Martes 8 de abril de 2025.

Es un honor estar aquí hoy con tan distinguidas autoridades, docentes, jóvenes estudiantes y sus representantes para dar inicio formal al año académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile. 

Al preparar los puntos para esa charla, me puse a recordar mis años en la Universidad. Así como ustedes, estudié relaciones internacionales y ciencia política. Cuando entré a la Universidad de Brasilia en 1994, el mundo estaba atravesando una etapa de profundas transformaciones geopolíticas. Era el inicio de una nueva era tras el fin de la Guerra Fría, con la antigua Unión Soviética desmantelada. Rusia, gobernada por Boris Yeltsin, enfrentando crisis internas y la guerra brutal en Chechenia. En los Balcanes estaba la desintegración de Yugoslavia. En África, el mundo asistía con horror —y poca acción— al genocidio en Ruanda, con más de 800,000 personas muertas, mientras que Sudáfrica celebraba el fin del apartheid con la elección de Nelson Mandela como presidente. 

En Europa, avanzaba el proyecto de integración con la consolidación de la Unión Europea, en 1995 estuve un año en intercambio en Finlandia, cuando ese país entra en la Unión Europea. En América Latina, Brasil vivía un momento de esperanza con el reciente regreso a la democracia, el impeachment del Presidente Fernando Collor de Melo en 1992 y la elección de Fernando Henrique Cardoso, quien pudo hacer la estabilización económica poniendo fin a la hiperinflación. Estados Unidos reafirmaba su liderazgo global bajo la presidencia de Bill Clinton, mientras que China se perfilaba como una futura potencia en ascenso. Chile… bueno, ustedes conocen mejor que yo esa parte. 

En 1999 partí a Suiza para mi maestría en relaciones internacionales en el Instituto de Altos Estudios de Ginebra. El año 1999 era considerado la puerta de entrada al nuevo milenio, generando tanto optimismo como ansiedad, especialmente por el temor al llamado “Y2K – el bug del milenio”. En el plano geopolítico, marcó momentos clave como la intervención activa de la OTAN para poner fin en la desintegración de Yugoslavia, en la Guerra de Kosovo, con bombardeos sobre Serbia para detener la limpieza étnica contra la población albanesa. 

En Rusia, Boris Yeltsin renunció a finales de año, cediendo el poder a un entonces poco conocido Vladimir Putin. En Asia, Hong Kong cumplía dos años bajo soberanía china, en medio de crecientes tensiones sobre su autonomía y derechos. En Europa, nació el euro como moneda común para once países marcando un paso histórico en la integración regional. En América Latina, Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela, iniciando profundas transformaciones políticas e ideológicas que marcarían el rumbo del país en los años siguientes. En 1999, Donald Trump hizo público su interés en la política y, por primera vez, consideró la posibilidad de postularse para la presidencia de los EE. UU. en las elecciones de 2000. Publica su libro “La América que merecemos” donde propone reformas económicas, como una política fiscal más agresiva para reducir impuestos y frenar el déficit, defiende una postura más dura en temas como la inmigración ilegal y la seguridad nacional y también destaca la importancia de la renegociación de acuerdos comerciales para proteger los intereses de los EEUU. 

Hago ese pantallazo, porque, como probablemente muchos de ustedes saben, yo fui invitada para hablar sobre los desafíos que enfrenta actualmente el país a partir de los resultados de nuestro reciente Informe sobre Desarrollo Humano ¿Por qué nos cuesta cambiar? Conducir los cambios para un desarrollo humano sostenible, publicado en agosto del 2024. 2024, es decir, 30 años después que ingresé a la Universidad de Brasilia, para mí, parece que todo cambió y aun así muchos sienten que nada ha cambiado. 

El foco de este Informe son los Cambios sociales conducidos. Es decir, aquellas transformaciones impulsadas reflexiva e intencionalmente por actores sociales (y por tanto, fruto de la agencia colectiva), a partir de objetivos de futuro compartidos. Pero no cualquier cambio conducido es favorable al desarrollo humano sostenible. Los cambios conducidos que constituyen el foco del Informe son aquellos que garantizan la democracia y los DDHH y que no comprometen las capacidades ni oportunidades de las generaciones futuras.

Sabemos que en muchas partes del mundo la democracia enfrenta múltiples riesgos. De hecho, hay un debate en curso sobre si la democracia chilena enfrenta actualmente tensiones que pudiesen en el futuro generar retrocesos democráticos o, por el contrario, es una democracia resiliente. Vi que justamente el año pasado estuvo el profesor Gerardo Munk en esa misma instancia presentando sobre las democracias latinoamericanas. 

Cuanto a Chile, los indicadores que sostienen cada uno de estos diagnósticos difieren. Aquellos que argumentan la resiliencia suelen aludir a la estabilidad de la valoración abstracta de la democracia en la población, incluso en tiempos convulsos y políticamente complejos como los dos intentos recientes de cambio constitucional. Hicimos un estudio en el PNUD ‘Escuchas constitucionales’ que mostró que esta valoración abstracta se mantuvo durante estos procesos.

Por el contrario, quienes sostienen que la democracia chilena está desafiada, fundamentan su diagnóstico en la persistente insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, en la evaluación crítica que realizan las personas de instituciones claves para el régimen democrático (como los partidos políticos, el Congreso, el Sistema de Justicia, por nombrar algunas). Solo a modo de ejemplo, según datos de nuestras publicaciones, entre 2010 y 2023, la confianza en el Congreso tuvo una caída de 21 puntos porcentuales, mientras que la confianza en los partidos políticos se redujo en 11 puntos porcentuales. 

También la baja participación electoral constituye un desafío para la democracia chilena. Diversos estudios muestran que la participación electoral en el país fue decreciendo hasta antes del retorno del voto obligatorio en el año 2022. Y que incluso posterior a la inscripción automática y el voto obligatorio, una proporción importante de personas votaron nulo o blanco, o se excusaron por no asistir a las urnas. 

El Informe aborda varias de las tensiones que les he estado mencionando, a través de diversos indicadores tanto cuantitativos (hicimos una Encuesta Nacional de Opinión Pública con representatividad nacional) como cualitativos a través de grupos focales. Pero además da una pista sobre un aspecto clave que si no se resuelve tiene la capacidad de horadar los cimientos democráticos en el país y que constituye el corazón del Informe.

Me refiero a las dificultades del país para implementar cambios. El informe plantea una paradoja. La sociedad chilena ha cambiado intensamente. El país exhibe logros realmente destacables en desarrollo humano, reconocidos a nivel mundial. La magnitud de la reducción de la pobreza, el aumento de la esperanza de vida y el incremento de los años de escolaridad, son ejemplos del dinamismo de la sociedad chilena. 

La paradoja es que, al mismo tiempo, Chile está experimentando profundas dificultades para cambiar. Los intentos por para resolver los problemas en el área de la salud o los fracasos reiterados de los procesos constituyentes, dan cuenta de ello. Como consecuencia, las personas consideran que los cambios prometidos y esperados – especialmente en materia de derechos y protección social– no se han concretado, y ha habido también transformaciones que han empeorado sus vidas, como el aumento de delitos violentos. En este sentido, perciben un país estancado o que va de mal en peor.

¿Cómo se vincula esta evaluación negativa de los cambios recientes con la democracia? El vínculo tiene que ver con la capacidad de delivery del régimen de gobierno. El IDH muestra que muchas personas establecen una relación ambivalente con la democracia pues si bien la valoran normativamente (la mayoría prefiere vivir en un régimen democrático), consideran que la democracia funciona regular (53%) directamente mal (28% categorías mal o muy mal). 

Además, sabemos por otros estudios que una proporción importante de la población considera que para ciertos tipos de problemas, un gobierno autoritario puede ser más eficaz que uno democrático (Feedback-UDP, 2024). La evaluación de la democracia, por lo tanto no es independiente de la capacidad del sistema político para dar respuesta a las demandas de cambio de la ciudadanía. 

¿Cuál es la tesis del Informe para explicar las dificultades para cambiar? 

El Informe sostiene que la dificultad para cambiar obedece a un entramado de factores, no hay una única causa. Y dentro de estos, destaca el predominio de relaciones disfuncionales entre ciudadanía, elites y movimientos sociales. Pero también influye la relación que establecen las personas con los cambios en Chile que es lo que tradicionalmente los IDH llaman la subjetividad, el funcionamiento de las instituciones y la naturaleza del debate público.

Respecto del primero de estos factores, el Informe muestra que la relación entre la ciudadanía y las elites está marcada por los sentimientos de deuda, villanización y castigo. Las personas responsabilizan a las elites políticas y en menor medida al gran empresariado por el estancamiento y el deterioro que perciben en Chile. Consideran que estos actores han incumplido importantes promesas de cambio vinculadas a derechos y protección social, que priorizan sus intereses electorales, que desconocen las necesidades de la población, que privilegian sus ideologías políticas y que bloquean cualquier iniciativa de cambio que provenga del lado opuesto, sin considerar las necesidades de la población. Sin tener en cuenta el bien común. En este sentido las elites y especialmente los liderazgos políticos representan para la ciudadanía los “villanos” del cambio en Chile. 

Una de las consecuencias de esta relación es que las personas, en una suerte de revancha, tienden a no reconocer los avances sociales logrados por ciertas políticas públicas. Los grupos focales para este Informe muestran que los cambios positivos fueron generalmente ignorados o, al menos, cuestionados. Los datos de la encuesta confirman que la mayoría, más del 70%, no percibe avances en los ámbitos consultados. El paso de la “villanización” al “castigo”, sostiene el Informe, podría contribuir a explicar en parte el estallido de 2019 y algunos comportamientos electorales posteriores.

Pero también las elites también tienen una visión crítica de la ciudadanía. Casi la mitad de estos actores considera que las personas son individualistas o que les falta interés por lo común. Le sigue la percepción de que la ciudadanía cree que los problemas tienen fácil solución y que no sabe exactamente lo que quiere. 

El Informe revela, además, importantes diferencias entre la elite económica y el resto de las elites. Quienes representan al poder económico perciben un mayor deterioro que la elites social, política y simbólica: desean en mayor medida que las cosas en el país vuelvan a ser como antes y manifiestan más preocupación frente a la situación actual. 

También difieren en los tipos de cambios deseados y en los sueños para el país. La elite económica prioriza cambios en la seguridad en los barrios, por sobre la desigualdad de ingresos. Es, además, la única que no incluye la protección del medioambiente en sus sueños para el país. Tales diferencias pueden dificultar la construcción de acuerdos sobre el futuro. 

El Informe muestra también que los movimientos sociales han tenido efectos ambivalentes en la capacidad de conducir cambios en la sociedad chilena. Si bien pueden influir en la opinión pública y presionar al sistema político para incorporar nuevas demandas, al interactuar con la política formal, pueden adoptar lógicas que dificultan la negociación y la construcción de acuerdos. Ejemplos de estas lógicas son el maximalismo, el identitarismo, la fragmentación y el antipartidismo, presentes en los recientes procesos constituyentes, lo que contribuyó, según los grupos focales, al rechazo ciudadano de ambas propuestas.

El Informe identifica dinámicas subjetivas que inhiben la capacidad de la sociedad chilena para conducir cambios sociales, como la tendencia a exagerar la importancia del esfuerzo individual, y a minimizar el papel de la sociedad en el logro de metas y proyectos personales. 

Esto se vincula a la separación que establece la mayoría de la población entre el futuro personal y el futuro colectivo.  Muy ilustrativo fueron las palabras de una mujer en uno de los grupos focales: “El país puede que esté mal. Pero yo, no voy a dejar que el país pisotee mis sueños, mis proyectos. Independientemente de cómo esté el país, de las potencias mundiales. Y de todo lo que esté pasando y lo que vaya a pasar. Dentro de todo, la convicción interna de cada persona, es lo que a uno la lleva hacia adelante”.

Además, la mayoría percibe escasa agencia colectiva para influir en el país y al mismo tiempo considera que en Chile no ha liderazgos políticos capaces de conducir los cambios que el país requiere. Esto da cuenta de una doble impotencia. Por una parte las personas consideran que no tienen capacidades para cambiar el país. Y creen que tampoco la tienen sus representantes. A esto se suma un deterioro del tejido social y la baja disposición a participar en acciones colectivas, con niveles históricos mínimos de confianza interpersonal y participación en organizaciones desde 1999 hasta 2023.

En cuanto al futuro, el Informe muestra un importante aumento del pesimismo colectivo. En diez años disminuyeron de manera importante las expectativas positivas sobre la situación del país y se triplicaron las negativas. Además, la preocupación por el futuro colectivo aumentó a más del doble en la última década. 

El pesimismo se asocia con dos elementos clave para las capacidades para conducir los cambios: los niveles de agencia autopercibida y la evaluación que realizan las personas sobre los liderazgos políticos. El Informe muestra que las personas que creen que Chile estará peor en el futuro tienden más a percibirse a sí mismas con poca o nada capacidad de agencia para incidir en el rumbo del país y a atribuir una baja eficacia a los liderazgos políticos. 

En este sentido, el Informe sostiene que la actual crisis de representación política es también una crisis de confianza en el futuro. Esta crisis se vincula con las emociones que predominan frente a la situación actual. El Informe muestra que, frente a la situación actual del país, predominan las emociones negativas en las personas. El mismo tipo de emociones destacaba también hace una década, pero hoy esta proporción ha aumentado, pasando de un 48% a un 66%. Además, en este período algunas han cambiado de intensidad: se incrementó la preocupación, de un 21% a un 28%; aumentó cinco veces el miedo, desde un 2% a un 10%, y disminuyó la esperanza, de un 17% a un 10%. 

Al comparar con las emociones registradas durante el estallido social de 2019, se aprecia además el tránsito desde emociones con potencial movilizador, como la esperanza, hacia emociones de carácter implosivo, que conducen al retraimiento individual, como la preocupación y el miedo. 

Es posible que este giro en las emociones frente a la situación nacional se vincule con las dificultades que mostró el sistema político para interpretar y conducir las demandas del estallido, evidenciadas en el fracaso de los proyectos constitucionales o en la persistente dilación de reformas sociales que son fundamentales para la ciudadanía.

Pero no todo ha cambiado: se mantiene la rabia y también las demandas expresadas en el estallido de 2019. El Informe revela que, entre las personas que estaban a favor de estas demandas, el 83% lo sigue estando. También persiste la desconfianza hacia quienes ejercen funciones de representación y hacia las instituciones políticas. Permanece también la percepción de que la sociedad no respeta plenamente la dignidad y los derechos de las personas, con valores de 56% el 2013 y 53% en 2023. 

Y sobre todo persiste uno de los elementos clave para explicar las multitudinarias manifestaciones sociales de 2019: la villanización, esa combinación entre la desnaturalización de las frustraciones individuales y la atribución de esas frustraciones a voluntades e intereses de actores concretos. Esta atribución no es fija sino móvil: en diferentes momentos y según el acceso a posiciones de poder, la ciudadanía puede apuntar a diferentes grupos sociales o personas como culpables de las frustraciones que les afectan, y en consecuencia castigarles a través del voto, la condena social u otras prácticas. Esta lógica de villanización y castigo estuvo presente en la elección de convencionales constituyentes del proceso de 2021-2022.

También la baja disposición a asumir costos por los cambios deseados incide en la capacidad de la sociedad chilena para conducir cambios sociales. El Informe muestra que las personas son más proclives a asumir costos cuando consideran que estos se traducirán en beneficios concretos en sus vidas cotidianas, o cuando los problemas les afectan directamente. Pero la disposición a asumir costos se diluye a medida que se asocian a problemas menos directos o apuntan a beneficios para otros grupos sociales. 

Esta tendencia se aprecia claramente al intentar vincular la disposición a asumir costos por deseo de cambio. Por ejemplo, nosotros habríamos esperado, que aquellas personas que aspiran a pensiones dignas hubiesen estado más dispuestas a aportar parte de su cotización a un fondo común. Pero lo que encontramos es que la disposición a asumir costos en este caso está nula o débilmente relacionada con el deseo de mejorar las pensiones. Y lo mismo sucede con la disposición a pagar más impuestos para mejorar los servicios básicos o para reducir la desigualdad. En ambos casos, la disposición a pagar los costos es prácticamente la misma que en quienes no tienen esa preferencia de cambio.

También las lógicas de interacción predominantes en el sistema político tienen un rol relevante en las insuficientes capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios sociales. El Informe reconoce que el sistema ha tenido una considerable capacidad de respuesta a crisis y demandas sociales. Fue capaz, por ejemplo, de encauzar institucionalmente el estallido social de 2019. Sin embargo, también muestra que, en varios de los cambios demandados por la sociedad chilena, han prevalecido lógicas obstruccionistas, transversales a los diferentes conglomerados políticos. El predominio de estas lógicas obstruccionistas reduce la eficacia institucional y en consecuencia puede alimentar la desconfianza en las instituciones, además de disminuir la disposición a acatar las normas y regulaciones que aquellas establecen.

Las dificultades para cambiar se explican también por la naturaleza del debate público. El Informe muestra que el debate público en torno a cambios que generan controversias, más que un espacio de diálogo y de intercambios fructíferos, es un espacio de descalificación que promueve la incomunicación entre los actores e impide consensuar objetivos de futuro. 

Estos atributos del debate público limitan las capacidades de representación, pues las preferencias de cambio de la ciudadanía son bastante más diversas y concretas, por lo que no encajan en categorías dicotómicas. Incluyen temas vinculados a seguridad, pero también a derechos sociales, desigualdad y crecimiento. Esta mixtura no es consistente con agendas políticas unidimensionales, que promueven modelos puros de sociedad, sea centrados en la seguridad humana, el crecimiento económico o la inclusión social. 

¡No se desanimen con estos hallazgos!, porque aquí viene lo que creo es lo más importante: el informe también identifica una ventana de oportunidad muy específica para Chile, para superar las dificultades y reforzar la capacidad de conducir los cambios deseados y necesarios.

La ventana de oportunidad

Y entonces, teniendo en cuenta los resultados que he compartido con ustedes: ¿Puede Chile fortalecer las capacidades para conducir los cambios en la dirección deseada? ¿O debe resignarse y ceder al pesimismo? El Informe plantea que hay elementos suficientes para superar las dificultades e identifica, y creo sinceramente que esto es uno de sus principales aportes, varias oportunidades que pueden aprovecharse para fortalecer las capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios sociales.

Una de estas oportunidades es el deseo de cambios. 

Las personas sí quieren cambios: 88% de las ciudadanos sí quieren cambios. 67% quieren que las cosas sean de otro modo, ni como eran antes, ni como son ahora. Después de dos rechazos a los proyectos constitucionales, ese mensaje no parece evidente, pero se presenta muy claramente en la encuesta.

Además, las personas prefieren cambios profundos más que superficiales. 

Y, también después de los procesos constitucionales, la ciudadanía ha aprendido a valorar la gradualidad y la paciencia en los procesos de cambio. 

Las personas también saben lo que quieren:  la ciudadanía tiene una visión pragmática y diversa, que claramente sale de una visión dicotómica, tiene aspiraciones que son una mezcla de seguridad, derechos sociales y crecimiento económico, sin encajar en agendas unidimensionales de cambio.

Esa visión es muy diferente de la visión de las élites económica, política y social, y es un espacio fértil para tejer puentes, acercar proyectos de futuro e involucrar a las personas. 

Otra oportunidad es la continua adhesión a la democracia y la disposición favorable a la representación, junto con una revalorización de los proyectos colectivos. La alta intolerancia hacia las desigualdades, especialmente de género, ofrece un horizonte normativo para buscar arreglos sociales más justos e inclusivos.

Condiciones por construir

¿Entonces, qué hace falta? El Informe identifica varias condiciones que deben construirse para que la sociedad chilena pueda conducir cambios exitosos. 

• Entre ellas, es crucial que las élites escuchen a la ciudadanía, promuevan la participación y reconstruyan la confianza en las instituciones mediante resultados concretos en derechos y protección social.
• Sin desconocer los desafíos redistributivos, es imperativo fortalecer la base económica.  El crecimiento económico desempeña un papel fundamental en la concreción de cambios sociales.
• Es necesario adoptar otro paradigma para procesar las diferencias de las elites, es decir, también se debe asumir el conflicto como parte del cambio, replantear acuerdos de manera realista y evitar la polarización.
• Además, es necesario fortalecer los vínculos entre movimientos sociales y sistema político, y fomentar una cultura cívica que reconozca los costos y compromisos del cambio. 

Chile está inserto en el mundo. A pesar de que, el llamado ‘efecto cordillera’ protege a Chile de algunos de los desafíos globales, también hace que el país sea más vulnerable en otros. 

Y ustedes tienen un rol a jugar en eso – están y estarán en posiciones clave. Las carreras de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública tienen un rol clave en el fortalecimiento de la democracia y la respuesta a sus desafíos contemporáneos. La Administración Pública debe formar profesionales capaces de modernizar el Estado, garantizar la transparencia y mejorar la gestión de los servicios públicos, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones en Chile y el mundo, es muy baja. 

La Ciencia Política, por su parte, debe contribuir para repensar el sistema democrático y sus instituciones, abordando fenómenos como la polarización, la crisis de representación y el impacto de la desinformación, promoviendo nuevas formas de participación ciudadana y debate informado para que los resultados de la democracia alcancen a todos los ciudadanos y que estos se sientan parte. Pero repensar de verdad, por ejemplo, en como las tecnologías disruptivas impactan en la democracia – cómo el financiamiento de partidos a través de criptomonedas, por ejemplo. 

Desde una perspectiva más amplia, la formación en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública a través de la formación de sus profesionales, debe promover el diseño e implementación de políticas eficaces para avanzar en inclusión social, equidad y desarrollo sostenible, fortaleciendo la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta del Estado ante crisis. En un momento de profundos cambios, pero todavía con una serie de deudas (de demandas de cambios que no se han concretado), estas disciplinas no solo deben orientarse a analizar la realidad sociopolítica, sino también ofrecer herramientas concretas para construir un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo.

Por último quería mencionar las palabras de Violeta Parra, que en la sencillez de sus letras nos devuelve a algo muy básico: nos dice que dicha y quebranto son los dos materiales que forman su canto y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. 

Veo en ustedes  a mí misma hace 30 años y me da mucha envidia y ganas de empezar de nuevo, volver a la escuela para tener tiempo y espacio  para reflexionar sobre nuestros desafíos, y principalmente, sobre la gran oportunidad que tenemos de diseñar el mundo que queremos. 

Muchas gracias y les deseo y excelente año académico.

Más información sobre este encuentro en el sitio web de la Universidad de Chile.