa, de conformidad con la ley. Sin embargo, en la práctica, el trabajo doméstico y de cuidados continúa siendo altamente feminizado, insuficientemente reconocido y desigualmente distribuido, lo que profundiza la pobreza de tiempo, especialmente entre las mujeres.

Esta situación limita las oportunidades de acceso al empleo decente, la educación, la participación social y política, y el ejercicio pleno de otros derechos, reproduciendo desigualdades estructurales y ciclos de exclusión. Por ello, abordar la organización social del cuidado desde un enfoque de derechos, igualdad de género y corresponsabilidad resulta indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa.

En este marco, la Ley del Sistema de Cuidados para la Vida, promulgada en 2021, representa un avance significativo al reconocer los cuidados como actividades indispensables para el desarrollo humano, sujetas a los principios de igualdad, equidad, corresponsabilidad social y no discriminación. Esta Ley sienta bases relevantes para la construcción de una sociedad del cuidado, en la que el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado asuman de manera compartida la responsabilidad de cuidar, reduciendo y redistribuyendo las cargas que históricamente han recaído de forma desproporcionada sobre las mujeres.

Para las trabajadoras y los trabajadores del hogar, así como para quienes realizan labores de cuidado, estos marcos normativos abren oportunidades para avanzar hacia un mayor reconocimiento social y económico de su labor, ampliar el acceso a formación, protección social y condiciones dignas de trabajo, y fortalecer mecanismos institucionales que garanticen la protección efectiva de sus derechos.

Un llamado a la acción

Desde el PNUD, acompañamos los esfuerzos del país para integrar el enfoque de cuidados, igualdad de género y derechos humanos en las políticas públicas; fortalecer capacidades institucionales; promover el uso de datos y evidencia para visibilizar brechas; y generar espacios de diálogo que contribuyan a transformar normas sociales y patrones culturales que perpetúan la desigualdad en la organización social del cuidado.

En esta fecha conmemorativa, el PNUD reafirma la importancia de reconocer el valor social y económico del trabajo del hogar y de los cuidados, redistribuir de manera más justa estas responsabilidades y avanzar en su dignificación y profesionalización, como pasos necesarios para reducir la pobreza de tiempo, promover la igualdad y fortalecer la justicia social en Venezuela.

Construir una sociedad del cuidado es una tarea colectiva. Requiere del compromiso del Estado, del sector privado, de las comunidades y de la ciudadanía para garantizar que quienes cuidan puedan ejercer plenamente sus derechos y desarrollar sus proyectos de vida.

Escrito por: Rebeca Madriz, Especialista de Programa en Inclusión e Igualdad de Género. PNUD Venezuela.