Combatir la pobreza en contextos complejos

14 de Octubre de 2022

 

Los recientes acontecimientos -pandemia, guerras, inflación, escasez- definen un mundo cada vez más incierto que exige pensar en formas innovadoras y eficientes para enfrentar los desafíos al desarrollo. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora cada 17 de octubre, nos centramos en uno de los principales desafíos al desarrollo: la pobreza; y la contribución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para combatirla.  

La pobreza no es exclusivamente una falta de ingresos. La pobreza es un fenómeno multidimensional que incluye también la falta de capacidades básicas para vivir con dignidad. Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, como la falta de alimentos nutritivos, el acceso limitado a la atención médica, el acceso desigual a la justicia, la falta de poder político, entre otros. Estas privaciones les impiden ejercer sus derechos y perpetúan su pobreza. 

En consecuencia, y como principal organismo de las Naciones Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, el PNUD aborda la erradicación de la pobreza desde un enfoque multidimensional. Desde hace más de 45 años, el PNUD trabaja en Honduras en alianza con la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Estado, para habilitar y facilitar el acceso de la población a sus derechos al desarrollo. A continuación, detallamos acciones concretas implementadas en el país en los últimos meses.  

 

Fortalecimiento del Estado de Derecho para combatir la desigualdad  

El nuevo Informe de Desarrollo Humano de Honduras, publicado el pasado 12 de julio, se centra en el tema del Estado de Derecho. Se basa en la premisa de la importancia de avanzar por una justicia, seguridad y democracia para todos y todas como pilares del Estado de Derecho, indispensables para el desarrollo. Este aporte, liderado por el PNUD y sus socios, generó espacios e insumos, invitando al diálogo y ofreciendo propuestas para fortalecer el Estado de Derecho en Honduras, combatiendo así la desigualdad que limita las oportunidades de las personas más vulnerables, incluyendo a las personas que viven en situación de pobreza.  

Durante el periodo de construcción del Informe, se facilitaron varios espacios de intercambio con diversos sectores, incluyendo representantes de sociedad civil, academia, empresa privada, mujeres, juventudes, diáspora, iglesias, pueblos indígenas y afrodescendientes, proviniendo de los 18 departamentos del país. Adicionalmente, a través de estos espacios se han establecido redes de reflexión y de conocimiento que, con el apoyo técnico del PNUD, logran una mirada completa sobre la realidad nacional. 

El proceso de construcción del Informe incluyó la elaboración de productos de conocimiento, entre ellos, el Atlas de Desarrollo Humano: desequilibrios y potencialidades, un instrumento moderno y amigable que contiene datos basados en más de 90 indicadores de desarrollo humano y complementarios entre ellos como: salud y educación, seguridad ciudadana, vulnerabilidad ambiental, etc. El Atlas ayuda a identificar tendencias, avances, logros y desafíos en el país. La información aporta al diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia y a la profundización en los aspectos relacionados al desarrollo humano para actores de la academia o de la sociedad civil, entre otros.  

El Informe también incluye 50 propuestas integrales y estratégicas enfocadas al fortalecimiento del Estado de Derecho. Se ha desarrollado bajo el liderazgo del PNUD con el acompañamiento y apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), el Gobierno de Canadá, la Unión Europea, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

 

Modernización del sistema de identificación nacional para acceder a servicios ciudadanos más eficientes 

El derecho a la identidad habilita el acceso a otros tipos derechos humanos, como la atención en salud, la protección social, la educación, el acceso a servicios financieros, entre otros. Por lo tanto, contar con un documento de identidad seguro es un instrumento esencial para un combate eficiente contra la pobreza. 

Desde el PNUD, hemos aportado para la construcción del Sistema de Identificación Nacional (SIN), apoyando al Registro Nacional de las Personas (RNP) con la actualización de la base de datos ciudadana que ahora incluye a más de 5.5 millones personas (a diciembre 2021), así como la emisión de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) con los más altos estándares tecnológicos y de seguridad a nivel internacional, que ha sido entregado a más de 4.8 millones de personas en tiempo récord a pesar de las dificultades producidas para la COVID-19 y las tormentas tropicales ETA e IOTA.  

El desarrollo de este nuevo SNI, además, está facilitando la interoperabilidad del RNP, responsable de la implementación del SIN, con las instituciones públicas y privadas, es decir la capacidad de compartir datos con otros sistemas como los de migración, salud, seguridad, finanzas, entre otros.  

Este sistema posibilitará la transferencia de información ciudadana a instituciones públicas como, por ejemplo, la Secretaría de Salud, facilitando la prestación eficiente de servicios médicos y un control digital de pacientes y enfermedades, o hacia instituciones privadas como la Comisión Nacional de Banca y Seguros, posibilitando el desarrollo de trámites y transacciones electrónicas seguras. Esto es vital para combatir la pobreza y promover la inclusión.  

 

Reducción de conflictividad social para fomentar la participación ciudadana 

Usando la nueva base de datos ciudadana generada por el proyecto Identifícate, las entidades electorales de Honduras actualizaron el padrón electoral para las elecciones generales del 2021. De esta manera, se abordaron las mayores preocupaciones ciudadanas relacionadas al proceso electoral: la suplantación o usurpación de identidad en los centros de votación. Al contar con una base de datos ciudadana con información biométrica facial y/o dactilar, permitió a las entidades electorales confirmar la identidad de la persona votante, reduciendo de esta manera potenciales conflictos y la violencia en el contexto electoral.  

Así mismo, por medio de los proyectos electorales del PNUD y con financiamiento de la Unión Europea, se desarrolló un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que estuvo disponible por 15 días antes y 15 días después de las elecciones generales del 2021 gracias a la participación de grupos de sociedad civil. El SAT registró y monitoreó un total 105 casos de violencia electoral con el objetivo de tomar acciones para evitar escalamiento. El SAT luego fue traspasado al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y está sirviendo ahora como el único sistema con propósitos de monitoreo a nivel nacional de violaciones de derechos humanos. 

 

Implementación de transferencias monetarias para apoyar a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 

Desde el PNUD trabajamos para asistir a los países en desarrollar acciones sostenibles para atender a las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad que requieran mecanismos de protección social.  

En el contexto de aplicación de medidas sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19, que evitó que personas trabajaran y generaran ingresos por jornadas de trabajo diarias o por horas, se apoyó al Gobierno de Honduras para la emisión de una Transferencia Monetaria a través de cupones de consumo con valor monetario de 2,000 lempiras para ser canjeado por alimentos, medicamentos, productos de higiene y/o insumos de bioseguridad en establecimientos autorizados a nivel nacional.  

El PNUD con el Gobierno de Honduras y con el apoyo de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI) de la Universidad de Oxford, desarrollaron un sólido y riguroso proceso de identificación y selección de personas beneficiarias a través de la construcción de un Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM). Para llegar a la población de manera rápida y segura, y sobre todo minimizando la movilización y contacto, la distribución del bono se realizó mediante una notificación electrónica al teléfono móvil y se utilizaron centros de canje de fácil y rápido acceso. En total, se entregaron alrededor de 170 mil bonos a nivel nacional.