Entre el 13 y el 15 de julio de 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile realizaron en Puerto Varas, Región de Los Lagos, el Taller de Retroalimentación del Diagnóstico para la Implementación del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ) en Chile.

La actividad se enmarcó en el proyecto "Apoyo a la ratificación e implementación del Acuerdo BBNJ en Chile", financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo del PNUD. El proyecto tiene como objetivo apoyar las actividades necesarias para preparar la implementación del Acuerdo en el país, mediante intervenciones a nivel nacional, regional y global. A nivel nacional, se priorizó la preparación para la aplicación del Acuerdo, un paso esencial para que Chile cumpla de manera efectiva con sus obligaciones internacionales bajo este marco regulatorio.

El encuentro convocó tanto a actores gubernamentales como no gubernamentales, con el propósito de validar, complementar y priorizar los hallazgos preliminares del "Diagnóstico para la ratificación e implementación del Acuerdo BBNJ en Chile". En el caso de los actores del sector público, el taller buscó incorporar su experiencia y conocimiento para identificar brechas, capacidades y desafíos institucionales. En el caso de la sociedad civil, la academia, los gremios, los pueblos indígenas y las comunidades locales, se buscó incorporar su visión y conocimiento para identificar brechas, capacidades territoriales y desafíos.

El taller evidenció un fuerte consenso intersectorial sobre la urgencia de implementar el Acuerdo BBNJ en Chile. Los actores gubernamentales, con foco en institucionalidad y gestión, coincidieron en la necesidad de crear una institucionalidad técnica intersectorial, vinculada a la Política Oceánica Nacional, que centralice la toma de decisiones y evite la duplicación de funciones. También plantearon la necesidad de armonizar la legislación nacional vigente, especialmente en evaluación de impacto ambiental en alta mar y trazabilidad de recursos genéticos marinos, además de fortalecer los recursos humanos y tecnológicos de los servicios fiscalizadores y diseñar una arquitectura legal para recibir y administrar fondos internacionales.

Por su parte, los actores no gubernamentales, con foco en participación y descentralización, exigieron mecanismos formales y vinculantes de participación para la sociedad civil, la academia y los pueblos originarios, asegurando la consulta previa en impactos transfronterizos. Asimismo, recomendaron descentralizar la toma de decisiones integrando activamente las capacidades técnicas de las universidades y centros de investigación de la Macrozona Sur, y propusieron priorizar la cooperación internacional y las alianzas público privadas ante la incertidumbre del presupuesto estatal para la implementación.

Ambos grupos coincidieron en que el éxito del Acuerdo depende de resolver la falta de presupuesto nacional y de unificar las plataformas de información y monitoreo científico de las distintas instituciones. El trabajo evidenció además la necesidad de realizar ajustes metodológicos para los siguientes talleres del ciclo, que continuó en Valparaíso los días 17 y 18 de agosto, con el propósito de reunir los insumos necesarios para el desarrollo de una hoja de ruta de implementación del Acuerdo.