Con base en estas experiencias y estándares recogidos de instrumentos internacionales como la propia UNCAC y la Recomendación sobre Integridad Pública de la OCDE (2017), el PNUD propone en el presente documento elementos que podrían considerarse esenciales para que la Convención Constitucional los
considere al adoptar normas que regulen la conducta de convencionales y de las personas que se desempeñarán en ella.

Este documento no pretende hacer una lista exhaustiva de temas a considerar, ya que la experiencia internacional y nacional demuestra que la adopción de normas o códigos de conducta debe obedecer a cada contexto y evaluando la situación de riesgos concretos que enfrente una institución o país, siendo
en definitiva la Convención Constitucional la que debe determinar estas medidas de manera autónoma.