Las mesas de diálogo son espacios organizados de encuentro y conversación que reúnen a personas, comunidades, organizaciones, autoridades e instituciones para intercambiar puntos de vista, identificar desafíos comunes y construir acuerdos orientados a mejorar la convivencia y el desarrollo de sus territorios.

En este sentido, el proyecto Comunidades para la Paz y el Desarrollo Honduras contempla la instalación de tres mesas de diálogo y un Mecanismo Especial para fortalecer la gestión de conflictos socioambientales relacionados con la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) de oro y para minería a gran escala respectivamente en sus zonas de intervención.  

Las mesas se establecerán en Quimistán (Santa Bárbara), El Corpus (Choluteca) y Danlí (El Paraíso), mientras que el Mecanismo Especial funcionará en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, ubicado en el departamento de Colón en vista que la conflictividad ha sido priorizada desde el nivel central para establecer un espacio permanente de concertación para abordar, de manera preventiva y participativa, los conflictos socioambientales vinculados a las actividades extractivas, fortaleciendo la gobernanza territorial y la construcción de acuerdos entre los distintos actores del territorio.

Comunidades para la Paz y el Desarrollo Honduras es una iniciativa financiada por el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés) e implementada conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres y la organización Trócaire.

Recientemente, el proyecto construyó la hoja de ruta desde el nivel central para la instalación de estas instancias de articulación multiactor en los territorios, las cuales incorporan una perspectiva de género y juventudes. En ellas participarán representantes de las comunidades, gobiernos municipales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres, juventudes y otros actores vinculados a los territorios priorizados. Además, contarán con la participación y el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH).

“La SEDH tiene el mandato de rectorar al Estado en materia de políticas públicas referentes a derechos humanos, por lo que para nosotros es de especial interés participar en estos espacios para gestionar la conflictividad social desde un enfoque basado en derechos humanos. Estaremos brindando soporte técnico y articulando esfuerzos con otras instituciones del Estado”

Gina Lagos Martínez | Directora de Gestión Preventiva del Riesgo a Violaciones a DDHH y de la Conflictividad Social de la SEDH.

Origen de los conflictos  

En lo que respecta a la MAPE de oro, las investigaciones de línea de base realizadas por el equipo técnico del proyecto han identificado que los conflictos en estos territorios están asociados a la informalidad de la actividad, al carecer de permisos estatales de licenciamiento ambiental, de pequeña minería, así como de permisos municipales. También hay vacíos legales y de procedimientos para los procesos de consulta, socialización y veeduría social para el desarrollo de los proyectos mineros.  

Por otra parte, las investigaciones identifican la necesidad de fortalecer los procesos de prevención y transformación de conflictos a nivel local y nacional. A ello se suman las desigualdades de género, los impactos diferenciados en las juventudes y la pérdida o deterioro de los recursos naturales que sostienen la vida y las actividades productivas en las zonas con desarrollo minero.

“Establecer capacidades para la prevención de conflictos desde el nivel territorial junto a las comunidades y anclar estos esfuerzos en la arquitectura institucional es fundamental. Vincular a la SEDH en este proceso es clave porque ayuda a garantizar que los avances promovidos por el proyecto continúen más allá de su duración específica”

Elena Cálix | coordinadora del Secretariado del PBF.

Estas plataformas buscan transformar desacuerdos y tensiones en oportunidades de diálogo y construcción conjunta de soluciones.

Una gobernanza más participativa  

Las plataformas de diálogo que serán instaladas buscarán contribuir a la construcción de paz mediante la creación de espacios seguros donde las distintas voces puedan ser escuchadas. Además, ayudarán a prevenir y transformar conflictos antes de que escalen, al tiempo que fortalecerán la confianza entre comunidades, autoridades y otros actores.

Estas instancias fortalecerán la participación ciudadana en la toma de decisiones al facilitar la construcción de consensos y acuerdos sobre temas de interés común. También favorecerán la inclusión de grupos que tradicionalmente han tenido menor participación, como las mujeres y las juventudes, y contribuirán al fortalecimiento de la cohesión social y la convivencia pacífica.

“Como próximos pasos, se avanzará en la formalización de la cooperación con la Secretaría de Derechos Humanos para acompañar la implementación de cuatro mesas de diálogo. Se iniciará en Quimistán y Danlí durante el tercer trimestre de 2026 y, posteriormente, en 2027, en El Corpus y el Bajo Aguán”.

Pablo Rodríguez | coordinador nacional del proyecto por PNUD Honduras.

Estas mesas se consolidarán en 2027 mediante su articulación con las estructuras territoriales existentes como las mesas departamentales, promoviendo la participación de mujeres, juventudes y sociedad civil, así como la definición de hojas de ruta para la formalización de la MAPE, que servirán como base para procesos de veeduría social y sostenibilidad más allá de la duración del proyecto.