La participación de mujeres en alcaldías apenas supera el 10%, contrastando con avances en candidaturas legislativas.
Más cerca de la paridad en el Congreso, más lejos de las alcaldías: segunda entrega del análisis electoral 2025
15 de Septiembre de 2025
Desde la participación de personas candidatas que compitieron en las Elecciones Primarias para optar a cargos políticos como diputaciones y alcaldías, y que han sido seleccionados para participar en las Elecciones Generales de 2025, se evidencia una distribución desigual entre mujeres y hombres.
Aunque se han observado avances en ciertos niveles de elección, persisten brechas estructurales que limitan el acceso equitativo de las mujeres a los espacios de representación política.
En el nivel de candidaturas a diputaciones, la participación de mujeres se acerca de forma significativa a la paridad. A nivel nacional, 167 mujeres están postuladas como candidatas a diputadas, frente a 219 hombres, lo que representa un 43,26% del total de candidaturas. Algunos departamentos incluso alcanzan el equilibrio de género en este nivel: Atlántida, Colón, Cortés y Ocotepeque cuentan con el 50% de candidaturas de mujeres, mientras que Francisco Morazán presenta un 49,28%.
Este escenario evidencia avances importantes en la inclusión política de las mujeres en el ámbito legislativo, al menos en términos numéricos, y muestra condiciones favorables para la alternancia política entre mujeres y hombres en estos territorios.
Sin embargo, el panorama cambia drásticamente al observar las candidaturas a alcaldías. De un total de 894 candidaturas municipales, solo 98 son de mujeres, es decir, apenas el 10,96% del total. En cambio, 796 hombres aspiran a liderar los gobiernos locales, lo que equivale al 89,05%.
Esta distribución evidencia una marcada brecha en la representación política a nivel local, donde las mujeres siguen teniendo una participación limitada, especialmente en cargos ejecutivos municipales. A pesar de que el nivel municipal representa el espacio más próximo a la ciudadanía y la vida comunitaria, es también el nivel donde las mujeres enfrentan mayores barreras de acceso.
Departamentos como Yoro (24.24%) y Gracias a Dios (27.78%) presentan los porcentajes más altos de participación de mujeres en alcaldías, aunque todavía por debajo del umbral del 30%, mínimo recomendado para garantizar una representación significativa. En cambio, la mayoría de los departamentos como Atlántida (4.17%), Comayagua (4.76%), Francisco Morazán (8.33%) y Lempira (10.53%), se mantienen por debajo del 15%, reflejando una profunda exclusión de las mujeres en las estructuras locales de poder.
Cuando se compara la participación entre ambos niveles de elección, es evidente que, aunque hay avances hacia la paridad en el Congreso Nacional, estos progresos no se traducen automáticamente en una mayor presencia de mujeres en las alcaldías.
La política local sigue siendo un espacio predominantemente ocupado por hombres, y en muchos casos, ni siquiera se garantiza la alternancia entre ambos géneros en las postulaciones partidarias. Esta situación se agrava en zonas rurales e indígenas, donde las mujeres enfrentan una doble o triple carga de exclusión, tanto por razones de género como por ubicación geográfica y condición étnica.
Algunas recomendaciones claves para transformar y avanzar hacia una democracia paritaria
- El Sello de Igualdad de Género del PNUD para Instituciones Públicas
La implementación de este mecanismo transformador a entidades vinculadas con los procesos electorales, fortalece la democracia mediante la incorporación de la perspectiva de género en su gestión interna y en todas las fases del ciclo electoral. Su impacto se traduce en el fortalecimiento de normativas y reglamentos sensibles al género, la promoción de la paridad y la eliminación de barreras para la participación política de las mujeres, el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal electoral, la implementación de protocolos de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres, así como la generación de procesos electorales más inclusivos y transparentes.
Además, de acuerdo con el informe Surcando olas y contra-olas: una mirada paritaria a los derechos políticos de las mujeres en América Latina (PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional, 2019) se presentan algunas recomendaciones claves:
- Profundizar marcos legales y avanzar en nuevas reformas en escenarios nacionales diversos
En la región, la vía normativa ha sido clave para democratizar el poder político y avanzar hacia la paridad como política más efectiva, aunque persiste la necesidad de nuevas reformas que fortalezcan las cuotas, eviten retrocesos y garanticen igualdad en todos los niveles y territorios. Incluso en países con paridad numérica, se requieren medidas para asegurar la permanencia de las mujeres en la política, contrarrestando resistencias y la violencia de género en el ámbito político. Para ello, es fundamental avanzar en regulaciones específicas que dialoguen con la Convención de Belém do Pará, establezcan criterios jurídicos claros, incluyan medidas integrales de prevención, atención y monitoreo, y fortalezcan la formación de operadores de justicia con un enfoque de igualdad de género.
- Promover más y mejores transformaciones dentro de los partidos políticos
Es necesario transversalizar el enfoque de género en las leyes y en el funcionamiento de las organizaciones políticas, garantizando estructuras, programas y candidaturas paritarias. Estas organizaciones deben comprometerse a prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres mediante protocolos claros de denuncia, sanciones efectivas y la exclusión de personas candidatas con antecedentes de violencia de género. Además, deben avanzar en la nivelación de condiciones de competencia, incluyendo acciones afirmativas y una distribución equitativa del financiamiento para fortalecer el liderazgo femenino. Todo esto requiere procesos de acompañamiento, autodiagnósticos y fortalecimiento de las unidades de la mujer, promoviendo una cultura organizacional inclusiva y articulada entre mujeres dentro y fuera de cada partido.
- Reforzar las capacidades instituciones
Es fundamental fortalecer las capacidades de las autoridades electorales y otros actores institucionales para que integren el enfoque de género en su labor, garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y generen precedentes a través de medidas de protección y jurisprudencia. Asimismo, deben fiscalizar y evaluar el impacto de las acciones afirmativas y del financiamiento destinado al liderazgo de las mujeres, de modo que se puedan ajustar reformas y normativas que reduzcan la brecha entre lo aprobado y lo implementado. Estos procesos deben complementarse con la vigilancia de movimientos de mujeres, academia y organismos internacionales, así como con herramientas técnicas y argumentarios sólidos que respalden la democracia paritaria, especialmente en contextos de reformas políticas o campañas electorales donde suelen intensificarse las resistencias.
- Generar nuevas evidencias sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres
Es necesario generar evidencias periódicas y sostenibles sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, especialmente en niveles locales donde aún hay limitaciones de información. Asimismo, se requiere profundizar la investigación empírica en temas como los procesos de autonominación, los criterios de selección partidaria, las desigualdades en el financiamiento de campañas, los efectos de la representación femenina en distintos cargos y las nuevas formas de violencia política, incluidas las que ocurren en redes sociales, para diseñar políticas más eficaces hacia la democracia paritaria.
- Generar alianzas estratégicas
Es necesario generar alianzas que fortalezcan las redes de mujeres y conectarlas entre sí a nivel nacional y regional, aprovechando la tecnología y las redes sociales para difundir avances, buenas prácticas y contrarrestar discursos desfavorables. Esto implica incluir a actores diversos como legisladores, periodistas, académicos y mujeres en cargos públicos y privados, así como dialogar con los nuevos movimientos de mujeres que impulsan formas innovadoras de participación política, aprendiendo de sus estrategias e incorporándolas al sistema. Además, es clave involucrar a los hombres en estos procesos mediante metodologías específicas que promuevan masculinidades disidentes y cuestionen los roles de género tradicionales que sostienen las actuales concepciones de poder político.
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Este análisis se ha desarrollado en el contexto de las iniciativas electorales implementadas por el PNUD y financiadas por la Unión Europea.