LocationsFortaleciendo la planificación y el gasto público en seguridad alimentaria y nutricional
17 de Diciembre de 2025
A lo largo de 2025, autoridades municipales, equipos técnicos de municipalidades y gobernaciones departamentales, así como delegados y delegadas departamentales y monitores y monitoras municipales de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula e Izabal participaron en la presentación del proyecto “Mejorar la calidad del gasto público en Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)”. El proyecto, que abarca ocho departamentos del país, busca fortalecer la planificación, la gestión de las finanzas públicas y la eficiencia del gasto público en programas vinculados a nutrición, salud, agricultura y protección social.
Durante los encuentros se presentó un panorama de la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en la región norte y nororiental del país, caracterizada por altos niveles de pobreza multidimensional y una elevada prevalencia de desnutrición crónica infantil. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE), Alta Verapaz registra una incidencia de pobreza del 90.3% y Chiquimula del 59.6%, mientras que datos del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) de SESAN muestran que municipios como Jocotán y Olopa presentan prevalencias de desnutrición crónica en menores de cinco años superiores al 70%. En San Cristóbal Verapaz y Tamahú (Alta Verapaz) las estimaciones de desnutrición crónica están entre el 60% y el 66%.
Como parte de su implementación a nivel nacional, el proyecto también se implementa en los departamentos del occidente del país, incluyendo San Marcos, Totonicapán, Quiché y Huehuetenango. Estas regiones registran niveles de desnutrición crónica en menores de cinco años por encima del promedio nacional, con prevalencias históricamente altas en departamentos del occidente como Totonicapán (70%), Quiché (69%), Huehuetenango (68%) y San Marcos (55%), según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015. En este contexto, se busca que los municipios de estos departamentos cuenten con herramientas técnicas y operativas para optimizar sus presupuestos, fortalecer los espacios de coordinación territorial y asegurar que el gasto público responda de forma más directa a las problemáticas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
Estas cifras reflejan brechas territoriales profundas que requieren respuestas integrales y reafirman la importancia de iniciativas y políticas que fortalezcan la planificación y la gestión del gasto público para mejorar la SAN, especialmente en los municipios y departamentos con índices altos de vulnerabilidad.
En este marco, el PNUD y UNICEF presentaron los principales componentes técnicos del proyecto, enfocados en el fortalecimiento de capacidades municipales en planificación y ejecución presupuestaria, la incorporación de presupuestos sensibles a la nutrición y la mejora de los mecanismos de coordinación con instituciones nacionales con el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
El proyecto también promueve el fortalecimiento de espacios de coordinación a nivel local, con las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) y a nivel departamental, a través d las Comisiones Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN), con el objetivo de asegurar que la inversión pública responda de manera más eficiente a las prioridades y necesidades específicas de cada territorio.
El proyecto es liderado territorialmente por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), implementado por el PNUD, con el apoyo en la implementación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el financiamiento de la Unión Europea en Guatemala.
A través de esta iniciativa, se espera avanzar hacia una gestión del gasto público más eficiente, transparente y orientada a resultados, contribuyendo a mejorar la atención de las familias que enfrentan inseguridad alimentaria y nutricional en los territorios priorizados.
