Asimismo, el Programa acompañó la creación y actualización de siete instrumentos de política pública, incluyendo Planes de Desarrollo Humano Local, políticas de movilidad humana, planes cantonales de seguridad y planes de gobernanza comunitaria de sostenibilidad. Estas acciones permitieron fortalecer la toma de decisiones, mejorar la coordinación institucional y avanzar hacia un desarrollo local basado en derechos, con mecanismos de gobernanza participativa y procesos que promueven la inclusión y la participación activa de las comunidades.

La creación de once obras de infraestructura (incluyendo el Centro Comunitario de Paz y Diálogo en Santa Fe y la revitalización del embarcadero en Los Chiles Centro) ha generado espacios seguros que facilitan el encuentro, el diálogo y la participación de personas nacionales, refugiadas y migrantes, contribuyendo a desescalar tensiones, promover la construcción de comunidad y consolidar procesos de toma de decisiones más inclusivas, donde todas las voces cuentan por igual.

La seguridad humana fue un componente central. Se creó el Sistema de Monitoreo y Detección de Riesgos (SIMODER), junto con 86 indicadores comunitarios, dos protocolos municipales y dos plataformas ciudadanas, que permiten anticipar y responder a riesgos de manera más efectiva. La implementación de la metodología de Policía de Proximidad y el fortalecimiento de la Academia Nacional de Policía consolidaron un modelo de seguridad más cercano a las comunidades.

En materia de prevención de violencias, se elaboraron cuatro planes comunitarios, beneficiando a 591 mujeres que fortalecieron su autonomía y sus capacidades. Las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) elevaron su capacidad técnica en un 89,7%, consolidando su rol como actor clave en la atención y prevención de la violencia.

Uno de los aportes innovadores más significativos fue la implementación de Casa Club Viajera, el primer espacio de cuido móvil integrado a un Programa Conjunto. Este mecanismo garantizó la participación plena de las personas cuidadoras, permitiendo que niñas, niños y juventudes contaran con un entorno seguro, recreativo y protegido mientras sus familias asistían a talleres, formaciones y actividades comunitarias.

El liderazgo local también tuvo un papel esencial: 470 personas, incluyendo juventudes y liderazgos comunitarios, participaron en procesos de formación en diálogo y convivencia; el 91% mejoró sus conocimientos. Este proceso derivó en 11 acuerdos comunitarios y 11 proyectos locales que fortalecieron espacios públicos, rutas seguras y entornos de encuentro y cohesión.

“Los resultados presentados hoy reflejan un impacto profundo y duradero en la Zona Norte: instituciones más preparadas, comunidades más cohesionadas y miles de personas que hoy cuentan con mejores herramientas para prevenir la violencia y construir convivencia. Este Programa demuestra que, cuando se trabaja junto a los territorios, el cambio no solo es posible, sino sostenible”, señaló la coordinadora residente de Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Baiocchi.

Una iniciativa construida desde y para los territorios 

Su enfoque interinstitucional y participativo permitió que cada comunidad aportara su experiencia y visión, construyendo soluciones adaptadas a su realidad. Este modelo de intervención reforzó la cohesión social y promovió la integración entre población local, migrante y refugiada.