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Nuestro trabajo
En protección social
El PNUD ofrece apoyo estratégico para fortalecer sistemas de protección social inclusivos, resilientes y sostenibles para no dejar a nadie atrás. Nuestro enfoque prioriza las poblaciones vulnerables y mejora las capacidades nacionales para responder y adaptarse a los shocks económicos, medioambientales, y sociales. A través de la experiencia técnica, la orientación política y las colaboraciones, ayudamos a construir sistemas que promueven la equidad, salvaguardan los medios de vida, y fomentan la resiliencia a largo plazo.
Oferta del PNUD sobre protección social en ALC
Medir la pobreza y la vulnerabilidad es esencial para evaluar la eficacia de los sistemas y políticas de protección social, así como para impulsar servicios y beneficios a los beneficiarios. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mide la pobreza en diversas dimensiones, más allá de los ingresos. La región de ALC es pionera en el desarrollo de medidas nacionales de pobreza multidimensional, con México y Colombia como precursores. Los países con un IPM nacional lo utilizan para fines como monitorizar las tendencias de pobreza, evaluar políticas de reducción de pobreza, planificación nacional, coordinación entre ministerios, asignación presupuestaria, y formulación de políticas.
En la protección social, más allá de ser una herramienta de segmentación, el IPM ayuda a establecer líneas de referencia para el seguimiento y evaluación de los impactos de las intervenciones. El IPM puede adaptarse con alta granularidad a necesidades específicas de la población, y también puede combinarse con otras fuentes de datos para adaptar las respuestas políticas a situaciones diversas.
Nuestra evaluación de los sistemas de protección social analiza las desigualdades en el mercado laboral y los sesgos de género, junto con otras variables demográficas como la etnia, la edad, y la ubicación. Algunos grupos poblacionales suelen disfrutar de acceso preferencial a una protección social integral, mientras que mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, trabajadores rurales, niños, y jóvenes suelen recibir sólo prestaciones y servicios limitados de asistencia social.
Los sistemas de protección deben ser eficaces: deben proteger a individuos y hogares de los efectos de los riesgos sociales, contra la pobreza y la vulnerabilidad, y contribuir al desarrollo humano y al crecimiento inclusivo. Los costes de los sistemas de protección social no deberían comprometer otros imperativos sociales relevantes y deberían evitar crear incentivos perversos para individuos y hogares. El PNUD ofrece a los gobiernos de la región evaluaciones tanto a nivel macro como micro.
El PNUD apoya a gobiernos y organizaciones en el diseño e implementación de estrategias eficaces para promover mercados laborales inclusivos y reducir la pobreza mediante un mayor acceso al empleo, la mejora de los medios de vida, y el fortalecimiento de la capacidad institucional.
Este apoyo incluye el diseño de programas de creación de empleo, estrategias de empleo juvenil, esquemas de seguro de desempleo, y mecanismos de apoyo a la renta. El objetivo principal es ayudar a ofrecer programas eficientes y adaptativos que respondan a los desafíos del mercado laboral y protejan a las poblaciones vulnerables.
El PNUD ayuda a los países a desarrollar su infraestructura social, incluyendo registros sociales y sistemas de identificación y pago. Esto implica abogar por la adopción o mejora de registros sociales, desarrollar estudios comparativos, analizar cuestionarios, y diseñar soluciones digitales. El apoyo del PNUD también incluye el desarrollo, implementación o expansión de estos sistemas, así como la mejora de la interoperabilidad entre registros sociales y otras bases de datos administrativas.
Mientras que el PNUD promueve el uso de soluciones digitales, en ALC el enfoque está en mejorar la infraestructura pública. Esto implica priorizar el uso de la tecnología para mejorar la calidad de los datos y reducir cargas innecesarias para posibles beneficiarios. En lugar de desplegar soluciones que requieran habilidades digitales avanzadas por parte de los usuarios, los esfuerzos priorizan enfoques inclusivos que aumenten la accesibilidad y refuercen la eficiencia de los sistemas de protección social.
La prestación de servicios de atención es crucial tanto desde la perspectiva de protección social como de género, ampliando la discusión más allá del empleo formal e informal para incluir la participación en el mercado laboral. Los servicios de atención financiados con fondos públicos son vitales para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y reducir su carga desproporcionada de cuidados no remunerados. Dado que muchos países de la región enfrentan rápidos cambios demográficos, se espera que la demanda de servicios públicos de atención para personas mayores aumente.
La baja parental y los servicios de cuidado influyen en la distribución del cuidado dentro de los hogares y la participación laboral de las mujeres, y también afectan a las brechas salariales de género. Servicios de atención bien diseñados y de alta calidad son clave para promover la igualdad de género y ofrecer soluciones sostenibles y a largo plazo.
La protección social adaptativa integra las políticas de protección social con otras dos áreas clave estrechamente vinculadas al cambio climático: la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. En este contexto, la protección social debe alinear sus herramientas y políticas para fortalecer la preparación y la respuesta ante desastres relacionados con el clima, ayudando a reducir las vulnerabilidades climáticas, absorber los choques, y mejorar la resiliencia y la recuperación. Un número creciente de marcos internacionales abogan por el papel de la protección social en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.
Los sistemas de protección social reforzados ayudan a prevenir que la pobreza provoque réplicas crecientes y, cuando se coordinan con las agencias responsables de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al clima, apoyan los esfuerzos nacionales para prepararse y responder a eventos relacionados con el clima. Esta coordinación mejora la eficacia de los sistemas de alerta temprana, permite respuestas más rápidas y garantiza que las poblaciones vulnerables reciban asistencia oportuna.
El PNUD trabaja en la protección social no sólo relacionada con la recuperación, sino también para construir resiliencia a largo plazo frente al aumento de los riesgos climáticos.
El aumento de la cobertura, la adecuación y la capacidad de respuesta de la protección social conduce a un mayor gasto público en estas pólizas. Sin embargo, esto no significa necesariamente un aumento del gasto público total o de los déficits fiscales. La financiación para la expansión de la protección social puede provenir de diversas fuentes, incluyendo reformas de pensiones, como ajustar esquemas excesivamente generosos y regresivos, y revisar subsidios generalizados, que a menudo superan el coste de la asistencia social y tienden a ser regresivos. Las acciones administrativas para cerrar las lagunas fiscales también pueden apoyar la mejora de los sistemas de protección social.
El Centro Regional del PNUD ofrece a los gobiernos servicios de formulación de políticas y evaluaciones de impacto ex ante de reformas de pensiones y subvenciones mediante micro-simulaciones fiscales. El PNUD también ofrece servicios de apoyo financiero a través del Sustainable Finance Hub, incluyendo apoyo a los Marcos Nacionales Integrados de Financiación (INFFs), Inspectores Fiscales Sin Fronteras, y esquemas de emisión de bonos temáticos de ODS.
