LocationsEvidencia desde los territorios para invertir mejor en la reducción de la pobreza y la malnutrición
7 de Septiembre de 2026
La reducción de la pobreza y la malnutrición continúa siendo uno de los principales desafíos para Guatemala. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023, el 56.0% de la población vive en situación de pobreza y el 16.2% en pobreza extrema. Por su parte, el Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala (IPM-Gt) estima que el 57.7% de la población experimenta privaciones simultáneas en educación, salud, vivienda y acceso a servicios básicos. A ello se suma que aproximadamente el 46% de los niños y niñas menores de cinco años presenta desnutrición crónica, con una incidencia especialmente relevante en territorios rurales e indígenas.
Estos desafíos muestran que reducir la pobreza y la malnutrición requiere respuestas públicas capaces de abordar de manera articulada las distintas privaciones que afectan el bienestar de los hogares. En este contexto, la generación y el uso de evidencia desde los territorios resultan fundamentales para comprender qué intervenciones están generando cambios, en qué condiciones y qué factores pueden fortalecer o limitar sus resultados.
Este enfoque forma parte del proyecto “Mejorar la calidad del gasto público en Seguridad Alimentaria y Nutrición”, liderado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN), financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala, con la colaboración de UNICEF Guatemala. El proyecto busca fortalecer la planificación y la gestión de las finanzas públicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), promoviendo una inversión más eficiente, transparente y orientada a resultados.
Desde esta perspectiva, mejorar la calidad del gasto público implica también reconocer que la pobreza y la malnutrición son fenómenos multidimensionales. Las condiciones de vivienda, el acceso a agua y servicios básicos, la salud, la educación, la protección social y las oportunidades económicas interactúan entre sí y condicionan las posibilidades de los hogares para mejorar de manera sostenible sus condiciones de vida.
Esta mirada integral converge con la Estrategia Intersectorial de Reducción de la Pobreza y Malnutrición “Mano a Mano”, liderada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la SESAN, que articula el trabajo de distintas instituciones públicas alrededor de una población objetivo común. La Estrategia busca que múltiples intervenciones lleguen de manera coordinada a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad para responder simultáneamente a diferentes dimensiones de la pobreza y la malnutrición.
En este marco, como parte de la asistencia técnica que el PNUD brinda para fortalecer la generación y el uso de evidencia que contribuya al monitoreo, la evaluación y la toma de decisiones de Mano a Mano, el Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala (OES-UVG), con acompañamiento técnico del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), desarrolló el Estudio cualitativo sobre la implementación y efectos percibidos de la Estrategia Mano a Mano.
La investigación permite comprender cómo se están implementando las intervenciones en los territorios, identificar los factores que facilitan o limitan su ejecución y conocer los cambios percibidos por las familias y comunidades. De esta manera, genera evidencia contextualizada que contribuye al seguimiento, la evaluación y el aprendizaje sobre la implementación de la Estrategia, aportando información para orientar su mejora continua y una toma de decisiones más informada.
Escuchar al territorio para comprender la implementación
El estudio recoge las experiencias y percepciones de 390 personas a través de grupos focales y entrevistas individuales. La investigación se desarrolló en 12 comunidades de seis municipios de Huehuetenango, Quiché y Chiquimula, seleccionados con base en criterios técnicos de vulnerabilidad, entre ellos altos niveles de pobreza y muy alta vulnerabilidad nutricional. Participaron hogares beneficiarios, líderes comunitarios y personal técnico e institucional vinculado con la implementación de Mano a Mano.
Los resultados muestran que las familias perciben beneficios concretos asociados con distintas intervenciones. Entre las más valoradas se encuentran la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento, el mejoramiento de viviendas, la instalación de estufas mejoradas y filtros de agua, la ampliación de programas de protección social y la entrega de insumos agrícolas. Según el estudio, estas acciones han contribuido, desde la percepción de las personas participantes, a mejorar las condiciones de habitabilidad, reducir la exposición al humo dentro del hogar, facilitar el acceso a agua para consumo humano, fortalecer la producción agrícola familiar y ampliar la capacidad de los hogares para atender necesidades básicas.
Esta evidencia resulta relevante no solo para la agenda de SAN, sino también para la reducción de la pobreza multidimensional, porque permite comprender cómo intervenciones en diferentes ámbitos del bienestar pueden converger sobre los mismos hogares. El estudio muestra así el valor de avanzar desde respuestas sectoriales aisladas hacia una mayor articulación entre instituciones, programas y servicios alrededor de las necesidades de la población.
Más allá de los bienes y servicios entregados, uno de los hallazgos relevantes es que las diferencias entre las comunidades clasificadas como ejemplares y aquellas consideradas en riesgo no responden principalmente a diferencias socioeconómicas preexistentes. El análisis identifica factores relacionados con la gobernanza local, como la calidad del liderazgo comunitario, la confianza entre actores y la capacidad organizativa de las comunidades, como elementos importantes para el éxito de la implementación.
Estos hallazgos refuerzan la importancia de la gobernanza territorial para sostener los resultados de las intervenciones. La disponibilidad de recursos es necesaria, pero su efectividad también está vinculada con la capacidad de las instituciones, los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias y los liderazgos territoriales para coordinarse, generar confianza, facilitar la participación y promover la apropiación de las intervenciones en cada comunidad.
El estudio también señala que las familias valoran una mayor presencia institucional en comunidades que históricamente habían tenido escasa relación con el Estado. Asimismo, identifica al Registro Social de Hogares (RSH) como un instrumento que ha contribuido a fortalecer la legitimidad de los procesos de focalización. Beneficiarios y personal técnico perciben que la identificación de hogares responde en mayor medida a criterios objetivos y transparentes, reduciendo espacios para la discrecionalidad en los programas de inversión social.
Esta dimensión es especialmente relevante para la calidad del gasto público. Contar con mecanismos de focalización sustentados en información objetiva y verificable puede contribuir a mejorar la asignación de los recursos y favorecer que lleguen a los grupos con mayores niveles de vulnerabilidad, al tiempo que fortalece la confianza de la población en las instituciones.
La evidencia generada también muestra la importancia del cambio social y de comportamiento para la sostenibilidad de los resultados. De acuerdo con el estudio, las intervenciones orientadas a modificar prácticas y comportamientos tienen mayores posibilidades de generar cambios duraderos cuando la entrega de bienes o insumos se acompaña de procesos de fortalecimiento de capacidades, sensibilización y seguimiento. Esta combinación favorece la apropiación de conocimientos y prácticas en los hogares y comunidades y contribuye a sostener los resultados de las intervenciones en el tiempo
Evidencia para mejorar la inversión pública y reducir brechas
La investigación también identifica desafíos para consolidar estos avances. Entre ellos se encuentran las limitaciones de personal y recursos para el seguimiento territorial, las dificultades de coordinación entre instituciones con mandatos y ritmos de trabajo diferentes, las brechas en la cobertura del RSH y las condiciones propias de algunos territorios, particularmente los problemas de abastecimiento de agua y el difícil acceso a comunidades remotas.
Frente a estos retos, las lecciones del estudio refuerzan la importancia de una respuesta integral sustentada en evidencia. Los mecanismos de focalización y priorización basados en información confiable, la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la gobernanza territorial y la participación de los actores locales pueden contribuir tanto a mejorar la eficiencia de la inversión pública como a fortalecer la sostenibilidad de sus resultados.
Desde la perspectiva de reducción de la pobreza, el estudio también plantea la necesidad de fortalecer la dimensión de desarrollo económico, complementando las intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida con acciones que promuevan la generación de ingresos, el empleo local y el fortalecimiento de las capacidades productivas de los hogares. Esto permitiría avanzar desde la atención de privaciones inmediatas hacia la generación de capacidades y oportunidades que favorezcan mejoras sostenibles en el bienestar de las familias.
Para el PNUD, fortalecer la generación y el uso de evidencia en la planificación y la gestión pública es fundamental para avanzar hacia una inversión más eficiente, equitativa y centrada en las personas. Comprender cómo funcionan las intervenciones en los territorios, qué condiciones favorecen sus resultados y dónde persisten brechas permite orientar mejor las decisiones públicas y fortalecer las capacidades institucionales y territoriales para responder a la pobreza y la malnutrición.
Invertir mejor implica también aprender de la implementación y utilizar la evidencia para ajustar las intervenciones, fortalecer la articulación institucional y territorial, promover cambios sostenibles en las prácticas y procurar que los recursos públicos se traduzcan en mejores condiciones de vida para las personas.
Conoce más sobre la Iniciativa Intersectorial Mano a Mano
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