“Desde marzo que empezó la pandemia, nosotros no volvimos a venir a vender porque corríamos riesgo” declaró Nory García, quien vende tortillas en la calle en el departamento de Atlántida.
Testimonios como el de Nory han sido muy comunes entre las y los trabajadores informales o independientes desde que empezaron las medidas de contenciones a nivel nacional para frenar la propagación del COVID-19. La imposibilidad de salir a trabajar ha generado una profunda incertidumbre en muchas familias hondureñas, en donde 4 de cada 5 trabajadores pertenecen al sector informal[1].
En este grupo de personas que trabajan a cuenta propia, es más alto el porcentaje de mujeres (42%) que el porcentaje de hombres (37%). Las mujeres ocupan entonces una posición de mayor vulnerabilidad para enfrentar crisis como la pandemia que estamos viviendo desde hace un poco más de un año.
Protección social a población más vulnerable, usando una selección rigurosa
Se cree que en Honduras hay alrededor de 3 millones de personas ocupadas bajo condición de informalidad. Considerando que las demandas son muchas para atender a esta población, es primordial poder identificar y seleccionar a las y los más necesitados.
En ese sentido, el Gobierno de Honduras lanzó en octubre del año pasado un programa innovador de protección social llamado “Bono Único”, donde personas particularmente vulnerables a las medidas para contener el COVID-19 recibieron un bono de 2,000 lempiras para ser canjeado por alimentos, medicamentos, productos de higiene y/o insumos de bioseguridad en establecimientos designados a nivel nacional.
Una mujer residente en Choluteca, al sur del país, contó que en el 2020 vivió una situación económica limitada puesto que el sector en el que trabajada suspendió sus actividades: “Yo trabajo en el rubro de transporte escolar; y si no hay escuela, no hay alumno. Con el Bono Único compraré alimentos”.
Una de las innovaciones de este programa social fue la utilización de una metodología rigurosa para la identificación y selección de las y los beneficiarios. Se usó una herramienta denominada Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) cuya construcción fue liderada por el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford y la Universidad de Los Andes en Colombia. Esta herramienta transparente y rigurosa medía la vulnerabilidad de las personas a los impactos del COVID-19 basado en una serie de variables como la edad, la resiliencia económica o la seguridad en el empleo, entre muchos otros. Es así como, las y los más impactados fueron seleccionados para recibir esta ayuda económica.
Se usaron las bases de datos existentes del CENISS que contienen información de aproximadamente el 40% de la población del país que ya recibe algún tipo de asistencia social. Adicionalmente, se agregaron bases de datos de diversos gremios ocupacionales y se permitió el auto registro a través de la página web y el centro de llamadas del CENISS. De esta manera, se generó un registro de población afectada por las medidas de contención muy amplio.
Uso de tecnología para llegar de forma segura a las y los beneficiarios
La estrategia usada para la dispersión y que evitase el contacto o la movilización de personas a múltiples puntos para recibir y usar el bono fue utilizar notificaciones electrónicas a números de celulares previamente registrados por las personas, en alianza con las empresas de telefonía móvil. Estas notificaciones electrónicas contenían un código de bono y el monto disponible para canjear, para lo cual se trabajó con un banco local.