Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que marca el inicio de los 16 Días de Activismo promovidos por la ONU. Este año, el lema global es “¡ÚNETE! Invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas”, destacando la urgencia de actuar y asignar recursos para la prevención y la protección. [unwomen.org]

En Paraguay, esta conmemoración busca visibilizar la magnitud del problema y movilizar a todos los sectores para erradicar la violencia en todas sus formas. Es un momento para reflexionar y asumir compromisos concretos. 

La violencia contra las mujeres y niñas no solo afecta a las víctimas directas; sus consecuencias se extienden a las familias, comunidades y los países. Limita el acceso de las mujeres a la educación, al empleo y a la participación política, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad. Desde PNUD se estima que esta problemática impide que las mujeres ejerzan sus derechos económicos y políticos, frenando el progreso y el desarrollo social. [undp.org]

Además, la violencia genera costos económicos significativos: pérdida de productividad, gastos en salud y justicia, y un impacto negativo en el capital humano. Erradicarla es esencial para construir sociedades más justas, resilientes y prósperas. 

En Paraguay, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que 8 de cada 10 mujeres mayores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia en su vida, ya sea psicológica (57,8%), física (25,7%), sexual (60,9%) o económica (25%). A septiembre del 2025, ya se contabilizan 28 feminicidios y 41 tentativas de feminicidio. 

La situación se agrava en contextos rurales e indígenas, donde las mujeres enfrentan múltiples formas de discriminación y violencia. Las distancias geográficas, la falta de servicios básicos y las barreras lingüísticas dificultan el acceso a justicia y protección. Estas comunidades, portadoras de saberes ancestrales y prácticas sostenibles, son fundamentales para el desarrollo territorial y la preservación cultural. Sin embargo, la violencia erosiona su autonomía y limita su participación en procesos de toma de decisiones.

Garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres rurales e indígenas no es solo un imperativo ético, sino una condición para avanzar hacia la equidad y la sostenibilidad. Invertir en programas que integren enfoque intercultural, fortalecimiento comunitario y acceso a servicios esenciales es clave para cerrar brechas históricas.

Erradicar la violencia requiere una respuesta que trascienda lo punitivo y abrace lo preventivo, lo educativo y lo cultural. Es necesario articular políticas públicas con acciones comunitarias, sector privado y cooperación internacional, promoviendo un enfoque que reconozca la diversidad y la dignidad humana. La construcción de sociedades libres de violencia demanda diálogo, inversión en prevención y la generación de oportunidades que fortalezcan la autonomía económica y social de las mujeres.

La prevención de la violencia no es solo tarea de las mujeres. Los hombres tenemos un papel fundamental como aliados en la transformación cultural. Esto implica cuestionar actitudes machistas, intervenir ante conductas violentas y promover relaciones basadas en respeto e igualdad. 

La violencia contra las mujeres y niñas es un problema estructural que amenaza el futuro del país. Su erradicación requiere políticas públicas efectivas, inversión en prevención, acceso a justicia y un cambio cultural profundo. El compromiso de todos —Estado, sociedad civil, sector privado y especialmente los hombres— es indispensable para garantizar una vida libre de violencia y avanzar hacia el desarrollo sostenible.