Este informe muestra que, si bien la paridad de género obligó a las organizaciones políticas a nominar un igual número de mujeres y hombres como candidatas/os a la Convención Constitucional, se siguen observando prácticas y reglas informales discriminatorias contra las mujeres en procesos electorales. Entre ellas destacan cuestionamientos sexistas, tanto desde las organizaciones políticas como del electorado, a las capacidades de las candidatas para enfrentar con éxito la candidatura y el cargo al que postulan; dificultades para compatibilizar las actividades de campaña y las responsabilidades de cuidado que recaen principalmente en ellas; y la falta de recursos monetarios para competir en igualdad de condiciones con los hombres, entre otras. Así, si bien los mecanismos institucionales de paridad de género son necesarios para avanzar en mayor representación política de las mujeres, estos no son suficientes a la hora de eliminar otras prácticas discriminatorias que obstaculizan la participación política de las mujeres en los cargos de representación popular en particular y en la esfera pública en general.